Al finalizar el año 2015, la “crisis” o desaceleración económica en América Latina ha sido el proceso de mayor impacto; y, de acuerdo con el “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2015” de la Cepal, se ha caracterizado, entre otras variables, por el derrumbe de los precios de los productos básicos de las exportaciones latinoamericanas y particularmente de los hidrocarburos. A ello se une la caída del flujo de los recursos financieros así como de la inversión extranjera; la contracción del PIB; el hecho de que por primera vez, desde 2009, todos los países presentan déficits fiscales; y, a consecuencia de todo esto, el incremento del desempleo y del subempleo (http://goo.gl/jPY6o9 ).

Si el triunfo de Macri fue una campanada de alarma en América Latina y particularmente para los gobiernos progresistas y de nueva izquierda, lo ocurrido en Venezuela ha sido un duro golpe que enciende alarmas rojas en la región.

Si eso ha ocurrido en la economía, el impacto político ha sido aún mayor por el triunfo  presidencial de Mauricio Macri en Argentina, el pasado 22 de noviembre, con apenas 2 puntos de diferencia frente a Daniel Scioli; así como el éxito de los anti chavistas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que el 6 de diciembre alcanzaron 112 curules en la Asamblea Nacional en Venezuela, frente a los 55 puestos que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Si el triunfo de Macri ya fue una campanada de alarma en América Latina y particularmente para los gobiernos progresistas y de nueva izquierda, la pérdida del chavismo en Venezuela ha sido un duro golpe que enciende alarmas rojas en la región.

Pero, aunque las causas de las restauraciones conservadoras en Argentina y en Venezuela pueden tener múltiples lecturas y respuestas, para el conjunto de nuestra América Latina también es necesario derivar algunas lecciones, porque lo que ocurrirá en adelante en esos dos países será un espejo de lo que seguramente ocurrirá si las derechas económicas y políticas logran triunfar en otros países con regímenes progresistas y de nueva izquierda.

Paradójicamente Argentina y Venezuela se convierten así en una especie de “laboratorio” para estudiar los alcances de la restauración conservadora.

Entre otros aspectos que cabe considerar para la discusión latinoamericana, al menos señalo cinco.

UNO. Ante todo, cabe destacar que los gobiernos progresistas y de nueva izquierda, aunque exhiben algunos rasgos que los identifican y, además, participan de comunes aspiraciones sociales, políticas y latinoamericanistas, también deben ser vistos a través de las profundas diferencias que demuestran entre ellos, sobre todo en el rango de las radicalidades transformadoras.

En Venezuela, los empresarios anti-chavistas y el imperialismo agudizaron la guerra económica, una estrategia que tiene su antecedente en Chile, contra el presidente Salvador Allende.

En Venezuela, con fuerte organización y movilización populares, sin embargo pesó la grave situación de la economía; mientras en Argentina pesaron más una serie de factores políticos que inclinaron el triunfo para el “macrismo” que, de todos modos, tiene medio país en contra.

Pero, siendo un peligro para América Latina, no es inminente la restauración conservadora en los otros países, aunque Dilma Rousseff sufre el embate de una oposición sin escrúpulos para llevar adelante un verdadero golpe de Estado institucional.

En Bolivia, la economía no presenta rasgos críticos y acompaña al reconocido éxito gubernamental de Evo Morales, sin que nada sea previsible con respecto al referendo de febrero de 2016, que buscará una reforma constitucional para prolongar el mandato del presidente;  y en Ecuador la economía ni se ha derrumbado a los niveles de desastre que magnifican los “anti-correístas”, ni se cuenta con una oposición unificada, capaz de ofrecer una alternativa electoral de derecha sólida y triunfante para el 2017. Al menos no, por el momento.

DOS.- Los gobiernos progresistas y de nueva izquierda, que hasta hoy habían tenido una fase de euforia popular, auge social y hasta avance económico, se encuentran bajo una nueva coyuntura en la que es evidente que a estas alturas de su vida política tienen a tres fuerzas altamente poderosas que los confrontan de distintas maneras.

Por una parte, los empresarios de derecha y elites adineradas (burguesías) en nada dispuestos a que sus intereses económicos y posición social sean cuestionados; el imperialismo como expresión de potencias hegemónicas y del capital transnacional, que ha actuado para impedir que los gobiernos referidos se conviertan en un “modelo” de interés mundial como alternativa al capitalismo o dentro de él.

A esto se une el sector privado más influyente de medios de comunicación, que sigue librando una batalla ideológica y cultural a diario, a través de editoriales, opiniones, noticias, desinformaciones y hasta mentiras, con lo cual buscan quebrar voluntades y conciencias ciudadanas, además de ponerse al servicio indiscutible de la defensa de las burguesías y el imperialismo.

¿Qué estrategias cabe adoptar frente a estas fuerzas vivas de la restauración conservadora? Y, sobre todo, ¿están dispuestos a enfrentarlas con la radicalidad debida los gobiernos identificados con la tendencia progresista en la región?

El campo de la batalla ideológica y cultural se ha inclinado a favor de los grandes e influyentes medios de comunicación. En Argentina se ha dicho que en las elecciones no solo ganó Macri, sino también el grupo “Clarín”. En Brasil se sostiene que cumple un papel opositor la cadena “O Globo”.  

Algo similar pasa en Bolivia. Y en Ecuador conocemos muy bien el papel de esos medios abiertamente convertidos en agentes de la lucha política contra el “correísmo”. Tanto en Argentina como en Venezuela los primeros anuncios de los triunfadores apuntaron contra los medios de comunicación públicos, porque saben que acallando esas voces no habrá alternativa alguna al dominio ideológico de las elites del poder.

De acuerdo con información de Telesur, los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión tuvieron que salir al aire para solidarizarse con sus compañeros de ANTV y AN-RADIO por los ataques del político Henry Ramos Allup, quien les tildó de “cloacas” por el desempeño de sus labores (http://goo.gl/z2bRVn ).

En Argentina está en jaque la ley de medios, a tal punto que han comenzado a movilizarse en las calles los ciudadanos dispuestos a no dejarse arrebatar los logros del “kirchnerismo”, en un país que tiene, por lo demás, una larga tradición en la movilización y lucha de las masas, particularmente desde la época de nacimiento del peronismo.

TRES.-Toda Latinoamérica entró en el ciclo de recesión económica, cuyo impacto igualmente tiene distintos alcances entre los gobiernos progresistas. En Venezuela, los empresarios anti-chavistas y el imperialismo agudizaron la guerra económica, una estrategia que tiene su antecedente en Chile, contra el presidente Salvador Allende. Sin embargo, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no abandonó las inversiones sociales.

Pero en Venezuela se evidenció que, ante la escasez programada y el desabastecimiento inducido; ante los problemas de atención en una serie de servicios públicos; frente a la corrupción difícil de abatir e, incluso, como reacción a los errores y limitaciones en la conducción económica gubernamental,  prendió un descontento generalizado que hoy adquiere significación política, pues el pronunciamiento electoral de la mayoría poblacional ha sido una verdadera sanción contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Tras aceptar los resultados, el presidente Maduro tuvo que expresar: “Cierto que hemos tenido un revés, la guerra económica de tres años hizo estragos…Llevó a parte de la población contra ellos mismos, se los digo desde el corazón de un obrero. Ese voto lo entiendo pero fue un error. Ya están anunciando que van a derogar las leyes del poder popular” (http://goo.gl/3PRiKI).

En Ecuador, el avance económico, que posibilitó fuertes inversiones públicas en la provisión de servicios sociales y populares, empezó a frenarse con el desate de la crisis mundial y, sobre todo, la caída de precios del petróleo y la apreciación del dólar. Se han vuelto evidentes las serias dificultades del Estado ante la limitación de recursos, de modo que el gobierno ha debido acudir a recortes presupuestarios y a la adopción de una serie de medidas que se inclinan favorablemente al empresariado y postergan una mayor radicalidad de la Revolución Ciudadana.

De otra parte, las derechas políticas y las burguesías tienen suficiente experiencia histórica para saber cómo obrar en medio de las crisis en América Latina: lo normal ha sido trasladarla a los sectores medios y populares con ajustes y paquetes de medidas que -como ocurrió en la región durante las décadas finales del siglo XX y bajo la etiqueta del neoliberalismo-, se tomaron sin importar la ruina social y laboral, porque había que salvar a las empresas.

Y, de ser necesario, no hay empacho alguno en acudir a la represión. Allí están, como reflejos históricos, el “caracazo” (1989) en Venezuela; o el “corralito” (2001) en Argentina, y en Ecuador, la “sucretización” de las deudas privadas (1983 y 1987), o el feriado con “salvataje” bancario hasta llegar a la dolarización (1999-2000). Siempre perdieron el Estado y los ciudadanos, pero no los propietarios del capital.

En cambio, los gobiernos progresistas y de nueva izquierda carecen de una experiencia histórica similar frente a las crisis económicas; tampoco han desarrollado una teoría económica ni unas políticas destinadas a afrontarlas sin medidas que afecten a los sectores populares; de ningún modo pueden ejecutar políticas de represión ciudadana para salvar a la empresa privada.

Asimismo se ven, de repente, ante el problema de profundizar la redistribución de la riqueza, minar la concentración de capitales, profundizar la economía popular y, al mismo tiempo, evitar un derrumbe mayor de la economía, porque entonces las leyes del capitalismo, aún no derrotado, empiezan a actuar en su contra.

Los logros sociales de los gobiernos progresistas han sido reconocidos por la Cepal, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, e incluso, en el informe de 2015 del PNUD sobre América Latina y el Caribe, de modo que hay datos objetivos y contundentes para probarlo.

 CUATRO.- Los logros sociales de los gobiernos progresistas han sido reconocidos no sólo por la Cepal, sino también por las Naciones Unidas, el Banco Mundial e incluso el Fondo Monetario Internacional, de modo que hay datos objetivos y contundentes para probarlo, como puede leerse en “Un socio para el desarrollo sostenible”, informe de 2015 del PNUD sobre América Latina y el Caribe (http://goo.gl/MEAscT ).

En él se reconoce, por ejemplo, que Venezuela tiene un alto desarrollo humano, se ubica entre los países con mayor equidad social y también goza de estabilidad laboral como fruto de la orientación tomada por la Revolución Bolivariana. De Argentina, Bolivia o Brasil se puede decir algo parecido; y en Ecuador los avances sociales desde 2007 son inéditos con respecto a toda la historia republicana anterior.

Pero los logros sociales no han bastado ni en Argentina ni en Venezuela. Probablemente tampoco la organización y la movilización populares, superior en Venezuela frente, por ejemplo, a lo que ocurre en Ecuador, donde es cierto que en nueve de los diez procesos electorales ocurridos desde 2007 ha tenido respaldo indiscutible la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el respaldo simplemente electoral es igualmente frágil y se rompe con el avance de los problemas económicos.

Resulta mucho más importante la “conciencia de clase” que destacara siempre Karl Marx, o la “hegemonía” de una cultura de izquierda, en los términos examinados por Antonio Gramsci. El trabajo para lograrlo es el mayor desafío que tienen hoy los gobiernos progresistas.

CINCO.- Los gobiernos progresistas y de nueva izquierda no pueden ser observados con las mismas categorías y concepciones que sirvieron para el análisis de otros momentos históricos, porque su propio ciclo y experiencia son únicos e inéditos en la trayectoria política de América Latina.

Son los intelectuales, editorialistas, analistas y opinadores contrarios a los gobiernos progresistas los que han utilizado viejas etiquetas conceptuales, identificándolos como populistas, caudillistas, simples modernizadores capitalistas, “hiperpresidencialistas”, dictaduras, regímenes autoritarios, etc., etc.

Lo peor es que en esa misma línea también han argumentado intelectuales y políticos que asumen representar la “auténtica” izquierda y hasta el “verdadero” marxismo, quienes, como ocurre en Ecuador, han generado argumentos que son utilizados precisamente por las derechas para sus ataques.

Esas izquierdas tradicionales, por su dogmatismo y sectarismo, no han sido capaces de entender lo que significa la existencia de los gobiernos progresistas y de nueva izquierda en la perspectiva anti capitalista de más amplio plazo. Y, al final de cuentas, poco o nada significan como alternativa válida.

En Ecuador, la pomposa “Unidad Plurinacional de las Izquierdas”, que agrupó a viejos militantes y grupos partidistas de izquierda, junto a líderes y sectores indígenas, de trabajadores y de ambientalistas, que solo son fracciones de los divididos movimientos sociales, apenas obtuvieron el 3% de los votos en las elecciones de 2013, el último referente de carácter nacional.

Finalmente, los puntos resaltados no agotan el panorama del análisis. Quedan como propuestas de interpretación para la reflexión común latinoamericana, pues solo un trabajo colectivo de evaluación de la restauración conservadora en la región continuará dándonos luces sobre los diversos caminos que tiene la edificación de una nueva sociedad.

Quito (desde Módica-ITA), diciembre 28 de 2015

- Juan J. Paz y Miño Cepeda es Investigador, profesor y articulista ecuatoriano.

Fuente: Prensa Latina, Firmas Selectas