La clase política hondureña ha desfigurado y desvirtuado la democracia como régimen político que permite el desarrollo pacífico de las transformaciones sociales e institucionales con el fin de alcanzar el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social que ordena el artículo 1 de la Constitución.

La corrupción que ha saqueado al Seguro Social es un trágico ejemplo de ello pero también es una muestra de la precariedad de una institucionalidad que se ha convertido en cómplice de la impunidad de los corruptos.

Por tal razón, el espacio público es un ámbito legítimo para canalizar la indignación ciudadana mediante el ejercicio colectivo de la libertad de expresión concretado en la manifestación pública y pacífica.

Las marchas de la dignidad o de las antorchas constituyen una muestra categórica de una dimensión más directa de la democracia que se desarrolla paralelamente a la fallida dimensión institucional y representativa, y permiten que el debate político sobre la corrupción e impunidad salga de las paredes hediondas y oscuras del Congreso Nacional.

Por ello es necesario profundizar la presión y crítica pública de quienes estamos indignados e indignadas, puesto que el silencio e indiferencia que tradicionalmente nos ha caracterizado como sociedad, ha permitido que la democracia se transforme en oligarquía.

Pero también es imperativo que la presión en las calles se transforme en una hoja de ruta que establezca claramente el camino a seguir, no solamente para exigir la renuncia de todos los corruptos y corruptas, desde el presidente Hernández para abajo, sino también para resetear todo el sistema que provoca exclusión, autoritarismo, pobreza, violencia y desigualdad.

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