El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció la ejecución de un Plan para generar 600,000 empleos directos y 300,000 empleos indirectos en los próximos cinco (5) años hasta el 2020. Esta iniciativa se denomina Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 20/20 que cuenta con el apoyo de una parte del empresariado nacional, en especial el que no ha sido golpeado con la cacería de impuestos instaurada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

El programa fue elaborado por la firma consultora McKigney, que se le atribuye también haber elaborado un programa igual para Colombia que tuvo éxito. Es una empresa estadunidense con cerca de 3,500 estudios entre 2010 y 2014, con alianzas con más de 100 compañías gringas de gran tamaño.

Será ejecutado por una Unidad Corporativa privada alejada, según sus promotores maquiladores, de las burocracias públicas y de los controles de las instituciones de gobierno. Es decir, liderada por ejecutivos provenientes de Universidades gringas de élite, donde no caben los microempresarios, hoteleros independientes, campesinos, mujeres étnicas y dirigentes de organizaciones obreras no alineadas con el gobierno, muchos menos los profesionales egresados de la UNAH; o sea liderado por profesionales que comparten las ideas del CEAL y no de la CELAC. Es una Unidad Trasformadora descentralizada y operativa con funciones específicas, con unos 50 técnicos coordinados por un Director Ejecutivo tipo Programa Cuenta del Milenio que fue administrado por dos Directores: Uno nacional y otro gringo.

Se estima una inversión de 13,000 millones de dólares para cinco años en cuatro sectores estratégicos: textiles, turismo, manufactura intermedia y servicios de apoyo a los negocios, más la agroindustria y vivienda que se sumarían posteriormente. Esta inversión del sector privado es más de diez veces lo que Honduras capta de inversión extranjera directa (IED) anual (1,200 millones de dólares en 2015). El gobierno por su parte piensa invertir unos 2,100 millones de dólares en construcción de obras productivas, vialidad y económicas para 2016, lo que acompañara el programa, que incluyen las obras de la construcción supuesta de un Aeropuerto Internacional donde funciona la base militar Palmerola administrada por EEUU.

De esa plata, los empresarios nacionales ligados a la industria maquiladora han conformado un fondo de 50 millones de dólares, que permita apalancar unos 250 millones de dólares con la banca privada nacional; sin embargo, la inversión externa todavía no se visualiza a la espera que existan mejores condiciones para la inversión en el tema de la inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad. Piden a gritos que se instale la Maccih y que los corruptos sean llevados a la cárcel, ya que los recursos financieros se evaporan por el flagelo de la corrupción.

Los empleos a generar se distribuyen en: turismo 255,000 empleos, textiles 200,000 empleos, manufactura 95,000 y servicios de apoyo de negocios 50,000 empleos. Una de las quejas de organizaciones de la sociedad civil es que la mayor parte de los empleos generados son espurios y de mala calidad, que no tienen acceso directo a los servicios de salud, aseguramiento social y medicamentos; son empleos por hora mal pagados creados en el marco de la Ley de Empleo por Hora no sostenible que ha generado y generará a futuro más incertidumbre e inestabilidad en el mercado de trabajo.

Honduras ya ha ensayado iniciativas de este tipo y han fracasado. La primera que se recuerda es el Plan de Acción de la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) en el gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1985), liderada por el empresario Miguel Facussé y el Jefe de las FFAA, Gustavo Álvarez Martínez; buscaba sumarse al Plan Reganomics para Honduras sustentado en ideas y políticas neoliberales y de seguridad nacional. Otra iniciativa más reciente lo fue Honduras “Abierta a los Negocios” en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) que fracasó (se trajo a Paul Romer para promover las ciudades Chartes) por la falta de voluntad política del gobierno, pero que a criterio de los empresarios de la maquila se explica por la falta de creación de una Unidad Operativa liderada por empresarios lejos de las burocracias del Estado. Otra debilidad fue el poco aprovechamiento de los jóvenes bilingües que egresan (10,000 cada año) para orientar a los inversionistas acerca de las oportunidades del Plan, lo cual se piensa subsanar con esta iniciativa.

Pero los cuellos de botella están en otro lado. El primero es la institucionalidad política y económica de soporte. Estudios recientes demuestran que en países como Honduras (alto niveles de corrupción e impunidad) operan instituciones extractivas no inclusivas que pormovuen la desigualdad económica y social en forma sistemática de amplios sectores de la población. Esta institucionalidad está allí, permeada por grupos económicos de elite y políticos de baja credibilidad y corruptos. Es una institucionalidad autoritaria que no permite la participación e integración de las fuerzas de oposición política, mucho menos de las organizaciones sociales y productivas golpeadas con el programa de ajuste económico recesivo.

Lo segundo es la garantía del flujo de IED que se necesita para acompañar el programa. Se habla de una fuerte inversión de afuera pero no de lo hay que hacer para lograr lo anterior; la estabilidad fiscal es una condición pero no lo es todo. Ello supone la creación de más incentivos fiscales y comerciales para el gran capital, sumado a la legitimación de derechos de propiedad sobre los recursos naturales establecidos en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), lo que violenta preceptos constitucionales y la soberanía nacional.

Lo tercero. Los proyectos de élite no creen en la planificación, son alérgicos. Supone que la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nacional (2011-2022) no compatibilizan con esta iniciativa, y por tanto, hay que enterrar toda iniciativa de utilizar el instrumento de la planificación para alcanzar los grandes objetivos nacionales como reducción acelerada de la pobreza e indigencia.

Finalmente, no hay claridad sobre el rol que cumplen los actores políticos y sociales. El Presidente Hernández llamó al diálogo a las fuerzas políticas, pero el Partido Liberal considera que este diálogo debe darse después de celebrarse la Convención del Partido Nacional donde se piensa acompañar la iniciativa de los diputados nacionalistas para la relección presidencial, caso contrario de Mel Zelaya que atendió la convocatoria, ya que según sus diputados disidentes aspira a la reelección y más tarde que temprano se convertirá en el principal aliado del presidente Hernández; Salvador Nasralla del PAC está en contra de la reelección pero a favor de la segunda vuelta.

 Igual, los empresarios están deseosos porque el Congreso de la Republica blinde el programa 20/20 (Ley de País) para que no sea manoseado en caso que el partido de gobierno pierda las elecciones generales en 2017. En tal sentido, se estaría frente a la presencia de un programa económico de Elite que supedita todo el accionar de las fuerzas políticas y sociales a un “facilismo económico”.

¿Qué pasa con el gorgojo de pino que ha destruido más del 30% del bosque productivo en Honduras? ¿Qué pasa con la desarticulación del tejido social y la falta de acceso de la población a servicios de salud? ¿Qué pasa con la redistribución de la tierra y la protección de los recursos naturales y fuentes de agua en las comunidades étnicas? ¿Qué pasa con más de 6,000 niños “mareritos” en potencia? ¿Qué pasa con la destrucción de las micros y pequeñas empresas por el sicariato fiscal? ¿Qué pasa con la dependencia alimentaria? ¿Qué pasa con los costos del ajuste económico recesivo y el impacto de la devaluación acelerada (12% para 2016) recomendada por el FMI?

Hay que analizar esta iniciativa en función de los grandes objetivos del desarrollo nacional, para poder articular, desechar o integrar propuestas, políticas, proyectos y acciones. La oposición política, organizaciones gremiales y sociales y la academia tienen la palabra.

Tegucigalpa, DC, 2 marzo de 2016