El juego político en El Salvador se ha tornado más violento que de costumbre, aunque siempre ha sido violento. Es parecido al futbol, un juego de choque, de fricción. Algunos en la izquierda incluso hablan de golpe de estado suave mientras en la derecha se muestran sorprendidos y halagados por la acusación de ser padres de esta crisis.

Ya en este segundo gobierno de izquierda, que lleva un año apenas, la administración del país se vuelve pesada y complicada. Y hay distintas fuerzas interesadas en que se complique aún más, desean que el equipo adversario llegue agotado a los partidos del 2018 y del 2019.

No obstante esto, y a pesar de las crisis cotidianas- paros al transporte, amenazas, asesinatos de policías, masacres civiles, campañas mediáticas, este segundo gobierno del FMLN posee la inusual característica de gozar del apoyo tanto del gobierno Obama como del gobierno Maduro; es un gobierno electoralmente legitimado, con una red de alianzas sociales (incluyendo la existente en el área de seguridad) y un indiscutible respaldo popular.

No estamos al borde del abismo. Hay que precisar el momento, caracterizarlo, y evitar sobredimensionar al enemigo y volverlo todopoderoso así  como subestimarlo, tiene fuerza. Acordémonos que nuestras percepciones se vuelven realidades. Y lógicamente en la derecha estos son  poderosos motivos para calentar la cancha hasta el 2018 y el 2019.  A continuación exploramos dos situaciones vinculadas a esta disputa histórica.

El peligro del militarismo.

La forma como se resuelva el urgente problema de la delincuencia y su desafío al estado va a determinar el rumbo hacia un fortalecimiento de los espacios democráticos conquistados desde 1992 o su regresión a modalidades de autoritarismo civil o militar, y quizás más militar que civil. 

Hay un afán construido por la derecha mediática desde 1992 de presentar  a las fuerzas armadas como una institución  “respetuosa” de los Acuerdos de Paz y a la vez se ha sembrado la idea en sectores populares para que  sea el Ejército el que asuma la seguridad pública. Y la violencia irracional y criminal de las pandillas viene a justificar este razonamiento, por lo que hoy tanto derecha como izquierda, junto con el aliado estratégico, junto con la empresa privada, coinciden en esta visión.

Hay algunos dentro de la misma izquierda que ante la amenaza y el accionar de las pandillas sueñan con desempolvar y desenvainar  la espada ensangrentada del general Martínez y resolver de una vez por todas como en 1932, la actual crisis de seguridad, por medio de la acción punitiva de nuestra gloriosa fuerza armada.  Es una tesis equivocada y además peligrosa. Significa justificar un nuevo genocidio para defender el orden social existente, el orden capitalista existente. Y lo peor, será una estrategia fracasada.

Pero no puede negarse que las pandillas controlan importante franjas del territorio nacional, urbano y rural. Y entonces ¿Cuál es la salida? No existen soluciones simples ni a corto plazo. Y la sangría popular enardece los ánimos diariamente. Pero tampoco podemos adoptar la visión de la derecha y del imperio. Y esta es una disputa política y e ideológica.  

En primer lugar necesitamos como izquierda ir en búsqueda de las víctimas y solidarizarnos. Pero además acompañarlos en sus procesos de organización y de lucha. Hay familias urbanas y rurales, jóvenes y niños,  que viven bajo esta nueva modalidad de opresión  derivada de la exclusión social. Este es un ya amplio  sector popular que vive bajo el miedo y la amenaza de las pandillas. La organización le dará fuerza y confianza en la autodefensa. Hay que constituir una Asociación Nacional de Víctimas de la Violencia, como organización popular, que aglutine a los que viven y a los desplazados por la violencia y golpeados por el sistema.

En segundo lugar necesitamos garantizar el carácter civilista de la PNC. Si la PNC pierde este rasgo y es percibida en las comunidades como fuerza represiva la derecha habrá vencido. No podemos permitir que la derecha logre convertir a la PNC en una Guardia Nacional. Mantener la naturaleza civilista de la PNC es un desafío principal para este gobierno de izquierda.

En tercer lugar, asegurar que los militares acompañen pero no conduzcan la solución de este problema. Los Acuerdos de Paz de 1992 definieron límites precisos en las responsabilidades de las fuerzas armadas. No podemos permitir que la derecha mediática y política amplíe estos márgenes y promueva el mesianismo militar. Ya hay un considerable sector atrasado de la población clamando por un dictador “que imponga orden.” Recordemos que la última vez que salieron de los cuarteles se tardaron  sesenta años en que los regresáramos.

En cuarto lugar, el control territorial de las pandillas de los principales barrios populares está vinculado a la desmovilización popular provocada después de los Acuerdos de Paz de 1992.  El movimiento popular surgido en los años finales de la guerra fue desmovilizado y esto fue un gravísimo error. Hay es más difícil reconstruirlo. Y lo más preocupante es que no existe una clara voluntad política para desde la izquierda impulsar este proceso urgente y necesario. Hoy las pandillas están más organizadas que nosotros. Hacia futuro la seguridad popular y ciudadana está vinculada a la organización popular y social. Es una tarea estratégica.

En quinto lugar, nuestras comunidades urbanas y rurales necesitan la construcción de una infraestructura de afecto y cuidado social –escuelas, empleos, unidades de salud, espacios de recreación, etc.,- que permitan vivir con dignidad. Y para esto se necesita un estado fuerte que impulse una enérgica reforma fiscal que garantice los recursos para este esfuerzo.

En sexto lugar, necesitamos convertir  a las cárceles de escuelas y centros para la extorsión en espacios de capacitación política. No podemos abandonar nuestra responsabilidad como izquierda de organizar, educar y movilizar a los sectores populares, incluyendo aquellos que han sido empujados al crimen por un sistema que los margina y estigmatiza. Esos rostros tatuados son los rostros de la pobreza y no debemos de renunciar como izquierda a esta responsabilidad. 

El peligro del acomodamiento al modelo

La necesidad de garantizar niveles aceptables de gobernabilidad para este segundo gobierno de izquierda ha llevado a enfatizar en su gestión elementos de continuidad por encima de elementos de ruptura. Es una decisión táctica que objetivamente produce ventajas pero a la vez acarrea costos y a veces facturas difíciles de pagar.

En el centro de esta decisión se encuentra la necesidad de neutralizar al sector oligárquico, desplazado del gobierno pero no del poder. Es un poder oligárquico al acecho, midiendo cada jugada, evaluando cada movimiento, y en un escenario latinoamericano y caribeño de abierta disputa con la izquierda gobernante.

Y es un gobierno de izquierda limitado por sus alianzas nacionales e internacionales, y cercado financieramente, obligado a ser “realista” y buscar la “unidad nacional” por medio de un programa económico de carácter neoliberal, en el que los tratados de libre comercio, el endeudamiento, la búsqueda de inversionistas  y la teoría del rebalse son la brújula mágica para conducir el barco.

El peligro para la izquierda salvadoreña es el de convertir la necesidad táctica en criterio estratégico. O sea como gobierno necesita fortalecer al mercado, garantizar mayores niveles de rentabilidad para las empresas oligárquicas, (para los Poma, Simán,  Meza)  y transnacionales mientras como izquierda necesitamos fortalecer al estado para garantizar mayores niveles de soberanía y de programas sociales. Y vencer en la batalla por la producción a la vez que se impulsa la batalla por la  igualdad tributaria,

El capital sabe que es el que paga los salarios de los funcionarios públicos y que controla las inversiones.  Y además controla los principales medios de comunicación, lo que les permite  definir el clima de opinión. Esta contradicción atraviesa y define el rumbo del proceso. Y determina el rol de funcionarios de izquierda al servicio del capital o militantes de izquierda para transformar al sistema capitalista, construyendo poder popular desde cada espacio gubernamental conquistado.  El principal desafío a lo interno como izquierda es el de conservar nuestros principios subversivos estando en el gobierno.

Es por esto que la izquierda salvadoreña necesita urgentemente readecuar su estrategia organizativa y orientarla hacia la construcción de un poderoso movimiento popular y social que se convierta en interlocutor entre el capital y el estado y asuma el desafío de reimpulsar las transformaciones estructurales que han sido paralizadas por las presiones del poder económico. Mientras más se retrase en la izquierda avanzar en esta tarea estratégica,  mayores serán las amenazas de un Termidor, de una restauración oligárquica en el 2019.