Las incansables movilizaciones rurales, sobre todo en el norte del país, durante  el 2015 arrojaron por fin un resultado satisfactorio el pasado 30 de diciembre. Ese día el Diario Oficial de la Federación publicó los subsidios a los combustibles para la producción agrícola y la pesca. El diesel para las labores agrícolas de los cultivos de maíz, frijol y hortalizas,  baja de 14 pesos el litro a 7.90 pesos, y la gasolina para pesca, a 8.87 pesos el litro.

Con la rebaja del precio del diesel agropecuario se beneficiarán más de 400 mil productores nacionales de alimentos con un  total de 600 millones de litros, según datos de la organización de agricultores y ganaderos, El Barzón.

Además, a fines de diciembre, los representantes barzonistas y de otras organizaciones de agricultores concretaron un acuerdo con la Secretaría de Energía, del Gobierno Federal que reduce el precio del kilowatt/hora para riego agrícola de 50 a 35 centavos, una demanda largamente presentada por los agricultores del norte del país y de la zona de El Bajío. Están por concretarse, además, acuerdos que contemplan la puesta en marcha de un programa piloto para compras consolidadas de fertilizantes y semillas, conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, y la Distribuidora Nacional de Subsistencias Populares, que podrán abatir los precios de éstos hasta en un 45%.

Estos logros vienen a responder en buena parte el planteamiento presentado por El Barzón desde hace un año: para mantener bajo el precio de los alimentos básicos a la población sin descapitalizar más a los agricultores es necesario que el gobierno establezca significativos subsidios a los insumos y ponga orden en el mercado de los mismos, dominado por unas cuantas empresas trasnacionales.

Una argumentación fundamentada de lo anterior lo constituye el Reporte sobre las Condiciones de Competencia en el Sector Agropecuario, de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), dado a conocer el 15 de diciembre pasado. Según el reporte, la reducción del ingreso de los hogares del país que disminuyó en un 15% entre 2006 y 2014, implicó una reducción del gasto en alimentos como las carnes, la leche y sus derivados, los cereales y los aceites y la sustitución de productos de mayor precio (y calidad) por otros de menor precio.

Los agricultores de El Barzón y sus aliados buscan resarcir la disminución del poder de los hogares para adquirir alimentos, no encareciendo lo que ellos producen. Pero esto no lo pueden hacer porque el mercado de los insumos para la agricultura está dominado por un puñado de empresas trasnacionales. De acuerdo al mismo reporte, Monsanto, Pionner, Syngenta y Limagrain, tienen el control del 94% de la venta de la semilla. En fertilizantes un mercado de más de 1500 millones de dólares al año lo tienen concentrado cinco firmas a través de Isasosa, Proferno, Disagro, Pacifex, Omagro y Fertiquim. Lo mismo ocurre con los agroquímicos y plaguicidas a través de Bayer de México, Cheminova, Agromex, Arysta, Dupont. Desde el inicio de la producción, los agricultores enfrentan la exclusividad, la fijación de precios, la falta de competencia y el encarecimiento de los costos de producción, así como la existencia de grandes extensiones de tierra sin semillas mejoradas y sin fertilización.

De ahí que la COFECE insista en la relevancia de garantizar una oferta competitiva de insumos para las actividades primarias del sector agropecuario.

Pero ni los datos ni los argumentos, así sea de la COFECE bastaron. Fue necesario todo un año de continuas e intensas movilizaciones para arrancarle al Gobierno Federal las primeras políticas de reducciones significativas en los precios de los insumos. Desde el 5 de febrero, El Barzón Chihuahua comenzó su accionar con sendas caravanas de docenas de vehículos a Ciudad Juárez para adquirir gasolina fronteriza a la mitad del precio del resto de la República. Después, se sumaron a los movimientos varias organizaciones de productores de Zacatecas, Durango, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco. En Chihuahua, además de productores de maíz y de frijol, se integraron a la lucha los manzaneros y los lecheros organizados.

En esta ocasión los productores movilizados, acordaron presionar desde la periferia al entro en lugar de irse a cabildear las migajas del presupuesto a la piñata de la Cámara de Diputados. Así, el 26 de octubre tomaron el puente internacional Córdova-Américas en Ciudad Juárez. Al sentir que no se les escuchaba, bloquearon carreteras en varias partes de la República y cerraron las vías de ferrocarril en varios puntos de Chihuahua. No se equivocaron. Sólo entonces se les llamó a dialogar y a negociar. Al máximo nivel: la Secretaría de Gobernación coordinó una mesa a la que convocó a todas las dependencias involucradas. La contundencia de los movimientos fue ahora reforzada por la de los planteamientos. No hubo declaraciones triunfalistas de los agricultores, ni salidas efectistas del gobierno. Simplemente los acuerdos enunciados más arriba.

En estas luchas no fueron las principales protagonistas las centrales campesinas de siempre, más bien El Barzón y  varias organizaciones productivas. Se trató de demandas enarboladas sobre todo por productores medianos, la mayoría del norte del país,  de riego por bombeo. Radicaron sus demandas en cambiar los términos de intercambio del sector agropecuario, dirigiéndolas certeramente a la baja de precio de los insumos, en un contexto de caída de los precios internacionales de las materias primas. Con esto parece que se está iniciando un nuevo ciclo de movilizaciones rurales en México.

- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de  la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.