Sambo Creek, 16 de abril de 2016.- La revelación del diario estadounidense New York Times del pasado 16 de abril, en las que sale a flote la implicación de altos mandos de la policía hondureña en los asesinatos de oficiales antidrogas, incluyó los nombres de los generales en cuestión, que habían sido omitidos en una supuesta investigación publicada a inicios del mes de abril por el diario El Heraldo de Tegucigalpa.

Simultáneamente el diario La Tribuna difundió un informe presentado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual señala que en los últimos ocho años elementos de la Policía Nacional han ejecutado a 591 ciudadanos.

La tardía revelaciones de los medios de prensa escrita sobre el colapso de la policía nacional, demuestra como el golpe de estado en Honduras sirvió de catalizador en la descomposición de las instituciones y socavó la incipiente democracia hondureña.

A pesar de haber pretendido el Estado de Honduras efectuar una supuesta depuración, las diferentes administraciones gubernamentales optaron por solapar los crímenes cometidos, convirtiéndose en cómplices del crimen organizado.

Narcotraficantes de poca monta se convirtieron en los jefes de diferentes directores de la policía, dando lugar a un país secuestrado por sus fuerzas de seguridad. El pico de la violencia se vivió en 2012; y para las elecciones del 2013, los narcos aseguraron varias alcaldías en lugares estratégicos del país, a través de la compra abierta de votos. La situación fue evidente, sin embargo las elecciones fueron aplaudidas por los Estados Unidos, Unión Europea y la misma OEA, los que apostaron por un régimen de ultraderecha involucrado en el saqueo de las instituciones nacionales, supuestamente para financiar la narco-campaña electoral.

El intento de depuración de la policía llevado a cabo por el abogado Gautama Fonseca en el año 2003, y la reversión efectuada por Oscar Álvarez afianzó a los oficiales corruptos, y marcó el derrotero para que Honduras se convirtiera en un narco estado. Por supuesto que existen personas honestas dentro la decrépita institución, como lo ha señalado la valiente María Luisa Borjas, ex oficial que sufre hasta la fecha persecuciones y amenazas por haber intentado adecentar la policía, desde la Oficina de Asuntos Internos de esa institución

A partir del golpe de estado del año 2009, el flujo de drogas a través de la costa norte de Honduras aumentó de forma inusitada. Mientras tanto el crimen organizado se apropió de municipalidades, juzgados, instituciones bancarias y cuarteles.

Los pueblos indígenas que habitamos en la costa norte de Honduras pasamos a ser sometidos por una serie siniestros personajes, que se fueron apoderando de zonas estratégicas de nuestros territorios con la complicidad de las autoridades estatales.

Con la masacre perpetrada por la DEA estadounidense y la Policía Nacional en mayo de 2012, se inició una criminalización de los pueblos Garífuna y Miskito, mientras los capos de la policía y el ejército recibían cuantiosas cifras de dinero para supuestamente combatir el narcotráfico.

Para el 2012 se evidenció el doble discurso estadounidense en materia de guerra contra las drogas, por un lado se masacraron indígenas inocentes al mismo que se financió al narco gobierno en su supuesta guerra contra las drogas. Honduras se convirtió en una especie de Guinea-Bissau del Caribe centroamericano, donde se solidificó una simbiosis entre crimen organizado y gobierno.

La destrucción de las instancias judiciales propiciada por el actual mandatario Juan Hernández, como represalia por haber abortado el proyecto neocolonial de las ciudades modelo, acción que conllevó al golpe a la corte constitucional de Honduras, no fue reprochado en ningún momento por la comunidad internacional, la que se llamó al silencio.

Los Garífunas en Honduras enfrentamos un proceso de expulsión de la costa norte de Honduras, donde hemos venido perdiendo nuestro territorio, ante el acoso de empresarios turísticos y el crimen organizado. La situación ha desembocado en una migración masiva como la que se dio el éxodo de menores de edad desde finales del 2013 a mediados de 2014.

Es indudable que la hipocresía existente en la supuesta guerra contra las drogas, ha permitido que la estructura económica del país se concentre en manos de un grupo reducido de criminales, quienes detentan el poder económico y político, en detrimento de los intereses del pueblo hondureño.

Para el pueblo Garífuna es urgente que se replantee la pérfida guerra contra las drogas y se desmantelen los ejes económicos establecidos de forma ilegal en el país, los que manejan buena parte de la economía. De no ser así, nuestra juventud se verá obligada a huir de un conflicto del cual se han mantenido al margen hasta la fecha.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH