Refiriéndose a las acciones arbitrarias del poder judicial de Brasil contra el ex presidente Lula da Silva, el ex gobernante español Felipe González advirtió la semana pasada sobre el peligro de que “gobiernen los jueces”.

Según González, existen “gobiernos de jueces” cuando los operadores de justicia (jueces o magistrados) buscan con sus acciones influir en la política o sustituir a los órganos ejecutivo y legislativo. Señala el riesgo de que, cuando los jueces buscan ser héroes representando el interés y la aspiración ciudadana, “se conviertan en un poder más importante que el que emana de la voluntad popular”.

En El Salvador, la Sala Constitucional pretende ser un “gobierno de jueces”. Con sus sentencias -muchas de ellas cuestionadas y violatorias de principios constitucionales- la Sala ha modificado el sistema político y perpetuado la estructura tributaria regresiva, el esquema mediático corporativo y el modelo económico neoliberal.

Los endiosados magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Belarmino Jaime invaden constantemente las funciones del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, convirtiéndose fácticamente en diputados, ministros, superintendentes y hasta presidentes de la República.

En los últimos meses han querido incidir en la política partidaria a través de las investigaciones patrimoniales de la Sección de Probidad, impulsando juicios principalmente contra personeros de la izquierda gobernante y sus aliados.

Otra práctica que caracteriza a la Sala es el permanente bloqueo de los ingresos estatales, mediante la reversión de reformas fiscales progresivas y la suspensión de emisión de bonos de deuda pública. El caso más emblemático son los 900 millones de dólares en bonos, que proveerían recursos para enfrentar el grave problema de violencia e inseguridad.

Por tanto, la ciudadanía democrática debe rechazar el “gobierno de jueves” instalado por la Sala. La población no eligió a los susodichos magistrados ni su función es legislar o definir políticas públicas, sino velar por el cumplimiento de la Constitución.

La Sala pasó de ser caja de resonancia del Ejecutivo durante los gobierno de ARENA a un órgano omnipotente que se siente encima del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en la actualidad, irrespetando flagrantemente la independencia y el equilibro entre los poderes del Estado que debe caracterizar a un régimen democrático.