El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo pública la orden de relevo y designación del teniente que iba al mando del 102 Batallón de Infantería que realizó el operativo en la bodega El Limón, en Tlatlaya, estado de México, donde fueron ejecutados extrajudicialmente entre ocho (PGR) o 12 y 15 (CNDH) civiles de los 22 que murieron en el presunto enfrentamiento, y demostró que los soldados tenían la orden expresa de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

El Pro hizo la trascendente revelación el jueves 2, al cumplirse el primer aniversario de la matanza que tanto perjudicó a la de por sí lastimada imagen del Ejército, sobre todo a partir de las atrocidades cometidas en la guerra contra el narcotráfico, ordenada por Felipe Calderón para legitimarse en el cargo de presidente y que para millones de electores nunca ganó, pero en el que las fuerzas armadas lo apuntalaron.

La orden dirigida al 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, encabezado por el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, junto con otros documentos fueron obtenidos mediante “un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense”, informó Mario Patrón Sánchez, director del Centro Pro.

El que para algunos colegas dados a las geometrías ideológicas y políticas en tiempos del neoliberalismo realmente dominante, es un organismo “de derecha”, exigió investigar la responsabilidad institucional del Ejército que “se inicia con los militares directamente involucrados en las ejecuciones extrajudiciales”, pero que “llega al mismo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos”. De ese tamaño. ¿Imagínese usted si el Pro fuera “de izquierda”?

Por supuesto que la respuesta de la Sedena fue inmediata y dejó en claro que el documento mencionado por el director del Centro Pro contiene 38 indicaciones, entre ellas que “las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos”. Y Patrón Sánchez sólo dio a conocer una, lo cual reconoció que así fue, porque las 37 indicaciones omitidas “forman parte de un anexo”.

“Anexo” o no, además de que “abatir” no es sinónimo de matar como bien arguye el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el señor que trabajó para Elba Esther Gordillo como candidato presidencial en 2006, el problema de Tlatlaya tiene rezagos en la investigación, tantos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República no coinciden en el número de ejecutados extrajudicialmente.

Por su parte, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, instó a las autoridades a considerar las nuevas evidencias, avanzar en la investigación y sostuvo que las órdenes a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley “nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser en lo mínimo”.

Para la vocera de Amnistía Internacional, Ericka Guevara-Rosas, es fundamental que Enrique Peña Nieto formule “una condena de este acto y haga un compromiso con los derechos humanos, ordenando una inmediata investigación independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno”.

En tanto, las ONG favorecidas desde Los Pinos, tendrán nuevo material para todo reducirlo a una conjura del magnate Georges Soros contra México y su gobierno.

Utopía 1554

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