Las comunidades garífunas están recibiendo el fuerte impacto de la implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Econ&oacu. . .

Las comunidades garífunas están recibiendo el fuerte impacto de la implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDES, conocidas como Ciudades Modelo, que generan violación a los derechos de los pueblos entre ellos la consulta, previa, libre e informada. l despojo es realizado de forma violenta por el mismo Estado de Honduras que está obligado a proteger los derechos del pueblo garífuna de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por las Naciones Unidad, ONU.

El desalojo a un sector de la comunidad garífuna de Puerto Castilla el pasado 10 de septiembre para la instalación de una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) o mejor conocidas como ciudades modelo, denunció la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) este viernes 18 de septiembre de 2015.

Por medio de su sitio web, OFRANEH señaló que esta acción fue promovida por el señor Dennis Weizemblut Oliva, quien dice ser propietario de un terreno, cuya extensión aproximada es de cinco manzanas dentro del casco urbano de la comunidad.

Este mismo señor ordenó un violento desalojo a una manifestación pacífica comunitaria en mayo de 2014 en Puerto Castilla, en donde participaron elementos policiales y militares y atacaron a los manifestantes con uso excesivo de gas lacrimógeno.

La promoción de esta comunidad como “Ciudad modelo” forma parte de otros 13 puntos que han sido identificados para fines de “paraje turístico”, con lo cual se ha generado un clima de zozobra entre sus habitantes, específicamente de Puerto Castilla, y ha generado despojos en la Bahía de Trujillo impulsando un apetito voraz por parte de inversionistas para apoderarse de terrenos.

Históricamente este territorio fue concedido a la comunidad garífuna de Cristales y Rio Negro bajo el gobierno del general Luis Bográn, el 18 de mayo de 1889, con el nombre de “La Puntilla” y tiene una extensión de tres millas de ancho por doce de largo.

Durante la década de los años X y XX, la Truxillo Reailoard Company adquirió al menos 239 hectáreas de este terreno. Posteriormente fue retornado a la comunidad en julio de 1942.

Para fines de la década del 70, específicamente en noviembre de 1977, esta comunidad fue despojada de su territorio y transferido a la Empresa Nacional Portuaria (ENP). La OFRANEH aseguró en su publicación que según habitantes de esta comunidad el general Gustavo Álvarez Martínez, quien estaba asignado en la zona atlántica el país hostigó “pistola en mano” a los habitantes para que cedieran al desalojo.

Es por ello que los habitantes de Puerto Castilla atraviesan carencia de tierra, como consecuencia del despojo cometido por el Estado de Honduras a favor de la Empresa Nacional Portuaria (EPN) hace más de 40 años. De acuerdo a los mapas cartográficos, el terreno del cual aduce ser propietario Weizemblut Oliva está ubicado dentro del mar en la Bahía de Trujillo.

El proyecto de las Zonas Económicas de Desarrollo (ZEDE) fue creado desde el Congreso Nacional en el año 2013 en primera instancia como Redes Especiales de Desarrollo (RED) mismas que han sido cuestionadas por diferentes organizaciones sociales por ser atentatorias a la soberanía territorial de nuestro país.

Junto a las ZEDES nació la Comisión de Alianza Público-Privada (COALIANZA), la cual se encarga de la ejecución y administración de las mismas.

Según información proveniente del resumen ejecutivo de las ZEDE en la zona de Trujillo-Santa Fe, al menos tres mil habitantes de Castilla serán reubicados en San Martín y Santa Fe, aunque algunos funcionarios les han manifestado a los pobladores que será en el paraje conocido como Plan Grande.

Las ZEDES: un fantasma que promete inversión a costa de la soberanía de sus territorios

El dirigente popular Luis Méndez definió este proyecto como una arremetida frontal contra la vida de los pueblos y sus comunidades en los aspectos económico y territorial, lo cual lleva también al despojo cultural en favor de los intereses de grandes corporaciones, impulsado por los últimos gobiernos nacionalistas

“El desalojo de hace un par de días, esta amenaza y represión contra el pueblo garífuna, está vinculado a ese proyecto de hacer de esta zona costera un área para el funcionamiento de empresas mercantiles, hoteleras, mineras extractivas, atropellando la vida, la cultura del pueblo garífuna”, mencionó.

Para Méndez, Las ZEDES son definidas como “un fantasma que se vuelve realidad cuando son miles y miles de hectáreas de monocultivo de la palma africana en la zona Norte”.

Pormenorizó que se argumenta que generan tranquilidad para el pueblo pero lo que crean es muerte y hambre en la zona Norte y también en la zona Sur, además que a los habitantes de las comunidades les quitan la posibilidad de trabajar la tierra, hay un impacto en la vida de las personas.

“Es una arremetida frontal contra la vida de los pueblos y comunidades. En Trujillo se encuentra toda la instalación del proyecto hidroeléctrico y minero, son concesiones que se le han dado a estas corporaciones canadienses. No solamente eso, también han instalado zonas residenciales ya en la zona de Santa Fe”, dijo el líder social.

Agregó que la introducción de este proyecto en el país fue en los años 90´s, con la implementación del modelo neoliberal, en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas, como una panacea con lo relativo a los Tratados de Libre comercio, TLC, “pero lo que hoy tenemos son hombres y mujeres explotados en la maquila. Nos encontramos más de lo mismo: pueblos expropiados, amenazados y perseguidos”.

Sumado a todo esto, el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, quien desde el Congreso Nacional fue el principal impulsor de esta iniciativa, integró un elemento más a la ZEDES, que es la militarización por medio de la instalación de pequeños batallones, los cuales son vendidos ante la opinión pública como defensores del territorio, pero su finalidad es sacar a los campesinos y a las campesinas de su tierra, aseguró el dirigente popular.

Los intereses de distintos grupos de poder político y económico se ponen en evidencia, ejecutando proyectos que ponen en detrimento el bienestar colectivo de los pueblos originarios, en contradicción con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, aprobada por la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Este es el comunicado emitido por la OFRANEH sobre el despojo que ha sido objeto la comunidad garífuna de Puerto Castilla:

ZEDE (Ciudad Modelo), y el desalojo de la comunidad Garifuna de Puerto Castilla

El pasado 10 de septiembre se llevó a efecto un desalojo en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovido por el Sr. Dennis Weizemblut Oliva, el cual aduce ser propietario de un terreno de una extensión aproximada de cinco manzanas, dentro del casco urbano de la comunidad

El tracto sucesivo de la posesión del terreno en litigio se convirtió en un laberinto jurídico, donde José Mauricio Weizemblut le vende a Dennis Weizemblut Oliva. El primero aparentemente se convirtió en propietario cuando logro obtener el pago de sus prestaciones como ejecutivo de Intermar compañia propiedad del japonés Satoshi Sasaki.

El empresario Sasaki logró sin el aval de la comunidad de Puerto Castilla, apropiarse de un terreno en el año de 1997, para la instalación de su empresa, la que supuestamente produciría harina de pescado además de la comercialización de productos marinos.

Los habitantes de Puerto Castilla sufren una enorme carencia de tierra, como consecuencia del despojo cometido por el estado de Honduras a favor de la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en detrimento de la comunidad. De acuerdo a los mapas cartográficos, el terreno del cual aduce ser propietario Weizemblut Oliva está ubicado dentro del mar en la bahía de Trujillo.

La promoción de Puerto Castilla como uno de los parajes que pretenden convertir en una supuesta ciudad modelo (ZEDE), ha dado lugar a un sinnúmero de especulaciones inmobiliarias y despojos en la Bahía de Trujillo impulsando un apetito voraz por parte de inversionistas para apoderarse de terrenos ubicados en lugares estratégicos.

Cabe recordar que el 29 de agosto de 2014, se efectuó un desalojo promovido por los Weizemblut, y previamente en mayo del mismo año, un contingente de policías y soldados, con el pretexto de disolver una manifestación comunitaria, atacaron a la comunidad de Puerto Castilla, utilizando gases lacrimógenos como una arma ofensiva.

Historia de un despojo

 La Puntilla, nombre con que se le conocía a Puerto Castilla, fue concedida a la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro, el 18 de mayo de 1889, por el General Luís Bográn, reconociéndole tres millas de ancho por doce de largo.

El 9 de abril de 1921 La Truxillo Railroad Company adquirió 239 hectáreas del terreno conocido como La Puntilla, perteneciente a la comunidad de Cristales y Río Negro. La compañía retornó el terreno en cuestión a la comunidad de Cristales y Río Negro en julio de 1942

El 2 de abril de 1912, Manuel Bonilla firmo el Decreto No 99, aprobando la contrata entre el Estado de Honduras y Juan Glynn, en representación de Victor Camors, el que resultó ser el representante de la Truxillo Rail Road Company. Fue hasta el mes de abril de 1921 cuando la comunidad accedió a ceder 239 hectáreas del terreno de la Puntilla, por un término de 99 años.

El 17 de noviembre de 1977 se decretó la cancelación del asiento que constaba el antecedente de dominio útil a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro, procediendo el Estado a otorgar las tierras de la Puntilla a favor de La Empresa Nacional Portuaria. Según testimonios de los habitantes de la comunidad de Cristales, el General Alvarez Martinez, pistola en mano, obligó a la comunidad a ceder las tierras de la Puntilla en el año de 1976.

En el año de 1996 la Empresa Nacional Portuaria (ENP) supuestamente vendió o cedió cinco manzanas de tierra a la compañía Intermares, la que pretendió la construcción de una procesadora de harina de pescado, proyecto supuestamente apoyado por la cooperación japonesa. Este terreno es el que actualmente figura como propiedad de Weizemblut Oliva.

La ilegalidad de las ZEDES y la Corrupción de COALIANZA

 Las ciudades modelo, nombre con el que se ha dado a conocer tanto la Ley de regiones Especiales para el Desarrollo (RED) como la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), han sido denunciadas desde un inicio como iniciativas que atentan contra los derechos humanos de los habitantes de las áreas escogidas para subastar al capital extranjero; además de socavar el concepto de soberanía.

Las ZEDES se han convertido en el pilar de la actual administración de Juan Orlando Hernández, personaje íntimamente ligado a ese experimento político económico, desde las reformas constitucionales del año 2011. Para el mes de junio Hernandez planeaba participar en una conferencia en San Francisco, promovida por los libertarios de ultraderecha del Silicon Valley, denominada “Interrumpiendo la democracia: nuevas formas de gobernanza para Honduras. Su participación se suspendió ante la denuncia efectuada pro la OFRANEH y el inicio de las marchas de las antorchas, protestando por la corrupción endémica que ha plagado al estado de Honduras, especialmente a partir del golpe de estado.

La visión autocrática del actual régimen y su visible desprecio por la democracia, nos hace temer que el desalojo anunciado para Puerto Castilla, será efectuado de una manera violenta sin respetar los derechos territoriales del pueblo Garifuna y mucho menos efectuar una consulta, previa, libre e informada; precepto que es totalmente desconocido por los nacionalistas en el poder.

COALIANZA ente encargado de las ZEDE ha sido denunciado en múltiples ocasiones por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por la ausencia de transparencia y la versatilidad para ocultar información sobre los proyectos adjudicados y los salarios de miembros de ese ente.

Desafortunadamente los golpes efectuados a la Corte Suprema de Justicia -por haber declarado inconstitucional las RED- el asalto al Ministerio público y el fraude electoral cometido y avalado por la comunidad internacional, que dotó de una aplanadora en el Congreso Nacional al actual gobernante, han dado lugar a una dictadura perfecta, cuyo objetivo es saquear las instituciones del país y subastarlo por retazos al capital extranjero.

Según el resumen ejecutivo de las ZEDE Trujillo-Santa Fe, los más de 3000 habitantes de Castilla serán reubicados en San Martín y Santa Fe, aunque algunos funcionarios les han manifestado a los pobladores que serán reubicados en el paraje conocido como Plan Grande.

Hasta al momento no se ha efectuado ninguna reunión con los miembros de la comunidad y mucho menos realizado una consulta previa, tal como lo señala el Convenio 169 dela OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 Los habitantes de Puerto Castilla han manifestado en diversas ocasiones, un repudio total a su relocalización, situación que indudablemente conllevará ante la ausencia de respeto a los derechos humanos por parte del Sr, Juan Hernandez a un enorme conflicto social.

Sambo Creek, septiembre 18 de 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH