En el quinto aniversario del intento de golpe en Ecuador, las denuncias de desestabilizaión vuelven a marcar la agenda de la Revolución Ciudadana, y ahora arremeten hasta contra los sectores populares.

“Si quieren matar al presidente, aquí está, mátenme si les da la gana”, gritaba Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 desde la ventana del edificio donde se habían concentrado miles de policías amotinados para protestar contra la aprobación de la ley de Servicio Público. Habían pasado ya varios minutos desde que había empezado a hablar por un micrófono improvisado en el medio de los abucheos y las amenazas generales.

Sin avances más significativos que insultos y chicanas recíprocas, el presidente ecuatoriano decidió bajar entre la muchedumbre para dialogar con los cabecillas de la rebelión policial. Fue recibido, casi de inmediato, por gases lacrimógenos y balas de plomo. Dos de sus escoltas personales fueron heridos de gravedad y con la máscara anti-gas puesta lo subieron a las apuradas a un auto que salió a toda velocidad. Llegados al hospital policial donde se refugió, sus guardias de seguridad comprobaron que había cuatro impactos de arma de fuego en un costado del coche presidencial.

Fue una de las jornadas más tensas que vivió en Ecuador en los últimos años, que recordaba un nefasto pasado de derrocamientos y golpes en el país que tuvo ocho presidentes en tan sólo 11 años. “La larga noche neoliberal”, la llama cada vez que tiene la ocasión Rafael Correa. Y cuando no la tiene, igualmente se refiere insistentemente a ella.

Es que el nivel de estabilidad democrática alcanzado en Ecuador, comparado con las décadas anteriores, es sin dudas un elemento distintivo que el presidente debe salir a recordar permanentemente. Bajo su dirección se encolumnaron partidos, movimientos, tendencias y sectores de los más heterogéneos con el objetivo de acabar con ese recambio neoliberal continuo teñido en violencia. Y el 30 de septiembre de 2010 también estuvieron allí.

De a poco las calles de Quito y otras ciudades del país se fueron llenando de aquel verde estridente que caracteriza los ropajes y las banderas de la revolución ciudadana, y tras 11 horas de cautiverio, y un confuso ataque a balazos al hospital donde se encontraba, el presidente fue rescatado. El golpe de Estado fue conjurado y por mucho tiempo los opositores más reaccionarios al gobierno de Correa debieron pensar más de una vez si volver rabiosamente a las calles.

Pero los acontecimientos de los últimos años volvieron a elevar la tensión política en Ecuador. Sectores concentrados y conservadores fomentaron el clima necesario para sacudir la estabilidad de un gobierno que fue perdiendo cierto apoyo popular allí donde más fuerte se sentía, en las urnas. Movimientos y partidos de izquierda quitaron su apoyo al presidente tras una serie de leyes y medidas que se alejaron progresivamente del proyecto original de la revolución ciudadana y la derecha volvió a contar con la fuerza necesaria para retomar las calles.

Con los antecedentes de Bolivia en 2008, Honduras en 2009, el mismo Ecuador en 2010, Paraguay en 2012 y Venezuela desde 2013, Correa se sumó rápidamente al discurso antigolpista, trazando una línea de demarcación que divide a la democracia, representada por su gobierno, y el golpismo de los medios de comunicación concentrados y varios actores sociales.

El gran dilema se presenta cuando muchos de aquellos sectores que fueron su base de apoyo para llegar y sostenerse en el poder, deciden cruzar esa línea y manifestarse abiertamente en contra de las políticas de su gobierno. El punto más alto de este fenómeno hasta hoy se vivió en el paro general de agosto pasado.

Este tipo de manifestaciones se habían desarrollado en los últimos años bajo el impulso de sectores de la derecha ecuatoriana, fomentados por medios tradicionales y con la participación de algún pequeño sector de izquierda o indígena. Pero en agosto pasado organizaciones estudiantiles, indígenas barriales y de trabajadores encararon el paro con una agenda propia. Aprovechando la Marcha del Levantamiento Indígena, la sexta desde 1990, se movilizaron en contra de las reformas constitucionales que prevén limitar derechos de participación y consulta a la ciudadanía, militarizar la seguridad pública, modificar el derecho a la sindicalización en la función pública y posibilitar la reelección indefinida del presidente de la República.

Muchos de ellos participaron activamente en la reforma constitucional de 2008, uno de los avances más importantes para los sectores populares en América Latina en cuanto a adquisición de derechos históricamente negados.

La respuesta más inmediata del gobierno fueron los discursos de Correa en esos días, que poco se desmarcan de la línea de los gobiernos socialdemócratas europeos. Llamó a no arruinar las carreteras “que tanto nos costó construir”, a prestar los servicios públicos y a la ciudadanía a “resistir” contra aquellos sectores indígenas y de la izquierda que lo llevaron, de hecho, al poder en 2007.

Sobre la ola de las intentonas desestabilizadoras en América Latina de la última década y las arremetidas de la derecha y clases altas ecuatorianas, indígenas y sindicalistas también fueron tildados de golpistas, y quien ayer gritaba mostrando el pecho a los policías insubordinados en 2010, hoy apela a la libertad de tránsito para menoscabar los cortes de ruta que organizaciones sociales ecuatorianas realizan amparadas en demandas cada vez más legitimadas por los sectores populares.

Ecuador recibe así el quinto aniversario del intento de golpe de 2010 con la desestabilización nuevamente como tema central en su agenda. Si bien estén efectivamente dadas las condiciones para que movimientos conservadores se lancen en alguna intentona, el principal escollo del gobierno para la estabilidad resulta ser el alejamiento de sus propios principios, acordados hace ocho años, a partir la profundización de un modelo extractivista y expulsivo. Y queda más que claro que si de golpe se va a tratar, no va a venir por izquierda.

Federico Larsen – @larsenfede

http://notas.org.ar/2015/09/30/golpes-golpismo-cinco-anos-intentona-policial-ecuador/