El sentido común afirma que las leyes son consecuencia de voluntades, consensos y pactos sociales. También lo dicen la teoría política y los principios del buen gobierno, invocados recurrentemente por Edelberto Torres Rivas y otros analistas y políticos. Pero en Guatemala gobierna el contrasentido y la falta de inteligencia: las leyes no nos permiten hacer los cambios a leyes que no sirven.

Se argumentan soluciones legalistas y formales para problemas profundamente políticos: la Constitución y la necesidad de estabilidad institucional evitan la destitución de un Presidente corrupto y criminal, operador de sus propios intereses; la ley electoral o las decisiones del Congreso y el Tribunal Supremo Electoral ignoran la voluntad ciudadana de aplazar las elecciones y votar según nuevas normas, que recuperen, amplíen y profundicen la democracia.

Los actores de poder, al aferrarse a formalismos y legalismos, polarizan posiciones y actúan como si nada estuviera pasando. Diputados, gobierno, empresarios, parte relevante de la comunidad internacional, se encierran en sus discursos excluyentes y su lógica de reproducción endogámica (que funcionó hasta ayer) ignorando la crisis estructural y la inaplazabilidad de los cambios.

¿Se enteraron -señores diputados, ministros, embajadores, empresarios- que estamos en crisis, que esta crisis no es solo de gobierno, de partidos o de personas, y que por tanto no se resuelve con estos actores y este marco legal? ¿Ya saben que al oponer la estabilidad institucional y el cumplimiento de la ley a las demandas sociales, están provocando mayor indignación y profundizan la crisis, que no encuentra soluciones ni rutas claras de salida? ¿No han pensado que es inaceptable que la crisis actual se conduzca bajo la tutela mediocre y cínica del actual Presidente y sus aliados?

El espejismo de la institucionalidad

Los defensores de la ley y temerosos de los cambios afirman que la reducción de la participación en las movilizaciones de los sábados equivale a un debilitamiento de las demandas y al control de daños: el Presidente puede estar tranquilo, los diputados serán reelectos normalmente y el sistema salva con costos mínimos la crisis más visible de los últimos 30 años.

Cálculos demasiado ingenuos o voluntariamente perversos justifican la reticencia a los cambios y el enquistamiento de poderes. Pero el ejercicio del poder el día de hoy, inicios de julio de 2015, se asemeja a un espejismo: es diferente lo que se quiere ver a lo que en realidad sucede.

Espejismo. El Presidente Pérez Molina no será removido ni juzgado. 

Realidad. La profundización de investigaciones (Aeronáutica Civil, Vicepresidenta y otras muchas) y el descontento social hacia Pérez Molina como símbolo de un Estado criminal y construido a espaldas de las demandas sociales, indican el deterioro de la figura presidencial, hacia su caída definitiva: mañana, el otro mes o el 15 de enero de 2016.

Espejismo. La finalización del periodo de inscripción de candidatos (7 de julio) y el mantenimiento de las fechas electorales (6 de septiembre) contienen la crisis y estabilizan el sistema partidario-electoral.

Realidad. Las demandas y el descontento ciudadano contra diputados actuales y candidatos se van a generalizar, varios de los candidatos serán sometidos a juicio (antes y después del 6 de septiembre) y crecerá la presión social para el enjuiciamiento de los restantes. En estas condiciones, el próximo Congreso nace débil y deslegitimado y será sometido a auditoría y escrutinio social permanentes.

Espejismo. El futuro está escrito por los escribanos de siempre, nacionales e internacionales.

Realidad. Una dinámica de imprevisibilidad (inestabilidad por la profundidad de la crisis, la disputa/reacomodo de elites y las movilizaciones sociales) abre escenarios diversos en esta crisis.

Espejismo. El movimiento social está en retroceso y derrotado, lo que facilita el control y salida de la crisis.

Realidad. Percibimos desde el 16 de abril –en la plaza y fuera de ella- rearticulaciones sociales, incorporación de nuevos actores, profundización de debates y conciencia política, movilizaciones en lugares donde tradicionalmente no existían, irrupción festiva de jóvenes como nuevos sujetos políticos, capacidad de generar propuestas que articulan lo inmediato con lo estructural. Mientras los actores de poder analizan la coyuntura bajo la lógica de la continuidad, las movilizaciones apuntan a rupturas que tarde o temprano se concretarán en cambios institucionales. La cuantificación de las personas presentes en la plaza central de Guatemala capital no puede ser la medida de nuestras derrotas o avances.

Espejismo. Se asume que Pérez Molina (desfalcador del Estado y nuestra dignidad) impondrá la banda presidencial a su sucesor el 14 de enero de 2016; que decenas de diputados a punto de ser llevados a juicio sigan tomando decisiones clave y sean reelectos; que no conozcamos a los empresarios defraudadores; que la crisis se salde con cambios mínimos.

Realidad. Escuchamos por ahí que esto (las nuevas movilizaciones vinculadas con luchas históricas) apenas empieza.

Nuevas movilizaciones: multiplicar los sentidos de la plaza 

La resistencia a los cambios incrementa la tensión y las indignaciones, al tiempo que hace necesarias nuevas formas de movilización y acción social.

Una de estas líneas de acción tiene que ver con la capacidad de profundizar y ampliar las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con el objetivo de limpiar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y obligar a su renovación de hecho. Esta no es tarea única del sistema de justicia, sujeto a imponderables, agendas y tiempos propios.

Igual sucede con el Presidente y otros actores: si no existe capacidad política de conducir un juicio contra el coordinador de la Línea y el desfalco en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al tiempo presidente del Ejecutivo y jefe de La 2, es tarea de los ciudadanos impulsar estos juicios (en la línea de los recientes procesos impulsados por el diputado Amílcar Pop y el partido Movimiento Nueva República).

La investigación y denuncia de los actores políticos y económicos y sus redes de corrupción y criminalidad en los territorios; la cuantificación del costo social de la corrupción y la exigencia de que el dinero robado sea devuelto; la constitución de colectivos de afectados; la judicialización y separación de cualquier cargo público de los implicados (sean 8, 15, 22 o 158 diputados) constituye una ruta de demandas necesarias y al alcance de la población organizada.

Al tiempo, se fortalecen las acciones encaminadas a la transformación estructural del Estado (nuevas propuestas de leyes y nueva propuesta de Constitución Política/Pacto social) y se mantiene visible y multiplica la indignación en las plazas, entendidas éstas no solamente como espacio para la protesta y medida de la indignación, sino como lugares de encuentro, construcción colectiva, fomento de la conciencia política e identidad, articulación de esfuerzos.

Tender puentes es lo más necesario y complejo en este momento, porque nos enfrentamos a historias e identidades fragmentadas, a desconfianzas, imposiciones y agresiones.

Tender puentes entre lo (teóricamente) institucional y reformista, y lo teóricamente fuera del sistema y revolucionario. Pensemos que en el día de hoy algunas reformas pueden ser profundamente revolucionarias (Néstor Kohan a propósito de las revoluciones del sur, e Isabel Rauber) y que las revoluciones se construyen y prefiguran desde lo cotidiano (Antonio Gramsci).

Tender puentes entre la espontaneidad de muchas de las movilizaciones sociales y las necesarias conducciones. La espontaneidad y la pluralidad de las convocatorias y espacios de lucha genera conciencia e identidad colectiva y política, tan necesarias como estratégica transformadoras, porque el sentido de comunidad fue desplazado y es atacado por el neoliberalismo militar.

Tender puentes entre la fiesta y la lucha, ya que no hay lucha más revolucionaria (dice Benedetti y el movimiento feminista) que la defensa de la alegría, el goce y el placer.

Tender puentes entre los nuevos actores y la memoria histórica de las luchas y sus aportes, entre las nuevas movilizaciones ciudadanas y las territoriales (movimientos y organizaciones sociales) tan diversas como entrelazadas por el sentido de la unidad en la diversidad, el ejercicio y ampliación de los derechos y la democracia, la superación del miedo y la apatía, la búsqueda de nuevos acuerdos y pactos de convivencia social.

Estamos en una encrucijada, entre la continuación del autoritarismo y la exclusión y el espacio para imaginar y construir un país nuevo; entre un Estado construido para el negocio espurio y un sistema de leyes que solamente se activa cuando los intereses del poder empiezan a ser amenazados, y la necesidad de nuevas formas de entendernos y organizarnos. 

Por vez primera y en mucho tiempo, tenemos voz y capacidad de decisión para definir (no solamente para resistir) nuestro futuro. No va a suceder mecánicamente pero debemos crear la capacidad y las condiciones para lograrlo. 

5 de julio de 2015 

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