Malos tiempos para la política: el debate público se reduce a la hospitalización de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, los convivios de los diputados, la conformación del equipo de gobierno de Jimmy Morales, la inocua ley de tarjetas de crédito, la depuración del Congreso y solamente del Congreso, la elaboración del presupuesto del Estado (estructuralmente limitado y condicionado) o el enésimo intento de incrementar de forma provisional los impuestos, sin acometer la reforma fiscal y la reforma de leyes que impidan la corrupción.

El debate que llenó plazas y medios de comunicación antes de las elecciones parece aplazado o menospreciado. No se reflexiona sobre la recuperación colectiva de la institucionalidad y la democracia privatizadas; la creación de nuevas condiciones para la participación política cae en el olvido; se elude la polémica sobre la necesidad de transformaciones profundas que superen la crisis de autoridad y legitimidad; la corrupción como sistema y su vinculación con el modelo económico y el Estado construido para la acumulación desaparece de las portadas.

La mediocridad (de mediocre: lo que no tiene valor), la pereza analítica y los marcos predeterminados de pensamiento vuelven a dominar sobre el pensamiento complejo y arriesgado. Pasamos, sin continuidad, de la denuncia de un sistema caduco y la propuesta de cambios contenida en la consigna "En estas condiciones no queremos elecciones" a ensalzar la fortaleza de la democracia y el poder ciudadano ejemplos para el mundo (a pesar de que realizamos elecciones en las peores condiciones de idoneidad, capacidad, honestidad, transparencia y posibilidad de elección, con decenas de candidatos más aptos para la cárcel que para el ejercicio del poder político).

Se generaliza el discurso de la estabilización y normalización del modelo político; y el discurso de la legitimación de este modelo tras la elección de un nuevo Presidente que proviene, dicen, de los márgenes o las afueras de la política. Bajo esta lógica argumental la depuración de los poderes ejecutivo y legislativo (gobierno "patriota", partido Líder) y la elección de nuevos gobernantes el 25 de octubre dan respuesta a las demandas sociales y sientan las bases para un nuevo ejercicio del poder.

Sin embargo, la estabilización y legitimación del modelo político y la democracia actual son improbables, antes y después de las elecciones, con o sin Jimmy Morales, por cuatro dinámicas fundamentales:

1) la crisis, de carácter estructural, no se resuelve con soluciones parciales o con vieja política disfrazada de buenas intenciones (lo que, hoy por hoy, ofrecen el nuevo congreso, el presidente electo y las elites económicas). Es decir no se resuelve sin reformas profundas que sacudan el árbol del poder.

2) las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público van a continuar debilitando estructuras y formas autoritarias de ejercer el poder (más allá de las personas directamente señaladas). Una vez iniciada, la lucha contra la corrupción no puede detenerse sin costos políticos. En un escenario ideal, la lucha contra la impunidad deja de ser monopolio de la CICIG y sectores del Ministerio Público y abre un escenario de transformaciones.

3) las contradicciones y disputas intraelitarias no finalizan con la llegada de un nuevo gobierno: el pacto de élites o los sucesivos pactos (alrededor del Partido Patriota recientemente, el pacto constitucional del 85) todavía no dan paso a un nuevo pacto o lo constituyen de forma parcial y frágil, necesariamente temporal (una coyuntura que he denominado anteriormente de disputas y escenarios abiertos, repleta de contradicciones y fisuras).

Las contradicciones y disputas incluyen tensiones economía criminal-economía emergente-oligarquía, disputas geoestratégicas, disputas empresariado-operadores políticos, y se hacen visibles en: el alcance de la lucha contra la corrupción y por tanto del mandato de la Cicig y el MP; la depuración del Congreso y el deseo de un gobierno presidencialista que supla al legislativo; la elección de la Corte de Constitucionalidad; el control del contrabando y nombramientos clave en el próximo gobierno: Superintendencia de Administración Tributaria, Aeronáutica, Aduanas, Portuarias, nuevo equipo de seguridad.... En este sentido, considero que el nuevo Presidente no representa estrictamente los intereses de las élites tradicionales y emergentes, así como no asegura los intereses de seguridad hemisférica de Estados Unidos ni la gobernabilidad desde el punto de vista de estos actores. Jimmy Morales es solución de emergencia y corto plazo en una coyuntura que rebasa los mecanismos tradicionales de control del Estado.

4) la continuación de la indignación y la protesta amenaza el esquema de poder construido históricamente.

Las plazas múltiples de la protesta y la propuesta

Los discursos de legitimación y normalidad democrática se acompañan del discurso de la inutilidad o el agotamiento de las protestas sociales. Así imagino un comunicado oficial sobre las protestas recientes:

Conseguidos los grandes objetivos de las manifestaciones iniciadas el 25 de abril (Renuncia Ya, No te toca Baldizón, Elecciones como consolidación del poder ciudadano) dejan de tener sentido o deben perder intensidad las demandas sociales en las calles. La estabilidad institucional está garantizada (cambio). El enemigo ha sido derrotado por default (cambio). La guerra ha terminado (cambio y cierro).

Pero el escenario ideal para actores de poder (el repliegue de las movilizaciones, el vaciamiento de las plazas) desconoce la emergencia de nuevas voces y demandas (en un sentido generacional y de recuperación ética y colectiva de la política) y la articulación de estas nuevas voces (jóvenes, sectores urbanos, estudiantes, clase media) con las luchas históricas.

No existe hoy una sola plaza, sino plazas múltiples y diversas de la indignación, la protesta y la propuesta. Y no podemos entender las movilizaciones desde el 25 de abril sin vincularlas con la organización y resistencia histórica de comunidades indígenas, movimiento de mujeres y movimientos sociales. Uno de los aportes y distintivos de las movilizaciones recientes es la convergencia de actores, demandas, formas de participación, generaciones, historias, identidades, coyunturas y estructuras, que permite trascender la indignación ante casos específicos de corrupción.

Tras las elecciones, las modalidades y espacios de protesta se modifican y renuevan, sin que ello implique la desmovilización o el abandono de la exigencia de transformaciones estructurales: del Estado-institución, de las relaciones sociales, de los valores y las ideas, de lo colectivo, lo personal, lo público y lo privado. El movimiento social guatemalteco (más apropiadamente, movimientos) fortalecido desde el 20 de abril[1], continúa demandando cambios de fondo en el modelo político y social, a partir de procesos organizativos en consolidación y crecimiento. Los ejemplos de esto abundan, cada uno con su dinámica propia de organización y demanda, no siempre coincidente. Desde septiembre observamos:

estructuración de la Asamblea Social y Popular,

continuidad de las movilizaciones en el Parque Central,

definición de líneas estratégicas de acción de los colectivos Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana,

convocatoria a manifestación en el mes de enero de Justicia Ya e inicio de un proceso de auditoría social de las nuevas autoridades e instituciones del Estado,

fortalecimiento de las movilizaciones y articulación en el Occidente (colectivo Vos), Quiché (movimientos contra la corrupción en Santa Cruz y Chajul, entre otros) y Tezulután-Alta Verapaz (consolidación de los procesos de autonomía de los pueblos y defensa del territorio),

lucha por la recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios y de la Universidad como espacio público,

continuidad de la articulación histórica de universidades privadas y la universidad estatal en la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala,

fortalecimiento de las acciones en defensa del territorio y la vida y por la libertad de los presos políticos,

multiplicación de múltiples espacios de lucha (huelgas de hambre, manifestaciones artísticas, conversatorios, debates, publicaciones), que fortalecen el pensamiento y la acción críticas,

hipersensibilidad social alrededor de la desatención en la salud, desnutrición crónica, y otras (la indignación no conduce necesariamente a la organización y los cambios de fondo, pero no es despreciable su fuerza movilizadora y concientizadora, y su capacidad de convertirse en respuesta a la naturaleza corrupta, injusta e impune del actual Estado).

Frente a la crisis: ruptura popular y democrática

El proceso electoral finalizado el 25 de octubre con la elección del candidato de una alianza militar-empresarial (Frente de Convergencia Nacional) superó temporalmente una de las mayores crisis políticas de la historia de Guatemala, y amplió los márgenes para la rearticulación y reconfiguración del modelo de dominación. Pero la contradicción de este momento es que la negativa del sistema a realizar cambios se revierte y actúa contra el sistema mismo. Se agota la hoja de ruta oficial, que mueve cartas sin modificar el mazo, ensaya reformas limitadas o traslada a otros la responsabilidad de los cambios.

Paradoja política y oportunidad para las luchas sociales: la crisis de autoridad (el modelo unipersonal, corrupto, impune, mercantilizado e injusto de ejercicio del poder) solamente se resolverá con nuevas formas de autoridad compartida y democrática (Boaventura de Sousa Santos), es decir, con cambios profundos que sustituyan los pactos de élites por pactos colectivos desde los pueblos, comunidades y sectores.

En este momento histórico estamos en una encrucijada: la continuidad, no exenta de sobresaltos ni violencia, del modelo de dominación, o la ruptura y la desconexión con este Estado, fortaleciendo un proceso constituyente popular y fundacional que ya se ha iniciado a través del ejercicio de la autonomía comunitaria en defensa del territorio o de las múltiples propuestas de soberanía construidas desde las organizaciones sociales.

No desconocemos las amenazas de continuidad o profundización del modelo de acumulación, con la imposición acelerada de las medidas que el gobierno patriota dejó pendientes (ley de inversión y empleo, masificación de las zonas francas o ciudades modelo, militarización de la seguridad, concesiones extractivas masivas, reversión de investigaciones contra funcionarios del ejecutivo anterior, persecución y debilitamiento de las resistencias comunitarias y de organizaciones sociales, anulación de los derechos laborales y los derechos colectivos, deslegitimación de los derechos de movilización, participación, expresión, entre otras). Pero la acumulación de fuerza social y la apertura de nuevos espacios de protesta generan condiciones para enfrentar esta ofensiva.

En esta encrucijada se requiere profundizar las articulaciones; construir rutas estratégicas; complementar acciones y tender puentes entre la conducción de los procesos (necesaria) y la (igualmente necesaria) explosión de la creatividad y la espontaneidad; fortalecer la formación, el debate, el diálogo y la reflexión política con todos los sectores, organizados o no, indignados o todavía en proceso.

No es el tiempo de los gobiernos ni de los partidos, ni de perder el tiempo en debates insulsos. Es la hora de construir una nueva Guatemala desde las comunidades diversas, sectores y pueblos, y desde sus propuestas autónomas de una nueva organización social, política y económica, que no tienen como centro el enriquecimiento, el individualismo excluyente, la explotación y la violencia como instrumento para el éxito, la democracia electoral y el Estado finca, sino la vida, la comunidad, la solidaridad y los derechos colectivos.

Fuente: http://www.memorialguatemala.blogspot.com/2015/11/el-tiempo-de-construir-un-nuevo-pais.html