Viejas y nuevas alianzas que rompen el Estado de derecho

La historia de las connivencias gubernamentales, empresariales y militares para el fraude y la estafa a los guatemaltecos tiene muchos años y gobiernos que lo atestiguan. Desde la Revolución Liberal la poderosa oligarquía terrateniente asumió el papel de rectora hegemónica del sistema económico, social y político del país. Otros actores actuaban subordinados a cambio de granjerías. El ejército, las iglesias, los políticos partidarios, los medios de difusión eran aliados coyunturales que negociaban día a día, recordándole a los poderosos que sin el papel militar-represivo y el papel ideológico-mediatizador su proyecto económico no tendría sustento.

Con el tiempo crecieron los intereses y la ambición cobró innumerables vidas humanas por la sobreexplotación del trabajo, la acción del ejército y las policías; y la ausencia de servicios públicos para mantener los mínimos de salud y educación, vivienda, seguridad y empleo de la población.

Los terratenientes y comerciantes se convirtieron en industriales y banqueros. Los altos jefes militares en terratenientes y se apropiaron del control de las fronteras y del trasiego local de mercancías. Hasta aquí, prevalecieron las alianzas tácticas. La oligarquía tradicional financiaba y/o vetaba a los partidos y candidatos elegidos; negociaba con los gobiernos siguientes los puestos y decisiones que aseguraban privilegios en leyes, exenciones fiscales, control de los ministerios e instituciones de gobierno donde se determinan las grandes decisiones de la vida económica y financiera del país. Algunos sobresaltos sucedían, uno que otro en arrebato de autonomía se salía del orden establecido. “Existe un orden que debe respetarse”, decían los dirigentes empresariales. Había coimas para todos si actuaban dentro del orden establecido. Mientras tanto crecía la pobreza a la par de la corrupción y el debilitamiento del Estado.

A la ciudadanía nos invitaban cada cuatro años a participar en la fiesta cívica de las elecciones. Múltiples ofrecimientos de empleo, seguridad, salud, paz que a partir de las necesidades de un pueblo cada vez más empobrecido y vejado, nos mantenía enajenados.

¿Qué pasaba en Guatemala en esos años? La gente no era indiferente ante las injusticias del régimen. Durante casi cuatro décadas el pueblo mantuvo expresiones de rebeldía y lucha político militar y política democrática. La oligarquía tradicional apoyó y financió la acción del ejército y de las policías que torturaron, desaparecieron y asesinaron a miles de personas y arrasaron aldeas enteras. Los instrumentos ideológicos al servicio de la clase hegemónica se encargaban de justificar tales crímenes contra la población y las fuerzas populares y revolucionarias, acusando a los dignos luchadores de sediciosos, delincuentes y terroristas.

Aunque el Ejército se llevó el costo político de los crímenes de guerra, la oligarquía tradicional se negó a incluir dentro de su clase hegemónica a esa oligarquía emergente que acumuló capital a partir de los negocios de la guerra, de la apropiación de tierras y del saqueo de los fondos públicos. Habían sellado su alianza con la burla a los Acuerdos de Paz, compartían negocios sucios, robos, crímenes, pero no iban a compartir el poder hegemónico.

En otra etapa, desde el año 2005 los países desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, vieron venir la crisis financiera internacional que ellos habían provocado con sus desmanes ambiciosos en el marco del “mercado libre”. Para resarcirse, nos imponen el capitalismo neoliberal, que es la entrega del territorio y nuestros bienes naturales, el debilitamiento del Estado y de la organización sindical y la creación inducida de un gran mercado de desempleados. Imponen el predominio de leyes internacionales que protegen al capital foráneo extractivista y a los tratados denominados TLC con castigos millonarios para los empresarios y gobiernos locales que desatiendan sus mandatos.

La oligarquía tradicional y los gobernantes no tuvieron escrúpulos en doblegarse ante las políticas neoliberales, unos obtenían contratos jugosos y otros sobornos millonarios. Entregaban y vendían el territorio y sus bienes naturales como si fueran suyos. Durante el gobierno del empresario Berger el ejército y la policía nacional civil agredieron violentamente una manifestación pacífica en el parque central que se pronunciaba contra el TLC. Tal era el compromiso del gobierno y la oligarquía, actuando como gobernadores del imperio.

Mientras tanto, el dinero mal habido corría a montones y alcanzaba para el funcionamiento de la maquinaria de corrupción y para comprar inmunidad. Surgen las especializaciones de la corrupción, lavanderías bancarias y empresariales, compra de jueces, magistrados, colegios profesionales, universidades de garage, medios de difusión, milagros en las mansiones de Dios (con bendición presidencial, incluida), diputados a la carta, negocios millonarios en alianzas público-privados, testaferros, dirigencia sindical cooptada, financieros del sector público, jefes de recursos humanos. El presupuesto del Estado era sólo una de las fuentes de enriquecimiento ilícito en la alianza de las oligarquías emergente y la tradicional. Robaban y cubrían los faltantes presupuestales en un círculo inmoral de robo-endeudamiento externo e interno. Del cual también obtenían tajada por medio de operaciones de estabilización monetaria y de adquisición de bonos del tesoro.

Si recordamos, a inicios del gobierno de Pérez Molina hubo una especie de sondeo para considerar la modificación de la Constitución de la República. Querían eliminar la prohibición de la reelección. Desde entonces pretendían la continuidad de su gobierno militar-oligárquico. Ante el rechazo de la sociedad y diferencias de fondo con CACIF encausaron sus planes hacia otros rumbos. Una de sus alternativas de autonomía oligárquica fue la construcción y control de redes mafiosas. Así implementaron el control en aduanas, puertos y aeropuertos para el trasiego de mercancías; la apropiación de ingresos fiscales y la apropiación de fondos del presupuesto del Estado. Los cabecillas según ha denunciado el MP y la CICG eran el propio binomio presidencial y altos jefes de la mafia.

Altos y medianos jefes del ejército y las mafias, políticos partidarios y sus testaferros –ahora denominada oligarquía emergente- construyeron gradualmente las alianzas necesarias para asumir el control del poder hegemónico del Estado, que se traduce en un golpe de Estado técnico. Al romper la independencia de los tres poderes del Estado se da una ruptura Constitucional. Esta alianza entre los partidos políticos Patriota y Líder fue evidente a finales del año 2014, cuando se descaran eligiendo a las comisiones de postulación de las cortes de justicia, TSE y CGC. Era un conveniente acuerdo de protección mutua, garantía de silencio e impunidad para lo robado por los salientes y para recuperar la inversión electoral de los entrantes. Así nos explicamos como en los primeros años se atacaban como enemigos y en el último año se apoyaban como hermanos. 

Por otro lado, en esos días finales del 2014 conocemos un rasgo de autonomía respecto a la oligarquía representada en el CACIF. El gobierno de Otto Pérez Molina incluye subrepticiamente nuevos impuestos no acordados con CACIF que gravan a grandes empresas monopólicas. Aquí se perfila más claramente la disputa oligárquica por el control del poder.

El gobierno de los militares y las mafias articulan redes para la apropiación de la institucionalidad por medio del control de alcaldes y consejos municipales; control territorial; interventores y nombramientos espurios de testaferros civiles y militares en las principales instituciones que concentran poder económico y político. Las siguientes:

a) Las que generan y/o administran los mayores ingresos fiscales

b) Las instituciones donde entran y salen mercaderías del país

c) Las que Imparten justicia o la postergan

d) Ministerios e instituciones con mayores presupuestos

e) El control mayoritario del Congreso que legisla o niega leyes

f) Fiscalizan o no los fondos públicos

g) Inciden en la ciudadanía usando las mansiones de Dios y a sus representantes

h) Administran fondos y decisiones electorales

i) Medios de difusión por medio del financiamiento público y de campaña

j) Control clientelar de población empobrecida (con fondos del Estado)

k) Control de las dirigencias de los principales sindicatos de trabajadores del Estado (Con fondos del Estado)

l) Control del Ejército y la Policía Nacional Civil por medio de tajadas en la corrupción (Altas y medianas jefaturas)

Mientras, el capital tradicional -sentado conservadoramente en sus laureles desde hace 60 años- observa con asombro como los milicos mafiosos, -antes sus subordinados- se apropian del control de las instituciones del Estado. La institucionalidad que forjaron dentro del sistema republicano al servicio de sus intereses, ha sido secuestrada por la oligarquía emergente. ¿Qué queda bajo su control? Los ministerios y las instituciones donde se ejecutan las decisiones económicas y financieras; las de control monetario y crediticio; las de gran presupuesto, excepto el IGSS. En una jugada planificada eliminan a su candidato Sinibaldi con la parodia del caballito de palo y se queda el CACIF sin candidato sustituto. Mientras las redes de corrupción se consolidaban y extendían a amplios sectores público y privado; se elevaron las tarifas de los sobornos y se convirtió en mercancía las decisiones de gobierno, los votos legislativos, los dictámenes judiciales, la honra y voluntad de muchos testaferros conscientes o inconscientes. Se llegó a considerar que las acciones corruptas eran “normales”.

La coexistencia más o menos pacífica de los grupos que se repartían las riquezas del Estado y los bienes del país era perdurable si cada quién se mantenía en el lugar que le correspondía. Pero la oligarquía emergente conjunta el poder militar, el control territorial e institucional, la información y la acumulación de capital por su cuenta, para asumir el control del poder político y por tanto la autonomía política respecto del CACIF. Allí se acaban los amores. Por eso los grupos oligárquicos ahora están enfrentados.

Las fuerzas de los grupos hegemónicos

El gobierno militar oligárquico, a partir de las alianzas con altos jefes del Ejército, con las mafias, los partidos políticos y políticos, han actuado como en un país ocupado. Tienen fuerzas a su servicio e información contra sus adversarios, los grandes empresarios tradicionales. Dispone de las bases partidarias del patriota y líder; de los efectivos de la policía y el ejército; e inclusive de los ex patrulleros acarreados con fondos del Estado para atemorizar a la ciudadanía urbana. En maniobras mediáticas y de acarreo utilizan dirigencias cooptadas de campesinos, obreros y trabajadores del Estado, haciendo creer a la ciudadanía que estos defienden intereses sociales y populares. Mezclan sus demandas con las de las organizaciones para desacreditar y confundir, pero sus acciones evidencian que defienden los intereses del presidente y sus corifeos.

A partir de las denuncias de funcionarios en instituciones que controlan, nombraron sustitutos igualmente corruptos. Tienen atrancado el congreso y las cortes en un enredo sin fin, de apariencia legal, premeditado para confundir y cansar a la población digna que no cesa la protesta. Ya no necesitan que el capital tradicional les financie, tienen sus propios recursos y sus propios financiadores.

Atesoran como un arma de guerra, la información que involucra en delitos a la oligarquía tradicional, como el financiamiento y la aceptación de crímenes de guerra; evasión tributaria; lavado de dinero; sobornos a funcionarios públicos; privilegios y subvenciones –que han legalizado- que les reportan millones de quetzales.

Por toda esa acumulación de poder, es que el presidente Otto Pérez Molina, asumió en su discurso del domingo 30 de agosto 2015, un insolente rechazo a las demandas nacionales de los habitantes de Guatemala; actúa contra la oligarquía tradicional amenazando con revelar la información de la línea 2 porque tiene cartas bajo la mesa de los que antaño han sido sus aliados y cómplices en el saqueo y la represión contra la ciudadanía. En su discurso castrense, encubre lo que sería la línea 3, los ministros, directores generales, diputados, empresarios y otras personas e instituciones que se llevaban el dinero del Estado por millones de quetzales, a costa del deterioro de la vida de los habitantes de Guatemala. Empoderado reta a la injerencia extranjera. El presidente militar desde sus trincheras, ha actuado como en los mejores momentos de una dictadura. Definitivamente perdió el sentido de la realidad.