La integración de la Asamblea Constituyente de la ciudad de México y la elaboración de su Constitución política, es un ejercicio diseñado para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) e impulsar la plataforma para su regreso al antiguo Palacio del Ayuntamiento en 2018.

Las viejas acciones del tricolor se dejan entrever a distancia, por lo que descarto que haya algo para celebrar al integrar la asamblea y en quienes recaerá (supuestamente) redactar la carta magna capitalina; se rumora que dicho documento ya está redactado.

El cinismo recae en el número de candidatos que serán electos, serán sólo 40 de los cien que participaran — 60 de ellos fueron ya designados, tanto por el presidente Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados y el Senado de la República— se excluyó a los que integran la Asamblea Legislativa capitalina, donde mantiene mayoría el grupo de Morena.

La proporción de las fuerzas en este grupo beneficia directamente al tricolor, porque de inicio —y sin voto ciudadano de por medio— tiene asegurado 18 por ciento de la representación total; dicho de otra forma, el PRI tendrá mínimo un tercio de la estructura de dicha asamblea (6 designados por Peña Nieto, 6 diputados federales y 6 senadores).

Tan sólo en la última elección que se usó para elegir al sustituto de Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno —por cierto hoy autoexiliado en el extranjero— se recabó un voto histórico a favor de las fuerzas de izquierda, a través de Miguel Ángel Mancera, hoy titular del gobierno capitalino.

Las preguntas que surgen son: quién y dónde decidió esta distribución; la respuesta es el 2 de diciembre de 2012 cuando César Camacho, Jesús Zambrano y Gustavo Madero Muñoz, en aquel entonces dirigentes nacionales del PRI, PRD y del PAN, respectivamente, signaron el famoso Pacto Por México.

El acuerdo se consolidó teniendo al presidente Enrique Peña y al jefe de gobierno Marcelo Ebrard también como participes de los alcances que no se dieron a conocer públicamente, entre ellos, el consentimiento del PRD para cambiar de siglas en la elección de 2018 en la jefatura de gobierno.

Con la firma de Jesús Zambrano, el PRD recibió el consentimiento del PAN y del PRI para presidir ambas Cámaras del Congreso de la Unión en el primero tramo de actividades; pero el PRI se quedó con la mayor parte del pastel; aceptó el control político de la capital del país.

De manera paralela, se llevó a cabo una campaña de desprestigio que se denominó “Todos contra Ebrard”, ya que estos tres líderes políticos leyeron que Marcelo se prefijaría como candidato a la presidencia de la República y había de detenerlo a toda costa. Lo lograron.

Una de las tareas que asumió Miguel Ángel Mancera desde aquellos años, y que ha realizado con la mayor eficacia, fue sabotearse asimismo, para ayudar a que la ciudadanía tuviera una imagen negativa de los partidos políticos que lo postularon, principalmente el PRD.

Dicho sea de paso, garantías individuales, como la manifestación pública, decidir sobre tu propio cuerpo, el aborto, las corrientes homosexual y lésbico-gay, de libertad de expresión, entre otras muchas más, ya están reguladas en el marco legal.

Sin embargo, quienes pretenden participar en la supuesta redacción de la Constitución usan estos temas como si fueran a integrarse, al parecer se nos ha olvidado que estas ha sido la respuesta de una lucha social intensa de varias generaciones atrás.

Lo cierto es que esta actividad es parte de una ilusión ciudadana y social para que de nueva cuenta regrese el PRI a gobernar de nuevo la ciudad, que en algún momento se le identificó para “la ciudad de la esperanza”, ¿Qué lejos estamos de aquel lugar y condición?

José Víctor Rodríguez Nájera es periodista

@JoseVictor_Rdz