El ataque a mansalva a un grupo de Garífunas perpetrado por elementos de la Fuerza Naval el pasado domingo 28 de diciembre, hecho acontecido en la Barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, quienes se encontraban en horas de la madrugada desatascando un vehículo enterrado en la playa.

Los elementos de la Fuerza Naval sin mediar palabra dispararon supuestamente porque confundieron a los Garífunas con narcotraficantes. Entre los Garífunas se encontraban mujeres y menores de edad, ya que el lugar de los hechos es frecuentemente transitado por vehículos que cubren la ruta entre Tocamacho e Iriona, ante la inexistencia de vías de comunicación en esa zona.

Desde meses atrás, el corredor entre las comunidades garífunas de Limón y Plaplaya fue militarizado, existiendo una estrategia de represión hacia la población local por parte de los militares, a pesar de que las Fuerzas de Seguridad poseen la información precisa de quienes integran las bandas al servicio del crimen organizado, en su gran mayoría conformada por mestizos que no habitan en nuestras comunidades.

Como es de conocimiento público, el narcotráfico se apoderó de Honduras en las últimas dos décadas, incrementándose el flujo de estupefacientes a partir del golpe de estado del año 2009; situación que afectó severamente a las comunidades Garífunas ante las presiones territoriales que se dieron por parte del crimen organizado que no cejaron en la “compra” de tierras, y la infiltración de municipalidades y juzgados, hasta el punto que Honduras se convirtió en un  narco estado.

La Resolución del Juzgado de Trujillo

En la audiencia efectuada el sábado 2 de enero en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidió  presentar requerimientos fiscales en contra de los militares por homicidio simple a Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los sindicados fueron acusados de homicidio simple y confinados a la base naval en Puerto Castilla.

En el caso de Honduras,  las fuerzas de seguridad se blindaron a través del decreto 168-2012, el que en su artículo 13 señala que los militares, policías y miembros de la Policía Militar de Orden Público, “en caso que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso judicial”.

Un nutrido grupo de Garífunas provenientes de las comunidades de Iriona y de la bahía de Trujillo, hicieron presencia frente al Juzgado de letras de Trujillo, protestando por los homicidios perpetrados por los militares y la militarización que padecen las comunidades Garífunas, las que son islas de paz en el mar de sangre en que se ha convertido Honduras

Militares y asesinatos de Garífunas

Desde la masacre de San Juan Tela, consumada por las tropas del dictador Tiburcio Carías en el año de 1937, los Garífunas hemos sentido el yugo de las fuerzas castrenses y hasta la fecha la mayoría de nuestro pueblo ha sido víctima del terror de los militares hondureños sinónimo de despotismo.

En la última década se han dado situaciones que corroboran la aprensión que siente nuestro pueblo a los militares. Las ejecuciones de Epson Andrés Castillo y de Eligio López, ocurrida en la Laguna Negra, en marzo del 2006, y la muerte de Guillermo Norales, asesinado por la Fuerza Naval en las inmediaciones de Cuero y Salado,  en septiembre del 2007, además de la “desaparición” de Domitilio Arzu ocurrida en el archipiélago de los Cayos Cochinos en el año 1996, forman parte de las agresiones sufridas  por nuestro pacífico pueblo a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.

Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser encausados salvaguardar a los oficiales. Como ejemplo está el caso de los Garífunas asesinados en Laguna Negra, en el cual el oficial que dio la orden de ejecución aparentemente lo convirtieron en testigo protegido de la Fiscalía.

El ataque de los Navales ocurrido en la Barra de Iriona, no tiene justificación alguna, ya que los asesinados en ningún momento han estado relacionados al narcotráfico. Las fuerzas de seguridad poseen suficiente información sobre el crimen organizado en la zona, pero hasta la fecha han sido incapaces de desmantelar las bandas existentes, muchas de ellas asentadas en las comunidades de Palacios y el Sico, donde la población es casi en su totalidad mestiza.

La falsa guerra contra las drogas y la exigencia de la  desmilitarización de las comunidades Garífunas

A pesar de la cuantiosa cifra invertida por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra las drogas, durante los más de 40 años en que viene manteniendo la fallida estrategia, los pueblos indígenas somos de los más afectados tanto por las fuerzas punitivas de los gobiernos como por las bandas de asesinos financiadas por el crimen organizado.

En enero del año pasado la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo intitulado “La guerra contra las drogas: El fracaso de un trillón de dólares”, en el cual analizan la disfuncionabilidad de la supuesta guerra y su alto costo económico. Mientras tanto los gobiernos de los países del triángulo de la muerte (Guatemala, Salvador y Honduras) y México, han sufrido una putrefacción de sus sistemas judiciales y de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que las víctimas son incontables.

La Asamblea General extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en Nueva York, es una oportunidad para revisar la criminalización de las drogas y sus efectos; además de buscar nuevos enfoques que superen la visión impuesta desde la época de Richard Nixon, de ver a los drogadictos como criminales, y rellenar las cárceles de los Estados Unidos de minorías raciales a través de la política de sentencias mínimas mandatorias.

Es inconcebible que los Estados Unidos exporten armas a doquier mientras de forma moralista asuma combatir las drogas. Países ocupados militarmente como Afganistán y Colombia continúan de forma no tan misteriosa siendo los mayores productores de drogas en el mundo.

El pueblo Garífuna y la OFRANEH exigimos la desmilitarizacón de nuestras comunidades y sus territorios. Además solicitamos a los funcionarios estatales y militares que cesen de criminalizar a nuestro pueblo, ya que la generalización de acusarnos de traficantes carece de fundamento y es risible puesto que la elite política de Honduras se encuentra cuestionada por los agentes imperiales. ante la enorme corrupción y complicidad con el narcotráfico.

Sambo Creek, 5 de enero de 2015.

- Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH