A los dos meses de haberse perpetrado el asesinato de Berta Cáceres, la Agencia técnica de Investigación (ATIC) acompañado de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, procedieron a efectuar una serie de allanamientos en las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y Trujillo, dirigidos a arrestar a los supuestos asesinos de la lideresa indígena Berta Cáceres.

Entre los implicados se encuentra Sergio Rodríguez Orellana, un empleado de la Compañía Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA) y dos militares, entre ellos el Mayor Mariano Díaz, miembros activos de las Fuerzas Armadas, el que desempeña además como instructor de la Policía Militar -ente militar impulsado por Juan Orlando Hernández-, además de un teniente retirado

Es inverosímil que el mayor Mariano Díaz, considerado por algunos como como un elemento consentido dentro de las fuerzas armadas, hubiera participado en el asesinato sin que sus superiores estuvieran informados al respecto.

La militarización en Honduras se recrudeció a partir del golpe de estado, sirviendo de catalizador el colapso de la policía nacional, la que en buena parte se convirtió en una especie de cartel al servicio del crimen organizado. El Sr. Juan Hernández aprovechó la crisis policial para promover la Policía Militar, la cual actúa como su guardia pretoriana.

Ciertamente el avance en las investigaciones es resultado de la presión internacional y la intervención directa de los Estados Unidos, país que se ve afectado por la corrupción y colapso institucional en Honduras, promovido por los que han sido socios del imperio hasta la fecha.

La narrativa de terror impuesta en Honduras por sus gobernantes ha culminado en una serie de crímenes de estado que van desde el saqueo del Instituto Hondureño de Seguro Social, el que ha tenido como resultado un número no cuantificado de víctimas, hasta la eliminación sistemática de menores de edad.

Las más de 4 mill mujeres asesinadas entre el 2014 y 2015, forman parte de la política de exterminación a la que nos acostumbramos los hondureños a padecer como si fuera parte de una aberrante “normalidad”; al mismo tiempo que funcionarios estatales embriagados por el poder persisten en vender la imagen de una Honduras inmaculada.

En la supuesta guerra contra las drogas, los pueblos indígenas hemos sido víctimas de la farsa que ha culminado en la masacre de Ahuas perpetrada por la DEA y los asesinatos cometidos por la Fuerza Naval en la barra de Iriona.

El asesinato de Berta Cáceres fue premeditado con una enorme alevosía, y sus autores intelectuales pueden tener la certeza que tarde o temprano sus nombres saldrán a flotes, y lo más probables es la existencia de banqueros y funcionarios gubernamentales involucrados en la orden emitida a los militares sicarios que participaron directamente en el homicidio.

La persecución estatal a Berta, llegó al extremo de plantarle un arma de fuego, con el propósito de criminalizarla, y el estado al no poder llevar a cabo su cometido optaron por su eliminación

Ante las protestas del COPINH por el asesinato y la reacción violenta de las fuerzas de seguridad, aplaudidas por los medios de comunicación sistémicos y los bots al servicio de Juan Hernández, encaja las observaciones del juez de la Corte IDH,  Raul Zaffaroni sobre crímenes de estado: “La condenación de los condenadores. Es una técnica de neutralización bastante frecuente en los crímenes de Estado, especialmente cuando se dirigen contra pacifistas, disidentes o adversarios políticos”.

El asesinato de Berta marca el inicio de la caída de la dictadura, la cual a pesar de su enorme gasto en propaganda, no puede contener el rechazo absoluto de un país cuya niñez huye en estampida ante la violencia imperante, la corrupción y barbarie de este gobierno.

Sambo Creek, 11 de Mayo del 2016

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH