La información y los juicios que todavía emiten los representantes de las partes reunidas el jueves 24 en el Museo Tecnológico, el titular del Ejecutivo federal y sus acompañantes, por una parte, y los padres y hermanos de los 43 desaparecidos el 26-27 de septiembre de 2014, en Iguala, más sus abogados hasta sumar 100 asistentes, no permite disponer de una visión clara sobre lo que allí conversaron y menos aún sobre lo que acordaron.

No sorprende que así suceda, pues tras la aceptación del formato para el encuentro sería una imprudencia alegar imposiciones gubernamentales después de aceptado, estaba previsto para que cada parte divulgue lo que más convenga a sus necesidades e intereses por legítimos o no que sean.

Es sabido que en términos de la capacidad de acceder a los grandes medios del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio las diferencias son notables, en desventaja enorme para los padres de los normalistas desaparecidos y todo indica que asesinados, y el movimiento social que aún los acompaña, y que para La Jornada representó “un punto de inflexión en la historia de las movilizaciones populares recientes”, pero lejos está por desgracia de que “la sociedad mantiene vigente y multiplicada la exigencia de verdad y justicia”.

Y lo anterior no obedece sólo al degaste de cualquier movimiento social con un año de intensa vida en Guerrero, el país y la aldea global, a lo que sin duda apostó el gobierno federal, sino también a errores de un liderazgo que la semana pasada se empeñó en reeditarlos en Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal con acciones vandálicas que alejan a franjas ciudadanas que no entienden y al parecer tampoco les interesa sobre la “teoría” de la “represión causa” y la “represión efecto” como parte de la tesis de la “agudización de las contradicciones de clase”, y con las que se pretenden justificar acciones que no multiplican las simpatías.

“Busquemos juntos la verdad” pidió Enrique Peña Nieto, si nos atenemos a la versión dada por el vocero presidencial, porque “Estamos del mismo lado. Ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos” y el compromiso es confrontado con las ocho exigencias formuladas por los padres de Los 43, y sobre las que Peña instruyó a Miguel Ángel Osorio, Arely Gómez y Claudia Ruiz a estudiarlas para analizar su viabilidad y dar una respuesta oficial. Y lo anterior es valorado sin más como un rechazo.

A la propuesta de los padres que es decir de sus abogados, de formar una fiscalía especial para investigar más y mejor lo que lleva un año, el gobierno responde con otra fiscalía que se ocupe de los 30 mil desaparecidos que se reconocen de manera oficial.

Sin ignorar el dolor de los familiares de los estudiantes, suena pertinente que junto a aquel gravísimo suceso se investiguen otros más ante los que la opinión pública y publicada, y en primer lugar las autoridades de los tres niveles de gobierno y los otros dos poderes mostraron desinterés.

Tampoco es comprensible que por supuestas o reales descortesías de elementos del Estado Mayor Presidencial, cuerpos de seguridad que en todas partes de la aldea cometen excesos, se pretenda banalizar un encuentro en el que está por verse, si como escribe Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, “El caminar pausado de los padres iba acompañado con sus sabios comentarios: Esta segunda batalla también la ganamos”.

Justamente eso es lo que está por verse, deseos y actitudes voluntariosas aparte.

forum@forumenlinea.com

Twitter: @IbarraAguirreEd 

 www.forumenlinea.com

www.facebook.com/forumenlinea