El recuerdo de los terribles hechos de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1986, ha mostrado con mayor claridad la cadena de ilicitudes y actos de barbaridad cometidos por las fuerzas armadas y sus batallones en la operación estratégica para recuperar este  centro de la justicia nacional que había sido copado por un importante destacamento de las guerrillas urbanas del Movimiento 19 de abril para exigir al gobierno del señor Belisario Betancur el cumplimiento de varios acuerdos y compromisos surgidos de los diálogos con los grupos insurgente en aquel momento (1985).

Actuando al margen de la Constitución y de la Ley, generales y oficiales procedieron violentamente a la destrucción y aniquilación de las personas localizadas en ese momento en dicha institución.

Hoy, por los múltiples testimonios y las fundamentadas investigaciones penales, sabemos que la tropa y sus comandantes asesinaron a sangre fría a magistrados, empleados y guerrilleros. Torturaron, desaparecieron y acomodaron los escenarios criminalisticos para propiciar la impunidad y confusión en la tarea del esclarecimiento sobre estos aberrantes sucesos que aun hoy, 30 años después, siguen en la más completa obscuridad.

Tal como lo señala la columnista María Isabel Rueda, en el periódico El Tiempo, recogiendo las afirmaciones de un ex ministro de Betancur allí lo que se dio fue un golpe de estado.  “La versión del ex ministro de Comunicaciones, amigo íntimo y muy cercano consejero de Belisario, Bernardo Ramírez (q. e. p. d.), citado en El Palacio sin máscara, de Germán Castro Caicedo, es otra. Su autor asegura que “con anuencia del propio Betancur”, Ramírez dijo: “Fue un golpe de Estado técnico. Los militares desobedecieron la orden del Presidente: vayan al Palacio de Justicia, hay que recuperar la autoridad, pero, por favor, cuiden, primero que todo, la vida de los rehenes, y de los guerrilleros también, porque esos son seres humanos. (...) Pero los militares, como estaban sedientos de venganza, y esos mandos de la época eran siniestros, les chorreaba sangre de las manos, fueron a lo que querían: vengarse de todas las humillaciones que habían sufrido, de pronto por su propia incompetencia. De modo que para mí es muy claro: hubo un golpe de Estado de los militares” (http://bit.ly/1Sc3zfC).

Era la época de las dictaduras sangrientas de los militares en América Latina. La cúpula castrense colombiana venia de tener todas las prerrogativas otorgadas por el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Tenían, como lo tiene hoy, todo el poder y la discreción para actuar autónomamente imponiendo la barbaridad y brutalidad que los caracteriza como defensores y guardia de los interese de las minorías oligárquicas.

La memoria histórica de aquellos tenebrosos hechos ha hecho que amplios sectores de la sociedad y sus más destacados directivos repudien la salvajada militarista. Hasta el propio señor Santos cambio de opinión, como suele ocurrir con frecuencia en él. María Jimena Duzan nos lo recuerdo en su última columna para señalar que:

“…es la primera vez en 30 años que un presidente pide perdón y acepta todo lo que el Estado se ha negado a admitir cada vez que le ponen el tema del holocausto de la justicia. En el perdón que pidió Juan Manuel Santos, recuerda que el acto terrorista -a todas luces condenable- lo cometió el M-19, pero admite que hubo hechos muy graves en la retoma que aún no están resueltos; que hubo personas desaparecidas cuyos cuerpos todavía no han podido ser encontrados y puso de presente un caso que ningún gobernante antes había admitido: el del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo apareció en el palacio con las yemas de los dedos cortadas y con muestras de haber sido torturado. Años después la Fiscalía probaría que había salido vivo del asalto.

“Hay que abonarle al presidente Santos el cambio de opinión, porque hace tan solo tres años pensaba lo contrario. El día en que se conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le pidió a la Corte Penal Internacional investigar presuntas responsabilidades del presidente de entonces, Belisario Betancur, al tiempo que se le ordenaba al Ejército colombiano pedirle perdón a las víctimas del holocausto, su reacción fue muy diferente: descalificó el fallo diciendo que carecía de “sentido jurídico” y que más bien él iba a pedirle perdón al propio expresidente Belisario Betancur, “a nombre de todos los colombianos por haberlo puesto en esta situación nuevamente”. Y por si esto fuera poco, más adelante afirmó que “en lugar de poner al Ejército en la picota lo que se debería hacer era pedirle perdón a la institución por no ser lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos”.

“Falta ver si los militares siguen al presidente Santos en este perdón. El hecho de que no estuvieran presentes en la ceremonia ni el ministro de Defensa, ni los altos mandos militares ha suscitado más de una suspicacia.

“Hasta ahora a los militares que tuvieron que ver con la retoma -y que hoy están pagando condena por los excesos cometidos en el uso de la fuerza- no se les ha cruzado por la mente pedirle perdón a las víctimas del Palacio de Justicia. Por el contrario, el hoy condenado general Arias Cabrales dijo, desde su lugar de prisión, que luego de 30 años de sucedidos los hechos no se arrepiente de nada de lo que hizo. (Ver especial de SEMANA del Palacio de Justicia). Lo mismo ha dicho el coronel Plazas Vega, quien pronunció una de las frases que hacen parte de la iconografía del holocausto de la justicia: “Estamos defendiendo la democracia… maestro”, le dijo a un periodista que le preguntó por la retoma. Al fondo, recuerdo, se veía el Palacio de Justicia ya en llamas. Después el país sabría que a esa misma hora la mayoría de los magistrados que estaban en el cuarto piso probablemente ya no estaban vivos. Cuatro años después, el testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, un exagente del B-2, contó cómo el Ejército desapareció a varios de los civiles que quedaron atrapados en la toma. Treinta años después del holocausto de la justicia, el número de desaparecidos sigue siendo incierto y Eduardo Umaña Mendoza, el adalid en esa causa para dar con el real paradero de esas personas, fue asesinado. Su crimen sigue impune y se cree que su muerte tuvo que ver con su interés por investigar el tema de los desaparecidos en el palacio.

“Plazas Vega, además, ha sostenido de manera insistente que no quiere ninguna amnistía porque no hizo nada indebido y señala a los familiares de las víctimas desaparecidas en la retoma como los responsables de haberle fabricado falsos testigos para incriminarlo. Para todos los que han intervenido en su condena son o auxiliares de la guerra o títeres del comunismo internacional.

“El propio Estado ha sido históricamente solidario con estos oficiales cada vez que la justicia los ha llamado a cuentas. Cuando Alfonso Gómez Méndez firmó la destitución de Arias Cabrales, el ministro de Defensa del gobierno Gaviria, Rafael Pardo, en una carta le informó que acataba la orden, pero que la consideraba “totalmente injusta”. Y en 2006, cuando la fiscal Buitrago puso presos a Arias Cabrales y a Plazas Vega, el gobierno de entonces de Álvaro Uribe, con su ministro de Defensa a la cabeza, dijo que la decisión de la Fiscalía era totalmente injusta. A los pocos años, Ángela Buitrago fue forzada a dejar su cargo y los sectores de la ultraderecha felicitaron su salida porque la consideraban como la fiscal de las Farc.

“Los ministros de Belisario Betancur, como Jaime Castro y Noemí Sanín, insisten que no hubo vacío de poder y que ellos estuvieron al tanto de todo y que se tomó la decisión de no negociar porque se llegó a la conclusión –bastante ingenua por lo demás-, de que las intenciones del M-19 era tomarse el poder e instaurar un gobierno nuevo. Pensar que un movimiento urbano, que venía siendo duramente golpeado en las ciudades, podía tomarse el poder y tumbar al gobierno de Belisario, era tan absurdo como la tesis que esbozaba la ultraderecha en ese momento, según la cual, si las Farc se desmovilizaban producto de los acuerdos de La Uribe, el comunismo internacional se iba a tomar el país. Pese a lo descabellada de la tesis, hizo carrera hasta acabar con el proceso de paz y ‘legitimar’ en ciertos sectores el genocidio de la UP” (http://bit.ly/1S9fryY).

Lo que repugna de todo esto es el cinismo de los militares. Los generales de hoy siguen en las mismas de hace 30 años. Siguen en su anticomunismo. En su acción contrainsurgente y paramilitar. En su adicción a la guerra contra los campesinos. En sus planes golpistas contra la Constitución.

Es lo que lleva a pensar que las actuales operaciones de sabotaje contra la tregua de las Farc que adelantan brigadas, batallones, fuerzas especiales y comandos contra guerrilleros de asalto por todo el pais, van a derivar en otro Palacio de justicia que eche al traste los diálogos de paz y los avances alcanzados hasta el momento por la Mesa de La Habana.

Los generales de ultraderecha que dominan en la cúpula militar son una rueda suelta del Estado que actúan para hacer colapsar el importante proceso de paz.

Lo peor es el silencio y la complicidad del mando civil en cabeza del jefe de la Casa de Nariño y su Ministro de Defensa, el señor Villegas.

Lo que procede es la más amplia denuncia de esta grave situación. La sociedad civil y el movimiento social tienen que actuar para defender las conquistas alcanzadas en materia de paz y fin de la violencia.

Lo que procede es una tregua bilateral previa como lo ha plantead recientemente la delegación plenipotenciaria de las Farc en la Habana (http://bit.ly/1Mk4jMc)