La reforma previsional y el aumento del salario mínimo son dos apuestas gubernamentales urgentes que todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población decente deben apoyar.

Son mínimos de justicia que no deben ser una confrontación entre el gobierno y las empresas, sino entre el país entero y una minoría de élites empresariales (con sus servidores políticos, oenegeros y mediáticos) egoístas, insolidarias y mezquinas que –como dijo el secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez- no pertenecen al pueblo.

Más de tres décadas después del llamado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero a que “se quitaran los anillos para que no les cortaran los dedos”, los grupos oligárquicos siguen sin ceder ni en un céntimo sus intereses económicos y aplicando con brutal fuerza la “lucha de clases desde arriba”.

La feroz y cobarde campaña de las AFPs contra la necesaria e inevitable reforma al sistema de pensiones es, simplemente, vergonzosa; y lo es todavía más la resistencia de la ANEP y ARENA a la dignificación de los salarios mínimos que –como bien dice el sacerdote jesuita José María Tojeira- son miserables y deberían avergonzar a quienes los pagan.

La reforma previsional garantizaría una pensión vitalicia para todas las personas que no la tienen segura con las AFPs y reduciría la deuda estatal adquirida para pagar a quienes se quedaron en el sistema público. Con la privatización, las AFPs han ganado 280 millones de dólares y el país endeudado por más de 3 mil millones.

Y aumentar el salario mínimo a 300 dólares mejoraría las condiciones de la gente trabajadora. Es un mínimo de justicia y redistribución de la riqueza, actualmente repartida en forma obscena y generadora de escandalosos niveles de desigualdad.

La vigencia del sistema privado de administración de pensiones y los salarios mínimos de hambre constituyen, además, un robo permanente perpetrado impunemente; como lo son también la evasión y elusión tributaria cometidas, coincidentemente, por los mismos que se oponen al incremento salarial.

Por tanto, toda la población honrada que tiene un mínimo sentido de justicia debe cerrar filas por las propuestas de crear un sistema mixto (público-privado) de pensiones y equiparar los salarios mínimos al costo de la vida. Es momento para la unidad de todo el pueblo contra los sectores pudientes que quieren seguir saqueando al país y explotando a los trabajadores.