Entre febrero y agosto de 2012 se llevaron a cabo las negociaciones para establecer una Mesa de Conversaciones de cara a los acuerdos de paz entre el Estado Nacional Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La mesa quedó constituida, teniendo como país sede a Cuba, siendo además país garante del proceso junto con Noruega. Mientras que Chile y la República Bolivariana de Venezuela actúan como países facilitadores. La agenda que se ha venido trabajando desde el 19 de Noviembre de 2012, fecha en la que se instaló formalmente la mesa de diálogo, está conformada por los siguientes puntos: 1) Política de desarrollo agrario integral; 2) Participación política; 3) Fin del conflicto; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) Víctimas; 6) Implementación, verificación y refrendación.¹

Luego de tres años y medio, las partes han logrado consensos parciales en torno a los puntos 1, 2, 4 y 5, no obstante si bien se han obtenido avances en torno al desescalamiento del conflicto armado, el punto 3 y 6 son ejes aún en discusión en torno a los cuales no se logra un acuerdo que lleve a la firma formal como símbolo y compromiso del cese definitivo del conflicto². No sólo existen opiniones encontradas alrededor de las formas en que las FARC renuncien a la vida armada, sino que además en los últimas semanas se hizo evidente la existencia de discrepancias –incluso dentro del Estado Nacional- de cómo se debe implementar la paz y cómo debe ser el proceso por el cual el pueblo colombiano refrende lo acordado en La Habana.

Respecto al fin del conflicto, el pasado 23 de septiembre, las partes acordaron que a los seis meses, es decir el 23 de marzo de 2016, sería la fecha clave en la que se firmaría el acuerdo final, habiendo acordado el desarme³ de las FARC para los 60 días posteriores a la firma. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como su contraparte, Timochenko, aseguran que, si bien ambos están dispuestos a seguir avanzando hacia el cese del conflicto armado interno, no ven posible firmar el acuerdo el próximo 23 de marzo.

Al respecto cabe señalar que el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, no habla en términos de “desmovilización” sino de “movilización política”, al mismo tiempo que sostuvo, en una entrevista realizada por la agencia de noticias EFE, que el Estado colombiano también debería comprometerse a no asesinar a los ciudadanos por causas políticas o sociales. El líder de las FARC hizo alusión a que la finalización del tratado de paz les permitirá adentrarse en una nueva forma de hacer política y que “(…) La actividad militar respaldaba una acción política. Pero (con la paz) será un escenario distinto”⁴, dato no menor teniendo en cuenta que también indicó la necesidad de que todas las fuerzas de la izquierda colombiana se unan en una única plataforma de cara a la vida democrática del país. Se trata de un desafío para la guerrilla que deberá atravesar un nuevo camino en la construcción de legitimidad y de poder popular.

Hay un tema central que obstaculiza el alto al fuego definitivo. Se trata de la forma de refrendación por parte del pueblo colombiano respecto a lo pactado, uno de los puntos de la Mesa de Negociación consistente en la Implementación, verificación y refrendación de lo acordado. El presidente Santos impulsó un plebiscito para que el pueblo colombiano vote por sí o por no a lo pactado. Este proyecto de ley, que fue aprobado en diciembre del año pasado por el Congreso, se encuentra hoy en día bajo fuertes críticas no sólo por parte de las FARC sino también por el Fiscal General de la Nación, el Procurador Nacional y el Contralor de la Nación. Así mismo Álvaro Uribe, ex presidente, también se ha opuesto a dicho plebiscito durante el año pasado.

El Fiscal Eduardo Montealegre solicitó formalmente a la Corte que frene dicho proyecto de ley, apoyado por el Contralor Edgardo Maya Villazón. Su argumento central gira en torno a que el plebiscito de Santos iría en contra de la Constitución ya que, según el magistrado, la paz es un derecho constitucional y le compete al presidente de la nación garantizarla, por tanto, este derecho constitucional no podría depender de la voluntad del pueblo. En este sentido, el acuerdo final no debería depender de un resultado electoral; además el fiscal planteó que el plebiscito mismo debido a su carácter vinculante iría en contra de la Constitución. De este modo de seguir adelante con dicho proyecto de ley se estaría alterando la Carta Magna de facto, ya que modifica las competencias de las distintas ramas del poder público frente al derecho a la paz. El Fiscal insistió en que es el presidente el que tiene plenas facultades para llevar a término el proceso de paz, sin depender de la refrendación.⁵

Asimismo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tampoco acuerdan en las formas en que debe llevarse a cabo la refrendación. En una carta que emitieron en febrero de este año explicaron que “aunque este instrumento (el plebiscito) está consagrado en la Constitución Nacional, su impertinencia, en este caso, es evidente a la luz del Artículo 103 de la Carta que señala: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. (…)”. Seguidamente la Ley Estatutaria 134/1994 indica que el Plebiscito es el pronunciamiento del pueblo mediante el cual se apoya o rechaza una “decisión del ejecutivo”. (…) La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que en este caso ha sido posible gracias a este proceso bilateral de conversaciones entre las FARC-EP y el Estado colombiano, no por una decisión individual o dadivosa de una persona.”⁶

En la misma carta se desprende la intención de llevar adelante una Asamblea Constituyente para refrendar el acuerdo, posibilidad que ya ha sido rechazada por el mandatario presidencial.

Por su parte, Santos, en una entrevista publicada por el diario español El País⁷ el 13 de marzo, sostuvo su postura frente al plebiscito. Esta posición está acompañada por los resultados más recientes que arrojó la encuesta Colombia Opina 2016⁸, realizada por Ipsos Napoleón Franco y contratada por la Gran Alianza de Medios (RCN Radio, RCN Tv, la F.m. y la revista Semana)⁹ en la cual se indica que el 83 % de los encuestados, consideran que la forma más adecuada para refrendar el acuerdo es a través de las urnas. No obstante muchos ciudadanos se muestran pesimistas¹⁰ frente a un real cese del conflicto. Al respecto, el presidente ha manifestado en la citada entrevista que “Liderar un país en guerra es relativamente fácil. Uno muestra los trofeos, la gente aplaude y se mantiene popular. Hoy es más difícil porque hay que cambiar los sentimientos de la gente, las percepciones, enseñar que en lugar de clamar venganza hay que aprender a perdonar. Y en que en lugar de odiar se pueden reconciliar”, asegura, aunque admite que ese giro no es sencillo. “Uno no cambia el sentimiento de la gente de un día para otro. Hay que hacer una gran pedagogía. Esto va a ser un esfuerzo de muchos años”.

Dadas así las cosas el 23 de marzo queda descartado como fecha posible. Será un gran desafío tanto para el ejecutivo como para las FARC avanzar en un acuerdo bilateral en torno a qué herramienta es la más adecuada para que el pueblo colombiano refrende lo acordado. Luego de 65 años de conflicto, fechar un diálogo que le ponga fin ha sido improcedente. Probablemente la urgencia del presidente tenga que ver con los tiempos electorales y de encuestas que demuestran que su popularidad no sube del 30%. No obstante ambas partes son optimistas respecto a la continuidad del acuerdo.

Por último queda pendiente para el gobierno colombiano poder avanzar en una negociación similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dicha guerrilla que comenzó su actividad en la década del ´60, al igual que las FARC, no se ha mostrado proclive a acercarse hacia un diálogo de paz, más allá de los intentos hace dos años atrás por parte de Santos de explorar posibilidades de diálogo. Las acciones del ELN minan de alguna manera la credibilidad del acuerdo de paz entre gobierno y FARC. Esta deuda pendiente reafirma para muchos ciudadanos la desconfianza respecto al logro de un acuerdo definitivo con la organización de Timochenko, y en caso de lograrse, la paz sería aún una paz incompleta.

- Sabrina Flax es Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires – Argentina). Asistente de investigación en el proyecto “De la década ganada a la década en disputa”, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Miembro del Observatorio de Coyuntura de CELAG. Militante de base del partido Encuentro por la Democracia y Equidad (EDE). Consejera estudiantil electa en el departamento de Ciencias Antropológicas de la UBA desde el año 2011 hasta año 2015. Secretaria General de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en el año 2013.

@sabrinaflax

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