San Juan, Puerto Rico, 3 de agosto de 2015 (NCM) – La crisis de Puerto Rico ha estado siendo observada por parte de una entidad que cuenta con cinco generales y dos almirantes retirados, y de una institución superior de formación militar, que hacen advertencias contra las acciones políticas y económicas de Estados Unidos que están arruinando esta colonia.

En ambos casos –el America Security Project y el Army War College- los artículos que se han publicado no representan la posición oficial de las entidades, pero no se les impusieron  mayores restricciones.

Sin embargo y a pesar de que el Gobierno de Puerto Rico ha estado utilizando de asesores a personas y entidades ligadas históricamente al Departamento de la Defensa y a inteligencia militar para tratar de superar la crisis, el punto de vista de la experiencia castrense no forma parte de la discusión pública en esta pequeña nación isleña. La ausencia de ese aspecto del tema de la crisis contrasta también con el hecho de que el propio Palacio de Santa Catalina preparó hace un año un compendio de documentos sobre la economía de Puerto Rico como un problema de seguridad nacional de EEUU, entre los que tiene mucha prominencia el del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Una fuente del propio Palacio entregó copia del compendio a NCM Noticias, aunque no es un expediente que agota todos los informes que se han producido.

Entre los que no aparecen está el publicado en marzo pasado por el ASP, entidad que en su junta de directores tiene los generales retirados Stephen A Cheney y Daniel Christman, del Ejército, John Castelaw, de la Infantería de Marina, Lester Lyles, de la Fuerza Aérea, y la mujer que ha logrado el rango más alto en las fuerzas armadas, la teniente general Claudia Kennedy, también del Ejército. El almirante William Fallon y el vicealmirante Lee Gunn, también retirados y de la Armada, completan el grupo.

El artículo, preparado por el analista Dante Disparte y el ex oficial de un batallón de misiles Patriot Luke Lorenz dice que “sin la capacidad para maniobrar, Puerto Rico puede estar en ruta de colisión económica” y que si eso ocurre puede desatar no sólo una crisis del mercado de bonos municipales de EEUU, sino afectar “el sentimiento internacional y la confianza en la economía estadounidense”. En análisis hace un llamado urgente a la acción para atender la crisis porque si la isla queda sola y vapuleada por la “catástrofe fiscal, puede llegar a ser una preocupación sustancial para la seguridad nacional de EEUU”.

Ya Disparte había publicado otro análisis en el que advertía que uno de los aspectos graves del caso de Puerto Rico es el problema del monopolio estatal de electricidad, en momentos en que para EEUU el problema energético del Caribe es una prioridad, todo lo cual presenta “una serie de amenazas insidiosas para la región y la seguridad estadounidense”.

El otro documento de referencia es una monografía escrita, en 2012, por el teniente coronel Ricardo Javier, para el Colegio de Guerra del Ejército. El teniente coronel Javier comenzó con una aguda mención de Maquiavelo en la que se señala que los tres caminos que tiene el Príncipe para retener los países conquistados son arruinarlos, mudar su principado a ellos o convertirlos en tributarios con una elite propia que los mantenga subyugados.

Luego de la invasión de Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana, EEUU comenzó por arruinar el país con una transacción financiera que despojó de la riqueza a la clase criolla mediante la devaluación de la moneda con respecto al dólar, a lo que siguió tratar de transportar al país una clase dirigente y, finalmente, dejó la administración a la elite sumisa, que se encargó de proveer la lealtad general de la población.

Ya para 2012, cuando escribió el teniente coronel Javier, comenzaba a llegar a Puerto Rico una nueva elite conocida como “buitres”, el modelo autonómico se consumía rápidamente y había comenzado un nuevo proceso financiero para arruinar el país. Pero el teniente coronel Javier, en su estudio estratégico, no recomendó una repetición del ciclo, sino que se iniciase un proceso descolonizador.

De los pocos entre la dirigencia política puertorriqueña que da muestras de estar al tanto de las consideraciones geopolíticas y militares de la situación es Rubén Berríos, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño y asesor diplomático de Nicaragua. Berríos anticipa que pronto el caso de Puerto Rico tendrá nuevas repercusiones en las Naciones Unidas y en EEUU hay motivos geopolíticos que impelen a no “extender su frontera al Caribe” con una anexión formal de esta pequeña nación latinoamericana.

Berríos ha hecho un llamado a los demás grupos independentistas a que, cada cual de forma separada y con sus respectivos métodos de lucha, intensifiquen sus acciones para “crear una crisis política en Puerto Rico”, ante la cual “los norteamericanos van a tener que hacer una oferta de verdad”.

Los anexionistas, por su parte, están intentando combinar los reclamos de ayuda económica a EEUU y a la reorganización interna del gasto público con una insistencia en sus llamados a que el Congreso de Washington atienda un pedido de convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión. Es ante ese segundo llamado que el gobierno autonomista, con sus aliados en Washington y también en Puerto Rico, trata de evitar que el tema de la condición política se incluya en la discusión de la crisis económica.

Pero el reloj avanza y al cierre de esta crónica, el presidente de la comisión de finanzas del Senado, Orrin Hatch, había rechazado en términos enérgicos el llamado del Departamento del Tesoro para que el Congreso autorice la protección del tribunal federal de quiebras para Puerto Rico. Ese diferendo entre el Ejecutivo y el Legislativo de EEUU –el primero sin querer aprobar un rescate y el segundo repudiando la quiebra- mantiene el caso paralizado, una situación que continuará por lo menos hasta septiembre, cuando se reanudará la sesión del Congreso.