El pronunciamiento del gobierno de Enrique Peña, por medio de Roberto Campa, para manifestar “su absoluto respaldo, respeto y reconocimiento” a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del presidente, para coadyuvar en la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es sumamente oportuno y claro, además aprovecha la ocasión para informar que “hay comunicación y trabajo permanente a diario con cada uno de ellos y en ocasiones en conjunto, tanto en las coincidencias como en las diferencias”.

El viernes 5, una docena de organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos en la aldea global y que tienen sus sedes en Washington y Londres, condenaron “La campaña de desprestigio contra los expertos” Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Valoraron que aquella “muestra que el grupo está cada vez más cerca de encontrar la verdad sobre lo sucedido con los estudiantes”. Sería deseable que los organismos tengan razón porque indicaría que el trabajo del GIEI –formado por la CIDH que forma parte de la Organización de Estados Americanos–, se encuentra en la parte final.

Los padres de los 43 por medio de Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tienen otra mirada: el gobierno “apuesta al olvido y la impunidad” y exigen se “prorrogue la coadyuvancia del GIEI para que no se estanquen las investigaciones”.

Dijo más Rosales. “Los actores de la derecha de este país están apuntando al desgaste de los integrantes del GIEI para generar un ambiente de deslegitimación que lleve a que ya no se prorrogue su mandato”. Y sin la presencia de los expertos de la CIDH “la impunidad va a estar presente en el caso” y “se van a estancar ahí las investigaciones”. La campaña es porque “con las nuevas líneas de investigación se van a destapar cosas que implican a altos funcionarios del Estado mexicano, a personas con alto perfil dentro de la política y los negocios. Por eso, esa derecha aletea” Y Melitón Ortega, padre del desaparecido Mauricio Ortega, exigió que “el trabajo del GIEI debe continuar hasta que se resuelva el caso”.

Mientras la docena de organismos subraya la cercanía de los expertos para “encontrar la verdad”, para los guerrerenses que pujan por localizar a familiares y compañeros desde el 26 de septiembre de 2014, es indispensable que la presencia de los expertos se amplíe.

Con todo el respeto que merecen –como lo expresé al español Beristain frente Lilia Cisneros y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación–, es oportuno preguntar si no sería mejor que las voces y percepciones no fueran tan encontradas. Que los excesos retóricos de los voceros de los familiares de las víctimas de Iguala no obstruyeran la eficacia del movimiento que cada día está más aislado y es más pequeño por los errores de sus dirigentes –como es privilegiar la renuncia de Peña y las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además de las acciones vandálicas–, y el muy comprensible desgaste cíclico de toda lucha social.

Si de lo que se trata es de presionar más al comandante supremo de las fuerzas armadas para que el GIEI entreviste a los soldados del 27 Batallón de Infantería y abran la línea de investigación de los autobuses utilizados para llevar drogas a Estados Unidos, entonces todo se entendería mejor.

Utopía 1638

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