LVC denuncia que los procesos legislativos y de políticas internacionales, de decisión supuestamente democrática y ciudadana, están cada vez más dominados por los intereses de las grandes multinacionales y esto con la complicidad de la clase gobernante[1]. Además, se constata una creciente criminalización de los pueblos que luchan por sus derechos y una impunidad estructural respecto a los crímenes cometidos por esas mismas transnacionales.

A nivel internacional, regional, nacional y local observamos cada vez más que los marcos legislativos se diseñan, interpretan e implementan adaptándose a los intereses de las grandes empresas y empresas transnacionales, a pesar de la resistencia de los movimientos y organizaciones que abogan por otros caminos y por el bien colectivo. Esto se suma a una falta de transparencia hacia la sociedad civil.

Por ejemplo, los marcos comerciales internacionales con mecanismos de protección de inversiones y desregulación del comercio y de la producción y el abandono de criterios sociales y sanitarios que queda patente en los actuales TTIP, TPP, CETA, APEs y TISA responden a las solicitudes de las empresas transnacionales y no a los intereses de los pueblos.

Se crea también una confusión permanente entre el rol de las organizaciones que representan a la sociedad civil y el interés público y el papel de aquellos que defienden los intereses privados. Se trata a las multinacionales de la misma manera que organizaciones de la sociedad civil cuando en realidad no representan a nadie, sólo buscan el beneficio de sus accionistas. Así se reduce el espacio público.

También se crean y apoyan de manera activa entidades mixtas, mesas redondas o plataformas de múltiples actores compuestos por instituciones gubernamentales, organismos de investigación, donantes, ONG y organizaciones civiles donde la autonomía de los movimientos sociales no está garantizada y mucho menos apoyada. Estos espacios obligan a diluir las posiciones y ocultan las realidades en el terreno. Un ejemplo de ello sería la ILC (International Land Coalition), un organismo que ha contado con un aumento de fondos en los últimos años y que de manera oportunista se presenta como organismo de investigación, donante y representante de la sociedad civil y que, en realidad, trabaja para mitigar los efectos negativos del acaparamiento de tierras en lugar de acabar con el acaparamiento.

Como movimiento social de campesino/as, trabajadores agrícolas, sin-tierra y pueblos indígenas nos enfrentamos a una visión del mundo reductora y sumamente capitalista basada en paradigmas de crecimiento a cualquier precio, a un mercado que lo dirige y resuelve todo y a un desarrollo occidental impuesto.

Este modelo incluye la privatización y mercantilización de los bienes comunes y los derechos básicos, como el agua o la alimentación. Incluye el desdén hacia los movimientos sociales y el culto a la empresa como único actor “útil” de la sociedad. La caza del beneficio privado es el factor dominante en la toma decisiones y la visión del mundo. Se vende una visión patriarcal, capitalista, individualista y occidental del bienestar lo que nos lleva a la uniformidad en un mercado global.

En esta visión se reducen y consideran obsoletos tanto el papel como la responsabilidad de los Estados. Esto reduce la capacidad de incidencia y acción por parte de los actores de base.

Se crean nuevos mercados para, supuestamente, resolver los problemas que este mismo mercado ha creado. Un ejemplo sencillo de ello son los mercados de carbono (REDD) que han originado especulación, desahucios forzados de comunidades y más contaminación, en lugar de reducir las emisiones del carbono. Se venden soluciones tecnológicas, como los transgénicos y los fertilizantes, con una falta de análisis de los poderes e intereses activos y sin visión a largo plazo. Se crean mercados de problemas sociales, como los mercados de cadastro social de los afectados por represas. Aquí mencionamos los partenariados público-privados donde las empresas reemplazan a los Estados en construcciones opacas que solo benefician a estas mismas empresas. La tierra, el agua, las semillas y nuestros territorios, bienes comunes gestionados por las comunidades, se convierten en mercancías bajo el dictado del título de propiedad, el patentar la vida a través de las leyes de la tierra y semillas orquestadas, desposeyendo a las personas de sus derechos, garantes del futuro del planeta y de la humanidad.

Se llevan a cabo iniciativas con el pretexto de "la lucha contra el hambre en el mundo" con la complicidad de los países occidentales y con presión sobre muchos estados como la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutrición (Nasan) apoyada por el G8 o la Alianza para una Revolución verde en África (AGRA) que se integran insidiosamente en programas de desarrollo agrícola subregionales y nacionales para imponer un modelo occidental de  agricultura y la introducción de transgénicos, los productos prohibidos en los países y monopolizar sus recursos naturales como la tierra y el agua.

Existe una falta constante de soluciones estructurales y sostenibles, debido a la presión de mantener un status quo o el miedo a limitar los beneficios de unos pocos.

Vivimos un aumento de la criminalización de sindicalistas, medioambientalistas y campesinos y campesinas que luchan por sus derechos o los de la naturaleza. Solo en Honduras hay cientos de campesinos y campesinas procesados por defender sus derechos. La violencia contra los medioambientalistas se ha incrementado exponencialmente en los últimos años.[2]

Señalamos la importancia de abrir los espacios donde se debaten y adoptan normas internacionales a las organizaciones de base y de desarrollar mecanismos de consulta, transparencia, información y divulgación liderados por estos mismos movimientos. Aquí mencionamos la Declaración de derechos de los campesinos y personas trabajando en zonas rurales que se está desarrollando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como ejemplo positivo[3].

Necesitamos nuevos procesos de democratización participativos, transparentes desde la base, que nos permitan ejercer la soberanía del pueblo en el mundo de hoy y no lo opriman.

Necesitamos mecanismos internacionales, regionales, nacionales vinculantes para frenar los crímenes contra la humanidad por parte de las empresas transnacionales. En este sentido, damos la bienvenida a la iniciativa en el Consejo de DDHH que tiene como meta adoptar un Tratado vinculante para llevar a juicio las transnacionales y apoyamos la Campaña para desmantelar el poder corporativo[4].

Reconocemos que el rol de los Estados es de representar el interés de los pueblos.  Por lo tanto, el Estado tiene el deber de oponerse a toda política o tratado internacional que menoscabe los derechos humanos y su propia soberanía. Hace falta fortalecer la soberanía y responsabilidad de los Estados, no socavarla a nivel internacional.

Desde La Vía Campesina abogamos por la soberanía alimentaria como utopía insurgente a este sistema explotador. Construimos nuestras alternativas de manera solidaria todos los días desde abajo.

(Harare, 9 de julio 2015)

[1] https://www.tni.org/en/briefing/state-power-2014#infographics

[2]http://www.democracynow.org/2015/4/22/how_many_more_116_environmental_defenders

[3]  http://defendingpeasantrights.org/

[4] http://www.stopcorporateimpunity.org/