Resulta casi imposible eludir los titulares y contenidos sobre la crisis griega en la prensa occidental. No sólo europea, para la cual casi es el único tema, sino también en nuestra región. El filósofo francés Etienne Balibar lo justificaba de esta manera en el diario “Liberation”: “¿Por qué los franceses siguen los sucesivos episodios de la crisis griega con tanta pasión, como si se les fuera su propia suerte en ello? Porque así es (…) la actualidad de la política, su resistencia a la “gobernanza”, su capacidad de reconquistar el lugar que debe ocupar en una sociedad de hombres libres”. Sin embargo, la profusión de información y análisis se concentra con exclusividad sobre dos grandes problemáticas. En primer término, la naturaleza de las concesiones económicas del acuerdo, con sus consecuencias económicas y sociales. Y en segundo la crisis política al interior de Syriza y la recomposición de las alianzas de gobierno, derivada del primero. Es decir que todo converge hacia la discusión económica o bien hacia la estrechez del internismo político y el gobierno. Es casi imposible encontrar preocupaciones y reflexiones en torno a la expropiación de la soberanía decisional de los afectados por parte de castas políticas y tecnocráticas de toda laya, incluyendo a los representantes de Syriza. Dedicaré sólo dos párrafos a los primeros ejes, porque prefiero ceñir este artículo a la omisión señalada, al territorio analítico baldío.

El acuerdo es sencillamente draconiano tanto por las consecuencias sociales de un ajuste hacia la austeridad, con su consecuente profundización de la crisis recesiva, cuanto por la intromisión y sumisión que supone. No sólo no soluciona los padecimientos, sino que es la causa de ellos, ya que estas mismas medidas en diferente proporción son las que se aplicaron los últimos 5 años con las consecuencias sociales conocidas. La alternativa original de Syriza -reforzada por el No en el referéndum- era la reestructuración de la deuda permitiendo reducir el saldo de la balanza de pagos. Ni siquiera está contemplada esta posibilidad a corto plazo. Pero aún si se lograra en adelante, dadas las medidas recientemente pactadas, el balance concreto entre ganancias (por la posible reestructuración) y pérdidas (por la recesión) decidirá el resultado final de esa hipotética próxima negociación. Hasta el FMI ha resquebrajado la unidad de la Troika sosteniendo que el plan no es viable sin una quita. Pero aún así, en el mejor de los casos, dará con una mano lo que quita con la otra, prolongando en el tiempo –y agravando- el calvario social actual. Otros planes alternativos fueron expuestos a la opinión pública como el del ex ministro de economía Vaorufakis (con su tríptico de medidas) o el del economista belga Eric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), quien presidió el grupo de 30 expertos (15 griegos y 15 extranjeros) creado por la presidenta del parlamento griego para realizar una auditoría sobre la sostenibilidad de la deuda pública griega, que propone el retorno a un nuevo dracma, con devolución diferencial proporcional al atesoramiento.

La crisis política deviene del subrepticio cambio de correlación de fuerzas internas en relación a los acuerdos -o más bien imposiciones- suscriptos. El Sí obtuvo 229 votos contra 64 del No, con acuerdo del “Pasok”, de “To Potami” y de “Nueva Democracia”. Pero no sólo el síntoma es el acompañamiento de la derecha sino que al interior del grupo parlamentario de Syriza, sobre 149 electos, 110 votaron SI y 32 votaron NO, entre ellos 2 actuales ministros, 1 viceministra, un ex ministro y la presidenta del parlamento, a los que hay que añadir 6 abstenciones y 1 ausente, el 26% de la propia fuerza. Al no poder contar ya con el apoyo de la totalidad de Syriza (precisa además los 12 votos de su aliado “ANEL” para asegurarse la mayoría), Tsipras se ha tenido que apoyar en los partidos del régimen y el ajuste. No debe sorprender por tanto el cambio de 10 de los 13 ministros y el posible incremento de las tensiones. Todo parece indicar que aún bajo el liderazgo de Tsipras, se configurará otro tipo de gobierno con otro tipo de programa.

Abstrayendo todos los detalles de cada una de estas esferas de la crisis, las discusiones y análisis se concentran en la conveniencia o inconveniencia de haber aceptado el acuerdo que las máximas autoridades griegas han suscripto con la troika. Indudablemente es uno de los debates más estimulantes de los últimos tiempos, pero hay un interrogante previo (y posterior discusión) velado, encubierto tras los estallidos, estampidas y reconfiguraciones. ¿Qué legitimidad tienen los legisladores griegos para autorizar un nuevo acuerdo? La tesis que intento sostener es que ya antes de la crisis económica que se profundiza y la crisis política que se despliega, hay una crisis de legitimidad. Es indispensable repasar la vertiginosa secuencia última de los acontecimientos. Tras 5 meses de negociaciones prácticamente infructuosas, se llega a una propuesta con formato de ultimátum por parte de la troika sobre la que es consultada de manera directa la ciudadanía, o en otros términos, la fracción del pueblo que goza de derechos políticos, una enorme proporción de los afectados por aquello sometido a consulta, ya que pueblo y ciudadanía hacen abstracción de la estratificación social. Con el resultado de la mayoría helena (adverso a la propuesta europea que promovía el Sí con los bancos, los grandes medios de comunicación, las derechas políticas y las oligarquías locales) el parlamento autoriza al poder ejecutivo (munido ahora de la fuerza y legitimidad de la opinión popular mayoritaria sin sombras de duda ya que la consulta fue directa) a retornar a la mesa de negociación para obtener una proposición superadora. Una vez obtenida, y cualquiera sea la opinión respecto al carácter de tal nueva propuesta, el parlamento toma la decisión de aprobarla y dar comienzo a su implementación.

Obviamente los parlamentarios griegos cuentan con todo el derecho a opinar al respecto, tanto como los dirigentes y cualquier ciudadano. Y no sólo ellos sino cualquier ser humano, ya que los juicios de la historia no le pertenecen sólo a los protagonistas directos. Todos tenemos derecho a opinar sobre los problemas que nos conciten atención. Pero no todos a decidir sobre cuestiones que afecten exclusivamente a terceros. ¿Para qué convocó el parlamento a referéndum en reñida votación si no es porque su mayoría considera que es la ciudadanía, afectada por las decisiones, la que debe adoptarlas? Si esa fue la concepción político-institucional que consideró esa mayoría (178 votos de Syriza con sus aliados y el utraderechista “Amanecer dorado” contra 151 votos del Pasok, Nueva Democracia y To Potami sobre 298 diputados presentes) ¿qué ha cambiado ahora para desecharla arrogándose el derecho a decidir por la totalidad de los ciudadanos griegos? Y a la socialdemocracia del Pasok particularmente, debería preguntársele también por qué ahora le pareció imprudente convocar a un referéndum, cuando en 2011 apoyó una iniciativa similar del entonces primer ministro socialista Papandreu, finalmente abortada por el chantaje de Sarkozy y Merkel.

El gobierno, conocidos los resultados, tiene derecho a auscultar la posición de los derrotados y sugerirles la realización de una contrapropuesta. Inclusive exponer su punto de vista, sea o no favorable a la aceptación de lo propuesto y a redactar los borradores que crea conveniente someter a debate y consultar sobre ellos. La pregunta es a quién. Al hacerlo al parlamento, le otorga postestad decisional sobre algo que mereció oportunamente la cesión de ella cuando esa misma cuestión de fondo, ahora modificada, fue motivo de consulta popular. El referéndum pasado surgió del seno del poder representante constituido, el que ahora elude el mismo dispositivo institucional que antes celebró. Cualquiera hubiera sido la decisión adoptada es ilegítima. Una verdadera estafa a la confianza y voluntad popular. Al ciudadano su soberanía le fue expropiada, y encima, no precisamente en este caso para ahorrarle padecimientos. Obviamente el mecanismo implementado es legal en la medida en que  resulta constitucional. Pero justamente las constituciones que denomino liberal-fiduciarias, o simplemente burguesas, fueron concebidas para la expropiación de la capacidad decisional de la ciudadanía en manos de castas profesionales, tecnocracias y poderes fácticos. Y no sólo de derecha. No puede sin embargo tacharse de incoherente al Pasok y ND, ya que habiendo votado en contra de la convocatoria al referéndum lo hace ahora a favor del acuerdo. Se conciben a sí mismos decisores sin ambages.

La tragedia como género nació en Grecia gracias al genio de exponentes como Sófocles o Esquilo, donde el héroe trágico vive en permanente combate aunque resulte finalmente derrotado. Sin embargo Nietzche sostiene que a partir de Eurípides irrumpió en el escenario de la tragedia el hombre de la vida cotidiana, con sus pequeñas miserias y especulaciones, haciendo de la tragedia una posibilidad de mero oportunismo utilitario resignado.

Tal vez Tsipras sea el protagonista de esta nueva versión contemporánea.

- Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar  Editorial del Diario La República, domingo 19/7/15