Diez años de recesión han rematado en la insolvencia del gobierno de Puerto Rico y la quiebra de la economía del país. El drama boricua empezó antes que la crisis global que en 2008 emergió en Wall Street, y ahora contribuye a hacer más transparente pero más insoluble la situación de la isla. O, para ser más exactos, que ahora destapa el fracaso fiscal y económico del régimen colonial, tragedia social en la que ese régimen ha atrapado a la nación puertorriqueña, y hace imposible resolver el problema mientras ese régimen subsista.

La situación, entre otras consecuencias, no solo ha disparado la pérdida de empleos y el deterioro de los ingresos, sino la mayor estampida migratoria que la isla haya sufrido y el colapso de sus instituciones públicas. Por ejemplo, las familias quedan sin seguro de salud y los hospitales sin insumos, y solo en el año 2015 más de 3,000 médicos abandonaron el país. Un efecto de ese colapso en el campo sanitario es la proliferación del zika que, a su vez, amenaza al turismo, rubro que aún funcionaba.

La deuda pública del Estado Libre Asociado pasa de 72 mil millones de dólares, según su gobierno. Ella viene de que por más de una década ese gobierno financió sus actividades contrayendo deudas, hasta agotar su crédito. Con una reacción demasiado tardía, ahora el Congreso de Washington considera la propuesta de crear por cinco años una Junta de Control Fiscal para reestructurar dicha deuda y reordenar la administración de la economía del país. Los integrantes de la Junta serían nombrados por la Casa Blanca, y su prioridad será garantizar el pago de la deuda a los bonistas de Wall Street, incluso en detrimento de los servicios sociales a la población de la isla.

Esa Junta tendría la facultad de aprobar el presupuesto, la emisión de leyes y las inversiones en infraestructura por encima de los órganos y autoridades electos del gobierno local y de la opinión pública boricua. Es decir, representa la intervención directa de Washington en el manejo de las funciones medulares del gobierno puertorriqueño y la cancelación de su supuesta autonomía. Esto exhibe al llamado Estado Libre Asociado (el ELA) como una farsa y hace más ostensible la relación que de veras existe entre ambas partes.

Como observa Rubén Berríos, mientras el interés de Estados Unidos era multiplicar la dependencia y los préstamos para mantener esa colonia a flote, el ELA prevalecía. Pero ahora su prioridad es cobrar esos préstamos.

Tarde y mal salen a despotricar contra la Junta los líderes y candidatos de los dos partidos tradicionales del sistema colonial, el autonomista Partido Popular Democrático (PPD), que busca mantener el estatus colonial del ELA como un territorio que pertenece a Estados Unidos sin ser parte de ese país; y el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) que aboga por convertir a la isla en un estado de los Estados Unidos.

Ambos ven la Junta como un escollo, el primero porque reduce al gobierno a la figura de un monigote pintado en la pared, y el segundo como un desvío que los aleja del propósito de ser parte de la Unión norteamericana.

Para decepción de los autonomistas del PPD, Washington no asume el papel de gastar en sacarle las castañas del fuego al sistema endeudado sino el de tranquilizar a los acreedores. El discurso de que harán lobby por continuar siendo un ELA sin Junta pertenece a tiempos pasados y, al final de cuentas, un colonialismo sin Junta fue, precisamente, lo que hundió a la isla y su pueblo en su presente crisis.

Y por lo que se refiere a los anexionistas del PNP, integrar a Puerto Rico como un nuevo estado de la Unión es algo que está muy lejos de interesarle a los norteamericanos. Sin importar cuánto pudieran votar los isleños por ser parte de Estados Unidos, ningún gobierno ni ningún congreso de Washington ‑‑ni la mayoría de sus electores‑‑ estarán dispuestos a admitir a una isla latina y quebrada en su Unión. Esa no es una opción que dependa de los electores boricuas, como tampoco dependería de los votantes mexicanos o los centroamericanos.

Trasnochadas mistificaciones. Como señala Berríos, la causa del problema no es la Junta sino el régimen colonial; rechazar la Junta es necesario pero eso dista de ser suficiente.

La cuestión radica en que la comedia política del ELA, cuya evolución lo ha convertido en tragedia, no cabe entre las opciones viables del Siglo XXI. El ELA es un fantasma de tiempos agotados. La única alternativa real es pactar un proceso descolonizador conducente a hacer de Puerto Rico una república independiente, soberana y sostenible. Opción que, por otro lado, ya dejó de contradecir los intereses norteamericanos, y antes bien ayudará al Washington actual a resolver un problema que hoy solo puede agravarse.