Solicitada desde que Enrique Peña Nieto gobernaba el estado de México y buena parte de su esfuerzo y de los recursos públicos los destinaba a conseguir la candidatura del Revolucionario para despachar en Los Pinos, la Alerta de Violencia de Género fue emitida por los funcionario que hace ocho años la negaban bajo el argumento de que se “usaba para atacar a los gobiernos estatales”.

Lo reiteró el pasado fin de semana el secretario de Gobernación con singular franqueza, o si usted prefiere cinismo, quien como cabeza de sector está obligado a decretarla, de acuerdo con el Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mismo que ordenó el 28 de julio la procedencia de la alerta para 11 municipios del estado de México, entidad que desde 2010 es señalada como un “foco rojo” por organizaciones y miles de familiares de las víctimas.

Tras cinco años de movilizaciones sociales, exigencias ciudadanas, llamados internacionales, cambios legislativos y sentencias judiciales para detener la violencia contra las mujeres, el Sistema Nacional sesionó para conocer el informe sobre violencia feminicida que se elaboró en la entidad –ordenado por mandato judicial desde 2013–, y votar la procedencia de la Alerta en 11 municipios, tal y como lo había solicitado el gobernador Eruviel Ávila, el de las “chapitas” (dice Brozo), el 7 de julio.

Desde su creación en 2007, el Sistema Nacional reconoció por vez primera que la alerta está diseñada para detener la violencia feminicida, y no “para atacar a los gobiernos estatales”, por lo que la decretó y tendrá medidas urgentes en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Los gobiernos mexiquenses de Peña Nieto y Ávila Villegas, antes alcalde de Ecatepec, acumulan 70 por ciento de impunidad en los casos de feminicidio. La representante de ONU-Mujeres en México, estima que uno de los factores que ha permitido que la violencia contra las mujeres se incremente es “el silencio de las autoridades”. Incluso existen proyecciones de organismos y estudiosos del caro tema de la gravísima violencia de género, que cuantifican en cientos las vidas de mujeres, adolescentes (de 15-17 años) y adultas, que no estarían en condiciones de desaparecidas o asesinadas si la estrechez intelectual de los gobernantes viera un poco más allá de la inmediatez política o politiquera.

Aparte de las cuentas alegres que hace José Manzur, secretario de Gobierno del estado (el que dice “Trabajar en Grande”), sobre la existencia de “un plan de acción estratégico” para asegurar los derechos de las mujeres y acatar la alerta, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ubica en 922 los casos, razón por la cual presentó la primer solicitud de AVG en 2010.

La respuesta del gobierno de Eruviel Ávila consistía en justificar –con el auxilio pagado de Televisa– su incompetencia ante la violencia feminicida con sus más de 16 millones de habitantes, por lo que exigía y no sin razón que se cuantificaran los crímenes por cada 100 mil habitantes, como es la medición internacional.

Puede argüirse que la violencia feminicida que distingue a la entidad mexiquense rebasa a los 11 municipios en que se decretó la alerta. Pero este primer paso es sumamente importante para ingresar a un círculo virtuoso en que la impunidad criminal pase a ser abatida (no en términos militares), y otras solicitudes de Alerta de Violencia de Género negadas en Guanajuato, Morelos, Baja California, Colima, Sonora e Hidalgo, sean decretadas pronta y eficazmente.

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