En 2013 el Congreso Mexicano aprobó aplicar un impuesto especial a los refrescos con el fin de desincentivar su consumo y hacer frente a los altísimos índices de obesidad y diabetes en la población, especialmente en la de más bajos recursos. Al cabo de un tiempo, diversos estudios demostraron que la medida había fracasado en su objetivo de reducir el consumo de las bebidas azucaradas, pero logró recaudar casi 38 mmdp de enero de 2014 a diciembre de 2015.¹

¿De dónde salió tan extraordinaria cifra? Como era de esperarse, de los bolsillos de los que menos tienen y más padecen por estas enfermedades. Es decir, el Congreso utilizó el alarmante problema de la obesidad (presente en el 70% de la población mayor de 20 años) y la diabetes (casi 10% de la población mayor de 20 años la padece) con fines recaudatorios, sin imponer medidas extraordinarias que atiendan de raíz el fenómeno agravado desde la entrada en vigor del TLC en 1994, que modificó sustancialmente los patrones de consumo y alimentación del mexicano promedio. Dentro de sus cálculos, poco importó que el problema sea uno de los principales desafíos en materia de salud que enfrenta México y se agravará en años próximos, significando brutales costos financieros y económicos para el país; o que la población de menores ingresos sea la que más consume estas bebidas y también la más afectada por estas enfermedades crónico – degenerativas (¿será porque ya previeron la privatización del sistema de salud en un futuro cercano?).

Como en los casinos, la lógica inmediatista (recaudatoria) se impuso

El tema viene a colación porque en estos días el Gobierno Federal anunció que estudia aplicar un incremento extraordinario en los precios de los combustibles con el fin de "desincentivar el uso de los automóviles y lograr una importante reducción en los niveles de contaminación que se han presentado en la Ciudad de México". Como era de esperarse, la administración de Miguel Ángel Mancera recibió de muy buena forma su anuncio, sin siquiera detenerse a escuchar la opinión de los expertos en la materia.

En los hechos, para atender el problema de la contaminación en la Ciudad de México, las administraciones de Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera actuarán bajo la misma lógica criminal con la que el Congreso atajó el problema de la obesidad y la diabetes: subiendo impuestos que de nueva cuenta serán pagados por la población de menores ingresos.

Si en el caso de la salud, la recaudación fue un elemento central de la discusión, mucho más lo será en el caso de los combustibles pues ya lo había anticipado el locuaz entreguista y entonces senador del PRI, David Penchyna, durante la reforma energética al asegurar que los mexicanos deberíamos replantearnos si vale la pena seguir destinando hasta con 280 mmdp para mantener el precio de los combustibles, pues ese subsidio al final beneficia al que más tiene.² Según Penchyna, entonces portavoz de la postura oficial que hoy de nuevo ha cobrado fuerza, un precio bajo de los combustibles beneficia a los que más tienen porque son los que cuentan con un número mayor de automóviles. Lo que omiten deliberadamente mencionar es que la gasolina y el diésel no sólo tienen uso para la movilidad privada, también en el transporte público, generación de energía eléctrica y lo más delicado: la producción y transporte de alimentos, pues debido a la inexistente planeación urbana los centros de producción están muy alejados de los grandes centros de consumo, con especial atención en la Ciudad de México. En resumen, la subida de los precios en los combustibles se traducirá en una cascada de aumentos que irán desde el transporte público hasta los alimentos. Y es aquí donde de nueva cuenta la población de menores ingresos será la más afectada, pues a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en México que para el periodo 1987 – 2012 se calculaba en 76%,³ se debe agregar que la mayor parte de ellos los destinan a la compra de alimentos (un 90% de los ingresos de las familias más necesitadas se gasta en alimentos y medicinas, calculó en 2012 Clara Brugada, de Morena).⁴

Si Miguel Ángel Mancera realmente quisiera hacer algo por la contaminación en la Ciudad comenzaría por derogar su reglamento de tránsito que indudablemente ha contribuido en el empeoramiento de los índices de calidad del aire, como lo aseguraron los expertos del Instituto de Ciencias Atmosféricas de la UNAM. Aunado a ello, reorientaría el modelo de desarrollo urbano de la megalópolis, impulsando los medios masivos de transporte público y la protección y ampliación de los espacios verdes, a semejanza de otros grandes centros urbanos del planeta.
Sin embargo, ello se traduciría en aceptar que la óptica recaudatoria y de negocios con la que ha desempeñado el cargo en el Gobierno de la Ciudad ha sido un fracaso.

La carrera por el 2018

Es imposible no asociar toda esta clase de errores y fracasos, incluyendo la inverosímil medida de entregar silbatos para denunciar el acoso sexual en la Ciudad, con las aspiraciones presidenciales del Jefe de Gobierno. Si nos guiáramos por la lógica política básica, Mancera estaría eliminado de la carrera por el 2018 al perder los comicios de 2015, de manera análoga a lo sucedido con José Calzada en Querétaro y Aristóteles Sandoval en Jalisco; y con mayor razón si se considera que sus índices de aprobación en la entidad que gobierna son bajísimos. Pero el sentido común no tiene peso alguno, sólo detener a AMLO a toda costa.

Según los cálculos de la oligarquía, a mayores escándalos de corrupción, saqueo e impunidad durante el presente sexenio, la simpatía y el discurso del líder de Morena se vuelven mucho más convincentes para el común del electorado mexicano. Para evitar que llegue a Los Pinos en su tercera participación, además de la guerra sucia, el bloqueo en medios y la compra de votos, el establishment impulsa a los “candidatos independientes”, entre los que se encuentra Mancera.

La utilidad de los candidatos independientes para el sistema radica justo en el engaño. Su discurso, difundido por personajes de la calaña de Jorge Castañeda Gutman, hace creer al electorado que se siente indignado por la corrupción y el bajo crecimiento económico, que el actual estado de las cosas es responsabilidad de “la partidocracia”. Es decir, usa el descrédito de los partidos políticos para igualarlos ante la sociedad y hacerle creer que la única solución es apoyar a los candidatos que se lancen fuera de ellos, sin importar que de independientes sólo tengan el apodo. Así pues, el voto del electorado que está fuera del alcance de sus maquinarias electorales no apoyaría directamente a AMLO.

Por lo anterior, a los grandes oligarcas del país les conviene seguir manteniendo la ilusión de que Mancera y los “independientes” son una opción viable, pues un voto para ellos será uno menos que logre AMLO en 2018.

Veremos si les funciona el chiste.