Entre los años 2005 y 2006, la OEA y la ONU en nombre de la comunidad internacional avalaron la legalización de los grupos paramilitares realizada por Álvaro Uribe en un cuestionado proceso, en el que cerca de 30 mil paramilitares fueron amnistiados y sus miles de crímenes enterrados en el olvido. Con esa impunidad, esas actividades no terminaron con los indultos, los estudios de la Fundación paz y Reconciliación comprueban que en las grandes ciudades es palpable que esos miles de indultados controlan el microtráfico de drogas y realizan asesinatos selectivos para impedir la organización popular de izquierda. Aunque el Estado les empezó a llamar bandas criminales –BACRIM-, esos paramilitares siguen siendo el mismo engendro creado por el Estado en los años 80 para librar la guerra contrainsurgente en el marco de la guerra fría.

En el mes de marzo que acaba de terminar, fueron asesinados 18 ciudadanos organizados en distintos movimientos sociales y políticos de izquierda. En el año 2015, según el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asesinaron a 54 defensores/as de derechos humanos en Colombia[i], esto sin contar con el número de amenazados, encarcelados y de quienes han tenido que exiliarse en otros países.  Todo ante el silencio y la censura de los medios hegemónicos.

Esto ocurre en el contexto de un proceso de paz y de un cese unilateral de fuegos declarado por la insurgencia, que ha disminuido al mínimo los combates y las muertes de policías, militares y guerrilleros/as. Cese del fuego que no ha sido correspondido por el Gobierno colombiano, quien mantiene las distintas formas de represión sobre la ciudadanía, con el argumento de la lucha contra la subversión. Se han vuelto cotidianas las imágenes de los policías antidisturbios vestidos con una estética terrorífica, golpeando manifestantes,  lanzando gases lacrimógenos e impidiendo las manifestaciones, incluso las que el movimiento popular realiza apoyando el proceso de paz.

El 30 y 31 de marzo, los paramilitares (con el apoyo de los parapolíticos, de los empresarios que los financian, y de la complacencia de los medios hegemónicos) realizaron un “paro armado” que afectó 4 departamentos: en Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó, en los que quemaron buses, impidieron el libre tránsito de la gente y recibieron un trato amable del periodismo (y de la fuerza pública), quienes no salieron a decirles terroristas, ni enemigos de la paz, ni nada[ii].

La clase política colombiana sabe que los asesinatos, las amenazas, el paro paramilitar y la marcha uribista del 2 de abril, pretenden generar un ambiente de terror como fórmula para impedir la paz. Quieren repetir el genocidio contra la Unión Patriótica que frustró el intento de paz alcanzado en 1984, porque les funcionó y de paso les ayudó a mantener el poder territorial. También se sabe que todos estos crímenes, paros y protestas fascistas ocurren como “venganza criminal” del uribismo por la captura del presunto comandante paramilitar Santiago Uribe, hermano del expresidente.

Piedad Córdoba, la lideresa de los derechos humanos, de la paz y de las causas justas, después de salvarse milagrosamente de un nuevo atentado que buscaba asesinarla como forma de acallarla, y de paso, lanzarnos a otros 50 años de guerra, dijo ayer que: “Si en este país pensar diferente implica arriesgar la vida, la verdad es que no tenemos ninguna democracia”[iii]. Y es precisamente por esa falta de democracia que estamos en guerra, por eso asesinaron a J.E. Gaitán, a Jaime Parlo Leal o a Carlos Pizarro, es por eso que matan a líderes sociales todos los días, por eso es que hay miles de presos/as políticos.

La disputa que estamos viviendo en la actualidad en latinoamérica es principalmente por democracia y justicia social, en Colombia eso equivale a luchar por la paz. En Brasil pretenden la renuncia de Dilma, en Venezuela mantienen más de una década de guerra económica en contra del bolivarianismo, atacan Cuba, Ecuador, Bolivia. También el ataque es feroz en contra de todos los sujetos transformadores en Honduras, Guatemala, Argentina, México, y como se relata aquí, en Colombia pretenden asesinar la paz castigando con toda la fuerza a los luchadores por la democracia. La comunidad internacional toleró el genocidio en los años 80 en Colombia ¿volverá a tolerarlo en pleno siglo XXI?, ¿será un genocidio transmitido en directo por la CNN?

Sí, Piedad Córdoba tiene toda la razón: la lucha es por la Democracia; por eso la queremos a ella viva y en primera línea trabajando por construir un nuevo país, así como queremos vivos a todos los luchadores por la paz y la democracia en Colombia y en toda Latinoamérica.