Cada vez es más común leer y escuchar en algunos espacios mediáticos que los funcionarios policiales perdieron las ventajas que tenían ante el hampa desde el punto de vista armamentístico, logístico y financiero. Incluso algunos más temerarios han acusado al nuevo modelo policial por haber “desarmado a las policías”. Esto sin duda causa alarma en la población, en especial ante las imágenes -cada vez más comunes en redes sociales- de jóvenes con armas de guerra. ¿Cómo abordar de la manera más seria y responsable este fenómeno? Lo ideal sería contar con información oficial o con censos confiables y auditables sobre estos asuntos, para tratar de trascender de la mera retórica mediática, del sensacionalismo y, en ocasiones, del melodrama que usualmente acompaña a los discursos que tratan estos temas tan delicados.

A continuación se presentan algunas ideas para tratar de reflexionar sobre estos temas con la información que hay disponible:

1. El 21 de diciembre de 2009 se publicaron en Gaceta Oficial N° 39.332 las “Normas para la adquisición, registro y control de armamento, municiones equipos y accesorios para los cuerpos de policía y órganos de seguridad ciudadana que prestan el servicio de policía” (NARCAM); al año siguiente en Gaceta Oficial del 3 de mayo se publicaron las “Normas relativas a la dotación y equipamiento básico especializado de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales” (NDEBECP). Estos instrumentos forman parte de todo el diseño normativo del modelo policial que nace con la CONAREPOL y que luego, al menos hasta el 2011, llevó a cabo el Consejo General de Policía. Antes del año 2006 lo que imperaba era la desregulación en materia policial y la discrecionalidad de cada organismo para prestar el servicio, con los resultados que todos conocemos. Con el nuevo modelo policial lo que se busca es establecer estándares mínimos para la mejora de este importante servicio público.

2. Estas normas tienen como objetivo regular estas materias y fortalecer las distintas funciones que tiene cada cuerpo policial en su ámbito político territorial, según sus competencias legales, que están vinculadas fácticamente con sus capacidades y medios. Las labores de las policías municipales es distinta a las de las estadales, y las de éstas difiere de las de la Policía Nacional. Las tres policías, abarcan espacios político-territoriales distintos, tienen funciones y capacidades diferenciadas. Todo esto se encuentra claramente establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB), que además establece niveles y criterios de actuación policial que contribuyen a esta distribución funcional.

3. ¿Qué son los criterios y niveles de actuación policial?

La LOSPCPNB establece cuatro criterios: territorialidad, complejidad, intensidad y especificidad; dos corresponden a las situaciones que ameritan de la intervención policial (territorialidad y complejidad), y los otros dos son para la intervención misma (intensidad y especificidad). En la medida que las situaciones se hacen más complejas, la intervención policial será más intensa y/o especializada.

Los criterios son reglas que deben utilizarse para distinguir sustantivamente la cualidad de una situación que amerita intervención policial, así como la cualidad de la intervención misma. En este sentido, a través del criterio se realiza un juicio valorativo para distinguir si una situación es compleja; a su vez sirve también para identificar si la intervención policial que responde a la situación es intensa, específica o ambas a la vez. En este contexto, los niveles serían la gradación de los criterios de situación o de intervención policial, en la siguiente escala: bajo, medio y alto (Gabaldón, Ávila, et al., 2012).

En este sentido, no se puede pretender que una policía municipal asuma situaciones que ameriten una intervención de alta intensidad (en términos de uso de la fuerza), en ellas deberían intervenir los cuerpos de policía de carácter nacional: PNB y CICPC, que tienen el entrenamiento y el armamento necesario (capacidad y medios) para su abordaje y control. Y en caso de ser éstos rebasados, pueden ser apoyados por la Guardia Nacional o el SEBIN. Estas cuatro instituciones tienen grupos tácticos y armamento especial para este tipo de situaciones.

4. ¿Las normativas mencionadas desarmaron a los policías? FALSO. Estas normativas lo que hacen es contribuir con una distribución más racional y eficiente de los recursos. En el cuadro siguiente puede apreciarse claramente, un ejemplo, de esta distribución:

Elaboración propia

5. Claro está, las normas están en el plano del deber ser, y la realidad es lo que tenemos al frente, no podemos confundir dos cosas que son distintas e independientes entre sí. Podemos tener un diseño normativo y de política pública maravilloso, pero si no hay voluntad política ni institucional para su implementación, no podemos responsabilizar de ello a las normas, sino a sus actores institucionales.

6. Por supuesto que hay que fortalecer institucionalmente a todas nuestras policías, mejorar su entrenamiento, dotación, equipamiento, situación laboral y social. Esto trasciende en mucho a una mera discusión armamentística, porque el asunto real es la construcción de institucionalidad. El diseño del modelo policial venezolano ha dejado trazados muy buenos caminos que no han sido recorridos aún. Ojalá no los desvanezcan sin haberlos transitado antes.

7. ¿De dónde saca la delincuencia las armas de guerra? ¿Esa situación se resuelve repartiéndole este tipo armamento a diestra y siniestra a todas las policías del país? Creo que esta idea aparte de simplista y primitiva, pudiera no ser tan inocente, para algunos pudiera ser muy lucrativa y darles mucho más poder de facto… Investigadores como Bandeira (2006; 2011) afirman que una de las principales fuentes del mercado ilegal de armas son las armas de los particulares y las de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, que en un principio tuvieron circulación legal. Lo que se tiene que hacer es aplicar controles cada vez más estrictos sobre las instituciones responsables de este tipo de armamento. Cuidado con promover remedios que terminen siendo peor que la enfermedad…

8. Sobre la idea generalizada según la cual los delincuentes están mejor armados que los policías y debido a ello resultan estos últimos victimizados: más allá de las imágenes escandalosas y lamentables que se pueden observar en las redes, recientemente se hizo una investigación que arrojó algunos datos de interés sobre este asunto. En los casos en los que funcionarios de las fuerzas de seguridad resultan víctimas de homicidio, cuando se contrasta el armamento que tenían víctimas y victimarios se observa que las primeras tenían un porcentaje más alto de armas largas (5,7%) que los segundos (4,9%). En estos escasos episodios se trataban de víctimas y victimarios militares. En la mayoría de los casos tanto víctimas como victimarios portaban solamente pistolas. Es decir, que el armamento de ambos era bastante similar.

El debate sobre estos temas es importante y necesario, pero debe asumirse con responsabilidad, seriedad y transparencia. El objetivo debería ser la reducción de todo tipo de violencia, tanto la delictiva como la institucional, porque ambas se nutren entre sí. Las armas no deben ni democratizarse ni ser utilizadas discrecionalmente.

@Keymer_Avila
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Publicado originalmente en Contrapunto.com