“La misión del Grupo OHL se ha basado siempre en un absoluto compromiso con la ética, la integridad y el respeto a los derechos humanos”, afirma Juan Miguel Villar-Mir, presidente de la constructora, en el código ético de la empresa. Agbar, siguiendo una línea similar, plantea “el cumplimiento de las leyes y normativas, la integridad, la lealtad y la honradez” como los ejes fundamentales que guían su comportamiento, del mismo modo que Iberdrola sitúa la ética en el centro de su estrategia de negocio.

Pero todos estos “principios éticos”, a pesar de que están recogidos en los códigos de “responsabilidad social” de las grandes empresas españolas, entran en contradicción con las prácticas cotidianas de estas mismas compañías. Así lo demuestra la sucesión de casos de fraude, evasión fiscal, formación de cárteles y manipulación de precios que hemos ido conociendo durante este año que ahora termina.

Iberdrola: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en diciembre de 2015 una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola por una “conducta muy grave”. Y es que dos años antes, según la CNMC, Iberdrola, “consciente de la existencia de un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el precio del mercado”. ¿El resultado? Una subida en los precios de la electricidad que repercutió en ganancias para la compañía (21,5 millones de euros) y en un gasto de 105 millones de euros para los consumidores y consumidoras. Esta manipulación de los precios fue realizada la semana anterior y la posterior al llamado “tarifazo”, que se produjo cuando las subastas de electricidad establecieron un aumento del 11% en la tarifa eléctrica para 2014. Eso sí, el escándalo que generó esta escalada de precios en plena crisis económica, con cada vez más población sumida en la pobreza energética, hizo que el gobierno español finalmente anulara la subasta en la que se disparó la tarifa y fijase un incremento del 2,3%.

Y no ha sido el único caso en que la CNMC ha multado a grandes corporaciones por conformar cárteles para repartirse el mercado y pactar precios: las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr en el caso de la gestión de residuos urbanos; las petroleras Repsol, Cepsa, Galp, Disa y Meroil con el pacto de los precios de los carburantes; las grandes compañías de la alimentación Danone, Nestlé, Puleva, Pascual y Central Lechera Asturiana que impedían a los ganaderos establecer libremente el precio de su producto.

Aguas de Barcelona (Agbar): En el mes de septiembre se conoció públicamente la “Operación Petrum”, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varias constructoras y empresas de servicios que pagaron comisiones ilegales del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) supuestamente a cambio de millonarios contratos de la Generalitat y de Ayuntamientos de CDC. Las comisiones se hacían efectivas a través de donaciones a las fundaciones del partido, CatDem y Barcelona Forum, y la compañía que más dinero aportó fue el Grupo Agbar, que “donó” 1,6 millones de euros entre 2008 y 2013. También estaban presentes en la lista de “donantes” grandes constructoras como ACS y FCC.

La obtención de contratos millonarios, para ampliar el control de la gestión del agua en Cataluña, fue el objetivo perseguido a través de estas comisiones ilegales. No hay que olvidar que el 84% de la población catalana tiene el servicio de agua privatizada y su administración está mayoritariamente en manos de Agbar. Y este no es, por cierto, el único caso donde la compañía –ahora propiedad de la transnacional francesa Suez– está siendo sometida a investigación judicial: Aquagest, una de las filiales de Agbar, también ha sido incluida en la “Operación Pokemon”. Y es que parece ser que, en 2009, la compañía había pagado viajes de placer al entonces alcalde de Oviedo y a su concejal de Hacienda para devolver un importante aval económico que el Ayuntamiento había hecho a la empresa.

OHL: En mayo, los medios de comunicación mexicanos hicieron públicas las grabaciones con las que se demostraba que directivos de OHL en México habrían pagado sobornos a las autoridades mexicanas. En ellas, uno de los principales directivos de la empresa reconocía que estaban “metiendo más goles de los normales” en las obras del Viaducto. A cambio de estos “goles”, se llevaban a cabo sobornos mediante pagos de vacaciones en hoteles de lujo para el secretario de Transporte y el secretario de Comunicación del Gobierno del Estado de México. ¿El objetivo? Modificar el coste que en un principio iban a tener las obras de construcción de un tramo del Viaducto Bicentenario, adjudicado a la empresa en el año 2010: el coste inicial de la obra, situada en el noroeste de México D.F., era de 231 millones de euros; al cabo de cinco años, sin embargo, se había gastado unos 580 millones, más del doble del presupuesto original.

En realidad, los elevados sobrecostes en obras de infraestructura forman parte del “business as usual de las grandes constructoras españolas”. Sin ir más lejos, este año se conoció que la construcción del AVE a la Meca, efectuada por un consorcio del que forman parte OHL y ACS, tendrá que asumir un 60% de sobrecoste. Igualmente, Sacyr exigió el año pasado a las autoridades panameñas un 50% más del presupuesto inicial para finalizar la ampliación del Canal de Panamá.

Volkswagen: Después de más de un año y medio de investigación, los organismos reguladores estadounidenses hicieron público en septiembre el fraude cometido por Volkswagen. La compañía de automóviles manipuló los motores de 11 millones de automóviles para ocultar sus excesivas emisiones de óxido de nitrógeno, ya que emitían en carretera un 40% más de lo que se medía en los controles. Y a ello hay que sumarle otra irregularidad más: la propia compañía detectó en controles internos que 800.000 vehículos emitían más dióxido de carbono de lo indicado.

El que ha sido el mayor escándalo empresarial de 2015 no puede decirse que haya pillado por sorpresa a buena parte de las organizaciones ecologistas, que llevan tiempo señalando la ausencia de controles efectivos de las emisiones del sector automovilístico, especialmente en la Unión Europea. A raíz de este caso, sin embargo, la UE aprobó un sistema de medición de las emisiones en condiciones reales de conducción aunque, de nuevo, se otorga un trato de favor a la industria del automóvil permitiendo en una primera fase emitir el doble de óxidos de nitrógeno que el nivel legalvigente. Y es que esta industria es uno de los lobbies más poderosos de Bruselas para influir en el bloqueo de leyes que pretendan regular las emisiones de los coches: Volkswagen fue la compañía automovilística que más invirtió en actividades de lobby el año pasado.

HSBC: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), junto al diario francés Le Monde, destapó en febrero cómo la filial suiza del mayor banco de Europa estaba involucrada en una trama de evasión fiscal, que incluía también el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Fue el caso conocido como “Swiss Leaks”, que se basó en la lista elaborada por un antiguo trabajador del HSBC, Hervé Falciani, con los nombres de numerosos evasores fiscales. La llamada “Lista Falciani” contenía archivos secretos de la compañía con información (hasta 2007) de las cuentas bancarias correspondientes a 100.000 personas físicas y jurídicas procedentes de 200 países. En total, las cuentas tenían un valor de 100.000 millones de dólares y sus titulares eran políticos, monarcas, traficantes de diamantes y de armas, actores, directivos de grandes transnacionales, etc. Tras la fuerte repercusión mediática del caso, la Fiscalía de Ginebra inició actuaciones contra la filial suiza del HSBC por un posible blanqueo de capitales.

Entre las personas que utilizaban el entramado de cuentas en paraísos fiscales estaban millonarios como Emilio Botín y Alicia Koplowitz. La familia Botín tenía en sus cuentas suizas 2.000 millones de euros y utilizaba un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes. En el caso de Alicia Koplowitz, la empresaria invirtió 20 millones de euros en fondos no regulados de la filial suiza del HSBC que operaban a través de una red de paraísos fiscales.

Lunes 4 de enero de 2016

- Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Fuente: La Marea, 1 de enero de 2016

http://omal.info/spip.php?article7423