Un reportaje del New York Times, realizado por Azam Ahmed y Eric Schmitt, publicado el jueves 26 y titulado “En México, la letalidad desproporcionada de sus fuerzas armadas”, pone negro sobre blanco y en tribuna harto influyente en la aldea global lo que muchísimos mexicanos dicen en voz baja, y familiares y amigos de los ejecutados en forma sumaria no se resignan a callar.

Los reporteros sostienen que en la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo. Pero en el México de los discursos y loas al Estado de derecho es completamente al revés.

Y de acuerdo con datos gubernamentales, el Ejército, Marina y Policía Federal “matan con eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad”. El Ejército mató a alrededor de 3 mil personas entre 2007 y 2012. En ese periodo murieron por desgracia 158 soldados.

Como es sabido, menos del 2 por ciento de los homicidios terminan en condena y las fuerzas armadas matan a sus enemigos porque no “se puede confiar en el sistema judicial”, como “explicaron” sin inmutarse Héctor Aguilar y Jorge Castañeda en La Hora de Opinar (23-V-16).

Esta altísima productividad de los soldados la explican en las secretarías de la Defensa y de Marina con el argumento de que están mejor entrenados que los presuntos criminales que enfrentan. Pero los estudiosos del tema dicen que “la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro”.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados, desde finales de los años 70 por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos, e incluso más. En el México de las 11 reformas estructurales para modernizarlo, la cuenta es a la inversa: el Ejército mata a ocho enemigos por cada uno que hiere. Y con la Marina, la discrepancia es escandalosa: mata a 30 “delincuentes” por cada uno que hiere.

Las cifras corresponden al “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad”, publicado hace un año por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. La investigación tiene como sustento estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública. A partir de 2014 las estadísticas dejaron de ser publicadas por el gobierno que jura “Mover a México”.

A pesar de que desde hace una década las violaciones a los derechos humanos tuvieron un alza sin precedente, para Ahmed y Schmitt las fuerzas armadas “continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate”.

Le pusieron números a la grave acusación. De las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General desde 2006, sólo 15 terminaron en condena. Y luego se escandalizan porque Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de la ONU, sostiene que “la tortura no sólo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad”. Por algo el Estado mexicano concentra 73 por ciento de las denuncias presentadas a la CIDH.

“La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las fuerzas armadas mexicanas a los derechos humanos”, concluyen los reporteros, cuando es del dominio planetario que los mandos gringos son expertos en violar el derecho humanitario.

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