Dos de cada tres mexicanos colocaron a la inseguridad pública en el primer lugar de sus preocupaciones, si nos atenemos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y los resultados de su tercera Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental.

Lo anterior a pesar de que en seguridad pública y nacional Felipe Calderón y Enrique Peña realizaron una inversión sin precedente en los últimos 9.5 años. Simultáneamente, allí tienen lugar grandes negocios privados con recursos públicos a cargo de empresarios y funcionarios de los dos sexenios. Es sabido, por ejemplo, que Genaro García Luna administra desde Miami, Florida, los servicios que en capacitación brinda hasta la fecha. Mucho deslinde con el dipsómano de Morelia que busca la Presidencia a través de Margarita Zavala, pero los negocios y dineros son sagrados, no se tocan ni quitando un peso, como lo muestra la prisionera que más corrompió al sindicalismo.

Es lugar común reducir los grandes problemas a un asunto de percepción, incluso una conductora de televisión usó sin inmutarse la ocurrente frase de “percepción mata realidad”. Y tanto Calderón Hinojosa como Peña Nieto lo atribuyeron a su estrategia comunicacional, cuando ambos gastaron carretadas de dinero en publicidad institucional y también “bajo el agua” –para llenar bolsillos de analistas y líderes de opinión–, sin reparar en que el oligopolio vive uno de sus momentos de más baja credibilidad, tanta que la figura estelar de la manipulación informativa será removida de la titularidad de El Noticiario. Esto sin contemplar las cantidades que se embolsan funcionarios de comunicación social y por lo que viven en exclusivas zonas residenciales.

Volvamos a la encuesta del INEGI. El 66.4 por ciento de la población que colocó a la inseguridad en el primer lugar de sus preocupaciones puso en relieve que los avances que tanto presumía Miguel Ángel Osorio, como que “nunca en la historia de la humanidad se había logrado hacer tanto en tan poco tiempo”, no son estables, bajan unos ilícitos y repuntan otros.

El autor de la “verdad histórica” en la matanza y desaparición forzada en Iguala, explicó a fines de 2013 que los golpes propinados a las bandas de los narcóticos fueron tan decisivos que se vieron obligadas a refugiarse en el secuestro y que la Procuraduría no estaba preparada para afrontarlos, tardaría 10 meses, como sucedió.

La historia de la guerra contra el crimen organizado con éste u otro nombre, es la de la inmediatez, propinar “golpes demoledores” sin medir consecuencias como los “daños colaterales” (manuales de contrainsurgencia del Pentágono), y la aparición de la extraordinaria diversificación global de las bandas que ya obtienen más de la mitad de sus recursos económicos del tráfico de personas, órganos, migrantes, trata, extorsión, secuestro...

Interrogados sobre cuál es el segundo problema que más les preocupa, la mitad de los entrevistados (50.9) señaló a la corrupción. El índice de satisfacción que tiene la población sobre la policía fue de 25.3 por ciento y la gente más expuesta a la corrupción fue la que trató con funcionarios de seguridad pública, pues padecieron el problema 55.2 por ciento, seguidos de quienes hicieron trámites con el Ministerio Público (23.7 por ciento).

Inseguridad pública y corrupción (gubernamental y privada) aparecen como el binomio que es preciso afrontar. Y por ningún lado se observa la voluntad política para encararlo, sin demeritar la iniciativa de ley a debate que podría quedar al gusto de la clase política.

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