Con el inicio del trámite de las reformas a la Ley de Orden público (418 de 1998) para contemplar la concentración de los frentes guerrilleros, se aborda el tema de la dejación de las armas.

Aspecto que debe ser considerado de manera integral en el marco de todos los acuerdos consolidados.

Imponer medidas unilaterales, como ocurre con lo del plebiscito, es bastante arriesgado, colocando en serio peligro un próximo fin de la prolongada guerra civil nacional.

Asunto grueso el de la dejación de las armas por parte de las guerrillas revolucionarias de las Farc, sus escuadras, frentes y bloques.

La materia se contempla en el tema tercero de la Agenda, referido al Fin del conflicto.

Allí se establece que habrá dejación de las armas y reincorporación de las Farc/Ep a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses estratégicos.

Punto álgido que es objeto de debates e hipótesis de expertos, líderes religiosos y políticos.

Justamente son las armas la que explican la potencia insurgente generadora constitutiva de la actual Mesa de Diálogos de La Habana y de la agenda social, política y económica que allí se trata para superar la crisis orgánica que carcome el sistema político oligárquico nacional mediante la paz con justicia y equidad social.

De no existir las armas en las masas campesinas, organizadas como autodefensa popular, para contrarrestar y enfrentar la violencia de latifundistas, empresarios, multinacionales y aparatos bélicos estatales, durante más de 50 años, no estaríamos en la situación registrada alrededor de las conversaciones en La Habana.

Algunas apreciaciones sobre el tópico, como las del cientista político Eduardo Pizarro, conocedor profundo y serio de la violencia colombiana, se alejan, en este caso, de la necesaria objetividad, colocándose en el terreno de la propaganda y el enfoque unilateral, omitiendo, desafortunadamente, textos y contextos del actual proceso de la Habana. Pesa, pienso yo, más su condición de asesor gubernamental de la administración Santos (http://bit.ly/23ICOqS).

Abordar, de manera equilibrada, este ángulo de la terminación del conflicto social y armado, requiere considerar varios principios y elementos contenidos en el Acuerdo especial de La Habana (http://bit.ly/1ntk4t5)

Veamos los principios y reglas acogidas entre las partes.

Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Mal se puede, entonces, presionar y exigir una dejación o entrega de las armas de manera precipitada cuando aun no hay un acuerdo definitivo de paz.

Proceso de terminación del conflicto integral y simultáneo que implica avances recíprocos y graduales de las partes. Todos ponemos, como diría Mockus. El gobierno da un paso en el sentido de lo pactado e igual debe suceder con la otra parte.

La bilateralidad es un principio esencial. Mientras el gobierno se niegue a tomar medidas contundentes para erradicar el paramilitarismo, reestructurar las fuerzas militares y policiales dejando atrás las doctrinas anticomunistas y contrainsurgentes, recortando sustancialmente el gasto público en defensa, para canalizarlo en inversión social y se deje de criminalizar la protesta social como lo hace Peñalosa y el Esmad en Bogotá, ante las justas protestas por el mal servicio de Transmilenio, es imposible demandar una dejación inmediata de las armas en poder de las guerrillas. Eso no va a suceder, porque significaría la rendición y entrega de tal destacamento popular y campesino.

En esta reflexión completa es necesario, claro está, mirar los términos de la implementación, verificación y refrendación de los pactos.

La implementación debe estar regulada por la simetría en las medidas y pasos que se adelanten.

Ya hay un importante mecanismo de verificación reflejado en la Misión política especial autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, con la participación de la Celac, pero es necesario que ese monitoreo no se limite a lo estrictamente militar. Naciones Unidas no solo deben seguir las fases del cese al fuego bilateral definitivo y permanente, el proceso de concentración de dispositivos insurgentes y el destino de las armas. También, como lo sugiere Laura Gil, esa verificación debe contemplar seguimientos a la concreción de los acuerdos agrarios, sobre democracia ampliada, erradicación de cultivos ilícitos, derechos de las víctimas, justicia especial de paz, reformas del Estado, amnistías, indultos y reformas territoriales y electorales.

Gil plantea que “la ONU flexibilizó los procedimientos para Colombia. No es para menos. El espaldarazo fue tanto de Naciones Unidas al proceso de paz como del Gobierno y las Farc a un Consejo de Seguridad con un historial de misiones fracasadas. Naciones Unidas necesita mostrar el éxito de una presencia en terreno.

Y agrega propuestas muy convenientes. Sigo en la cita:

“Se necesita definir el mandato de manera clara, para que de allí se deriven actividades cuyos resultados puedan ser medibles. No puede ser tan ambicioso que no se alcance a cumplir, ni tan modesto que se vuelva irrelevante.

“Cualquiera sea el alcance de la verificación, los fondos para financiarla deben estar disponibles con rapidez. Colombia debe buscar que una proporción de los dineros del fondo de mantenimiento de paz de la ONU se gasten no solo en la operación (político/militar) de paz, sino también en programas de empleo para la reintegración.

“¿Qué papel jugarán los derechos humanos? Resultaría inconcebible una misión que no respaldara su acción en la serie de resoluciones temáticas del Consejo de Seguridad sobre protección de civiles, mujeres y niños en conflictos armados. Se requiere referencia explícita a ellas. Flaco favor se haría la ONU si dejara la cuestión de los derechos humanos por fuera de la verificación. ¿Qué sucederá, entonces, con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos? (en Colombia)

“¿Quién dirigirá la misión? La norma dicta que el representante especial del Secretario General en la mesa de diálogos asuma luego el mando de la operación de paz. En este caso, se trata del francés Jean Arnault. ¿Resulta aceptable que un europeo maneje una presencia con personal en su mayoría latinoamericano? “ (http://bit.ly/1KKtYSY).

Cierro así.

El Acuerdo especial de paz ha previsto que:

La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados, con mecanismos de implementación y verificación; sistemas de implementación, dándole especial importancia a las regiones. Para lo cual se crearan comisiones de seguimiento y verificación y mecanismos de resolución de diferencias.

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

Se adoptara, igualmente por las partes, un cronograma; un presupuesto; herramientas de difusión y comunicación.

 Todo lo cual se complementara con un mecanismo de refrendación de los acuerdos. Bloque en el que Santos, de manera unilateral quiere imponer un plebiscito fraudulento, financiado con la venta de Isagen por 7 billones, que serán utilizados por los politiqueros oficialistas para montar otro festín de compra venta de votos, conciencias y voluntades ciudadanas.

Qué vergüenza!

La misma politiquería de los últimos cien años, de liberales y conservadores amangualados.

Un plebiscito como el que se promueve desde la Casa de Nariño perturba gravemente el proceso de concentración de las Farc y la dejación de las armas, pues Santos sigue en su artimaña de tahúr inveterado para imponer su modelo neoliberal depredador y su sucesor enemigo de la reconciliación.

Paciencia entonces, señores asesores del gobierno. Sin sofismas y sin argucias.

Análisis completo del sensible asunto de la dejación de las armas.