Hasta los mismos puentes de la frontera con los Estados Unidos llegaron este lunes los indignados agricultores mexicanos. Durante diez horas bloquearon el carril de importaciones del puente internacional Córdova-Américas que une las ciudades de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, en México. A diferencia de otros años, éste, los agricultores no se plantaron frente a la Cámara de Diputados para lograr incrementos en el Programa Especial Concurrente (PEC), es decir, todos los rubros del Presupuesto de Ingresos de la Federación destinados al campo. Por más que el PEC aumente, también aumentan las dificultades y penurias de los productores. Porque el presupuesto sólo es el punto de llegada de la política económica y agroalimentaria del régimen que lleva a la agricultura mexicana a la catástrofe.

Tan mala es dicha política que ahora los productores se encuentran en una terrible situación: sus bodegas están llenas, pero sus bolsillos están vacíos. Han incrementado su productividad, pero los costos de producción los están devorando, además de las pésimas políticas comerciales de un gobierno que gira todo en torno al modelo económico neoliberal que sigue de fracaso en fracaso.

Esta situación, ya insostenible, es la que llevó a cientos de agricultores a manifestarse en el norte de México, tanto en el puente internacional, como en varias carreteras. Buscan a manifestar su inconformidad con la manera como el Gobierno Federal conduce el sector productor de alimentos. De la urgencia y de la amplitud de la problemática hablan los numerosos grupos que ahí se dieronn cita: maiceros, frijoleros, manzaneros, algodoneros, chileros, lecheros, transportistas.

El principal motivo y a la vez principal demanda de la movilización de agricultores, sobre todo medianos, es que el Gobierno Federal detenga la espiral alcista de los costos de producción para la agricultura nacional que está golpeando fuerte diversos sistema- producto. El núcleo duro de los incrementos está en los energéticos. Las cifras que dan los productores son por demás contundentes:

El diesel agrícola en Estados Unidos cuesta el equivalente a 5 pesos mexicanos el litro; mientras que en México, 14 pesos con treinta centavos. Los fertilizantes, de acuerdo al Banco Mundial cuestan 200 dólares menos la tonelada en el mercado internacional que en nuestro país.

Comparan los precios actuales con los del año 2002: en ese entonces, con el barril de petróleo a 50 dólares, los agricultores le pagaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 25 centavos por kilowatt/hora de energía para riego agrícola; el diesel costaba cinco pesos el litro y la gasolina, siete pesos. Hoy, con el precio del barril de petróleo apenas llegando a 39 dólares, la CFE cobra el kilowatt/hora a 52 centavos, el doble que hace 13 años, el precio del diesel se ha elevado en más de un 180 por ciento y el de la gasolina , en casi un 100%.

No sólo es el desproporcionado incremento de los energéticos, también afecta a los productores nacionales, orientados al mercado interno, la devaluación del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar. Hay que tomar en cuenta que una buena parte de las semillas mejoradas tienen que importarse pues la estructura nacional para producirlas la desmantelaron los neoliberales. Ahora con mismo dinero los agricultores adquieren una cuarta parte menos de las semillas, de los fertilizantes y de los agroquímicos que podían adquirir hace un año. Lo mismo sucede con las refacciones y los implementos agrícolas que tienen que reponer.

A la escalada ascendente de los costos de producción hay que agregar la persistente tendencia a la baja de los precio internacionales de las “commodities”, es decir, los productos agrícolas y las materias primas, que es otra puñalada más a la economía de los productores.

Por si fuera poco, ASERCA la instancia gubernamental que se dedica a la fijación de precios de referencia, de subsidiar la comercialización de alimentos básicos, se encuentra muy retrasada en el pago de subsidios tanto a productores como a comercializadores. Tan sólo en el granero del país, el estado de Sinaloa los maiceros reclaman se les cubran cinco mil millones de pesos (unos trescientos millones de dólares),que se les deben por sus cosechas. En Chihuahua el Gobierno Federal adeuda un total de mil 634 millones de pesos (unos cien millones de dólares), por coberturas de maíz, frijol, algodón, trigo y sorgo y apoyos a productores y a empresas comercializadoras.

Toda esta política de costos de producción revela que la Secretaría de Agricultura del gobierno mexicano no es más que una dependencia de la Secretaría de Hacienda, pues la lógica que prevalece no es la de producir más y mejores alimentos para el Pueblo de México, sino la de las exigencias tecnocráticas y financieras de quien maneja la política económica del país.

Está sucediendo lo que a mediados de los años sesenta: el sector agropecuario mexicano se encuentra exangüe de tanto transferir valor a otros sectores de la economía nacional. Está demostrando su gran capacidad productiva, pero a pesar de ello, enfrenta un serio proceso de descapitalización, en primer lugar, por la escalada de costos de producción en segundo, por la equivocada política de precios y subsidios, y en tercero, por la integración económica internacional subordinada promovida del Gobierno Federal. La negociación del Acuerdo Transpacífico a espaldas de los productores del sector agroalimentario vendrá a impactar muy negativamente la producción nacional de alimentos básicos y generará aún más desempleo en el sector. Ya se avizoran graves afectaciones para los productores de leche, azúcar, café y manzana, entre otros.

Así, las políticas librecambistas y neoliberales de quienes detentan el poder político y de las trasnacionales del agronegocio apuntan directamente a desmantelar el aparato productivo de alimentos y materias primas de México, para hacerlo todavía más dependiente de las importaciones tasadas con un dólar caro y compradas con un petróleo muy barato. Ya compramos al extranjero más del 40% de lo que nos comemos. El camino al colapso.

- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de  la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.