Con la crisis económica y financiera que sufrió EEUU y  que amenaza con volver con más fuerza, surgió un planteamiento de economistas financieros antikeynesinos, que  la mejor solución era no actuar y mantener una política austera por el lado del gasto gubernamental ya que la estabilidad genera mayor confianza  y a la vez estimula que los empresarios inviertan en la generación de fuentes de trabajo. Contrario a ello, otros economistas como Paul Krugman, son del criterio que dado que la economía entró en recesión primero y después en depresión con una creciente pérdida de empleos, lo recomendable es hacer todo lo contrario: aumentar el gasto gubernamental para estimular la economía y abatir el desempleo.

Aunque no es el caso, pareciera que la primera recomendación es la que sigue el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) ya que con una tasa de desempleo total (abierto+subempleo) acelerada (30% de la población total) se recomienda contraer más la economía. Siguiendo dictados del FMI, la recomendación incluye contraer el gasto corriente y despedir empleados, aumentar impuestos, privatización de bienes y servicios, acelerar la devaluación y quitar los “respiraderos automáticos” o paliativos a aquellos trabajadores, empleados públicos y población dedicada al comercio informal.

Uno de estos “respiradores”, es la reducción en el monto de pago de impuestos para aquellos obreros, empleados públicos y privados, emprendedores y microempresarios, con ingresos inferiores de 15,080 lempiras mensuales, que permita aumentar su ingreso disponible para consumir más y pagar sus deudas (prestamos). Se trata de una medida de compensación por la perdida de su ingreso real ya que la devaluación se aceleró y aumentaron los impuestos, con lo cual el salario o sueldo resulta insuficiente para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos.

La licenciada  Gabriela Núñez, diputada del partido liberal presentó una moción en diciembre de 2015, para elevar la base exenta del pago de impuesto sobre la renta (ISR) y beneficiar a los trabajadores y empleados con sueldos menores del techo, la cual fue aprobada por el pleno del Congreso de la Republica, ya que además se hizo en consulta con la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).  Una de las sorpresas es que dicha ley no fue sancionada por el presidente de la República en el tiempo estipulado (10 días hábiles) ni enviada a publicarse en el diario oficial la Gaceta.

El gobierno de la República aduce que el impacto financiero de dicho decreto legislativo es superior a los 2,300 millones de lempiras y no de 812 millones como se había convenido. En tal sentido se recomendó al presidente Hernández emitir un veto en contra de dicho decreto y devolver al Congreso de la Republica el dictamen después de haber transcurrido tres (3) meses de aprobación del decreto. Es un veto extemporáneo,  por lo cual no procede; si se insiste, la Fiscalía debe actuar de oficio para identificar a los responsables de esta mala práctica que ha recibido el rechazo del movimiento obrero y del empresario no alineado con el gobierno que observa que este respiradero es necesario para la economía familiar y nacional.

El gobierno está por enviar al Congreso de la Republica un nuevo decreto que, a decir de Gabriela Núñez, es el mismo que se aprobó y no se publicó; igual según sus cálculos el impacto del proyecto original no era de más de 2,300 millones de lempiras sino de unos 850 millones. El problema generado fue la mala interpretación del decreto realizada por la DEI, ya que mal entendió que el mismo era retroactivo, pero en realidad lo que se hizo fue considerar el ajuste por inflación pasada (acumulada) que la DEI no consideró en el ajuste anterior de la base . La DEI viene siendo cuestionada por amplios sectores de la población por la implantación de un “sicariato fiscal” en el país que tiene en pie de guerra a los comerciantes perseguidos como delincuentes hasta que les cierran los negocios o se retiran del mismo.

Los congresistas de la oposición tienen varias opciones. Una de ellas no pronunciarse sobre el nuevo decreto ya que el anterior está vigente y fue aprobado; dos, algunos de ellos, apoyar la nueva iniciativa de ley y votar a favor. Pero más que eso, este precedente de veto extemporáneo puede generar una práctica nefasta para la inversión nacional y extranjera y relaciones de trabajo entre agentes económicos y sociales, tal como lo vienen denunciado los empresarios y comerciantes; hay violación de las reglas de juego como dirían los economistas neo institucionalistas.

El gobierno de la Republica no debió haber vetado el decreto “paliativo” ya que sigue recibiendo el rechazo de la población. Si lo que se quiere es protagonismo político, el camino es poner empleados públicos capaces de adelantar lo que la oposición propone para beneficio de amplios sectores de la población golpeados con el ajuste económico recesivo. Igual, mejorar la administración tributaria y liberalizarla de la injerencia política partidista que al final afecta la búsqueda de objetivos de eficiencia, equidad y justicia tributaria.

Parece ser que el anuncio del presidente Hernández de cerrar la DEI y convertirla en un nuevo Ministerio antes de que termine la Semana Mayor, va en esa dirección. Se cuenta con 27 millones de dólares aprobados por el BID y hay evidencia que parte de los empleados son “haraganes”. Se desconoce sin la actual titular de la DEI, Mirian Guzmán, duramente cuestionada por el sector privado pero aplaudida por el FMI, continuará en el cargo. Las  quejas del presidente es que la DEI no presta un servicio eficiente de 24 horas  más cuando ya se aprobó lo de la Unión Aduanera con Guatemala, el contrabando de ganado y café se ha incrementado y hay información sobre uso indebido de las contingencias de importación de productos básicos que han convertido a Honduras en un país dependiente en materia alimentaria.

Tegucigalpa, 10 de marzo de 2016.