A más tardar para el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el acuerdo final del proceso de paz entre el gobierno que preside Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezadas por Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timoleón Jiménez y/o Timochenko.

El anterior es el acuerdo que ya es considerado “histórico” en varios medios de comunicación dados a los adjetivos efectistas y cuya firma presenciaron ambos colombianos en el Palacio de Convenciones de La Habana, el miércoles 23 en presencia de Raúl Castro, presidente de la mayor de las Antillas y garante junto con el gobierno de Noruega de las negociaciones pacifistas que sendas delegaciones de las FARC y del gobierno de Santos Calderón, realizan desde el 19 de noviembre de 2012.

El importante anuncio lo hizo Santos así: “El jefe del Secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses deben concluir las negociaciones. Es decir, que para el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el acuerdo final del proceso de paz”.

Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz es el nombre del pacto gubernamental con la insurgencia armada que se fundó en 1964, la más antigua, además de poderosa de América Latina con sus más de 10 mil hombres y mujeres combatientes, a la que se someterán quienes hayan cometido crímenes durante el conflicto armado, uno de los temas más espinosos del proceso de paz.

Ésta es la primera ocasión que el jefe del Estado colombiano se reúne en 51 años con las FARC desde que la fundaron Manuel Marulanda (Tiro Fijo) y Jacobo Arenas. Por ello, tanto Santos como Timochenko, vía Twitter anunciaron sin titubeos “ha llegado el momento de la paz”. Raúl, el menor de los Castro Ruz, recibió antes de la ceremonia oficial y por separado a los dos colombianos y cauteloso dijo que “las conversaciones marchan por buen camino” y los acuerdos representan “un significativo paso de avance”. Nada más, pero nada menos.

En el comunicado conjunto, en que las partes dieron a conocer el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, se establece un mecanismo de justicia transicional que permite procesar a responsables de delitos durante el conflicto armado y que incluye una ley de amnistía que precisará el alcance de la conexidad.

Hace muy bien Santos en subrayar que “no va a ser una tarea fácil porque faltan muchos puntos por acordar”, también que será el Congreso colombiano el que diga la última palabra y agradecer al papa Francisco su apoyo, pues advirtió en La Habana que “las partes no pueden permitir un fracaso más en el camino de la reconciliación”. Presuroso, el aparato mediático del Vaticano atribuyó a su jefe el mérito principal de un proceso negociador complejo, contradictorio y de muy larga data si contemplamos que en 1985 llevó a las FARC a constituirse en partido político y pagar la altísima cuota de 5 mil activistas y dirigentes asesinados.

La advertencia presidencial encontró su razón de ser, cuando Álvaro Uribe, el principal opositor a un acuerdo de paz con las FARC, acusado de estar vinculado al paramilitarismo y “gran amigo” de Felipe Calderón, escribió: “El gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales”.

El trascendente acuerdo alcanzado consta de 10 puntos y establece, también, la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, así como la compensación a las víctimas.

Utopía Nº 1585, 25-IX-15

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