Si intenta seguir las noticias en torno a la convulsión política en Brasil, puede que le sea difícil tener una idea de lo que realmente sucede. Esto es algo que ocurre a menudo cuando existe un intento de golpe en el hemisferio occidental, y en particular cuando al gobierno de Estados Unidos le interesa el resultado. Por lo general, la información acerca de dicho interés, y con frecuencia del papel de Washington, suelen ser las primeras víctimas del conflicto. (Algunos ejemplos del siglo XXI incluyen a Paraguay en 2012, Haití en 2011 y 2004, Honduras en 2009, Ecuador en 2010 y Venezuela en 2002).

En primer lugar, no hay duda de que se trata de un golpe de estado en curso.  Es un intento por parte de la élite tradicional de Brasil — que incluye entre sus jugadores clave a la mayoría de los grandes medios — de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2014 en Brasil. La mayor prueba de ello son las bases sobre las cuales pretenden destituir a la presidenta Dilma Rousseff, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT). No tiene nada que ver con corrupción o con delito grave alguno. La acusación consiste en que el gobierno utilizó dinero prestado en 2014 para aparentar que el excedente presupuestario primario se ubicaba dentro de su meta. Pero se trata de una práctica ya efectuada por otros presidentes y difícilmente constituye un delito censurable. A modo de comparación: Cuando en 2013 los republicanos en el Congreso de EE.UU. amenazaron con ‘cerrar el gobierno’ en torno al techo de la deuda, la gestión de Obama empleó una serie de trucos contables para extender la fecha límite, sobre lo cual hubo poca controversia.

Las acusaciones contra Lula son igualmente precarias, incluso si resultan ser ciertas. En especial, los acusadores no han logrado demostrar vínculo alguno con el gran escándalo de corrupción "Lava Jato" (lavado de carros) — o con cualquier otro tipo de corrupción. A Lula se le acusa de poseer una propiedad frente a la playa, de la cual él niega ser dueño, al parecer renovada por una constructora brasileña; y de recibir dinero por parte de varias empresas para sus discursos. No obstante, por encima de todo, se trata de hechos sucedidos después de que dejara la presidencia. Aunque Bernie Sanders haya puesto en entredicho, con buena razón, el hecho de que Hillary Clinton reciba millones de dólares por parte de empresas para sus intervenciones, no se trata de algo ilegal en los EE.UU. Tampoco lo es en Brasil.

El principal juez de instrucción de los casos mencionados, Sergio Moro, tuvo que disculparse ante el Tribunal Supremo por haber filtrado a la prensa las conversaciones intervenidas entre Lula y Dilma, así como entre Lula y su abogado, su esposa y sus hijos. La detención de Lula para ser interrogado, con filtraciones de información a los medios de comunicación y con la participación de 200 policías, a pesar de que Lula siempre se había sometido voluntariamente a la interrogación, tampoco dejó duda alguna acerca de la naturaleza política de la investigación.  Si Moro tuviera alguna prueba que vinculara a Dilma o a Lula con verdadera corrupción, parte de ésta probablemente ya se habría dado a conocer, dado que el juez se ha dado a la tarea de filtrar conversaciones telefónicas pinchadas, de carácter personal y privado, tan solo para avergonzarlos.

La antidemocrática y corrupta élite brasileña intenta llevar al país de vuelta a su pasado proto-democrático, cuando ésta ostentaba el veto en relación a los resultados electorales. Por desgracia, eso no fue hace tanto tiempo: La dictadura que duró hasta el año 1985 se instaló mediante un golpe respaldado por EE.UU. en 1964, con cierta semejanza a los esfuerzos actuales.

Con respecto al papel de EE.UU. hoy día: No es ningún secreto que a Washington le gustaría deshacerse de todos los gobiernos de izquierda en la región. Durante el viaje del presidente Obama a la Argentina la semana pasada, y en otras declaraciones públicas por parte de funcionarios estadounidenses, quedó claro lo felices que estaban al recibir el nuevo gobierno de derecha en ese país. Cambiaron igualmente su política, implementada en contra del gobierno anterior de izquierda, de bloquear los préstamos a Argentina por parte de prestamistas internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. De los golpes mencionados anteriormente, en todos ellos la prueba del papel de Estados Unidos se confirma más allá de cualquier duda razonable, con la excepción de Ecuador, donde no existen pruebas contundentes. Pero ya que no ha habido prácticamente ningún golpe de Estado en este hemisferio contra un gobierno de izquierda sin cierta intervención estadounidense, no es de extrañar que muchos ecuatorianos consideran que EE.UU. también tuvo (y sigue teniendo) un papel en su caso.

Dicha hipótesis no es descabellada en Brasil, donde Washington intervino en 2005 al apoyar un esfuerzo legislativo destinado a socavar el gobierno del Partido de los Trabajadores. Su espionaje masivo en Brasil — y en especial de Petrobras — delatado por Edward Snowden y Glenn Greenwald en 2013, también apunta en ese sentido. Tal vez sea mera casualidad que toda esa información sobre Petrobras fuera recabada por el gobierno de EE.UU. justo antes de que estallaran los escándalos en el seno de la petrolera estatal; o puede que Washington haya compartido cierta información con sus aliados en la oposición brasileña. No cabe duda de que, al igual que el presidente Mauricio Macri en la Argentina, los principales actores en este intento de golpe — gente como los ex candidatos presidenciales José Serra y Aécio Neves — son aliados del gobierno de EE.UU.

Por supuesto, aún con los medios de comunicación a la cabeza de los ataques, el gobierno del PT no se vería envuelto en tales problemas actualmente si la economía — que sufrió una contracción estimada de 3.8 por ciento el año pasado — estuviera en mejor forma. Lo cual, por desgracia, se debe principalmente a sus propios errores; comenzando por el final de 2010, cuando emprendieron una serie de recortes en la inversión pública, aumentos de las tasas de interés, y otras medidas que estancaron a la economía, seguido por medidas de austeridad aún más severas en 2015 que provocaron una recesión sin final a la vista. El paro se ha disparado, partiendo de un mínimo récord de 4,3 por ciento en diciembre de 2014 a una tasa de 8,2 por ciento en la actualidad. No tenía por qué ser así; con más de $ 360 millones de dólares en reservas de divisas, Brasil no se ve condicionada por su balanza de pagos, y por lo tanto podía recuperarse mediante políticas macroeconómicas expansivas.

Dilma y Lula están contra la pared y se enfrentan a una serie de enemigos poderosos, pero sería prematuro darlos por vencidos. Se han enfrentado batallas más duras; a diferencia de sus adversarios y de las grandes compañías de medios que apoyaron la dictadura, fueron encarcelados durante su yugo. Si son capaces de sobrevivir al actual intento de golpe, tendrán la oportunidad de recomponer la economía, y de volver a dar forma a su legado — que a fin de cuentas viene siendo sinónimo de avances considerables, tanto en lo económico como en lo social.

Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C., y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro “Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy" (2015, Oxford University Press) (“Errados: en qué se equivocaron los ‘expertos’ acerca de la economía global”).

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