El asesinato el pasado 6 de julio de Lesbia Yaneth Urquía Urquía  acontecido en Marcala, se dio a los cuatro meses y cuatro días del homicidio de Berta Cáceres, teniendo como denominador común la resistencia a la instalación de  represas hidroeléctricas; en este caso la Aurora I, impulsada por la Sra. Gladis Aurora Lopéz, presidente del Partido Nacional de Honduras.

Yaneth Urquía se integró al COPINH después del golpe de estado del año 2009 y asumió la defensa del río Chinacla, el que fue concesionado en el 2010, en una piñata realizada por el Congreso Nacional, en la cual entregó más de medio centenar de ríos a personajes ligados a la élite de poder.

La mayoría de los ríos concesionados se encuentran dentro del territorio de los pueblos indígenas, y en ningún momento se efectuó las consultas previas, libres e informadas, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Estado de Honduras fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 2015, al haber omitido la consulta previa en comunidades Garífunas afectadas por proyectos turísticos y mineros. El Estado de Honduras se caracteriza por una denegación sistemática al derecho a la consulta previa, situación que se agravó después del golpe de estado, con la creación de una serie de leyes de corte neoliberal y decretos que afectan la sobrevivencia de los pueblos como culturas diferenciadas.

La Policía Nacional en el caso del asesinato Janeth Urquía indicó que fue motivado por el hurto de una bicicleta, tratando de desvanecer las implicaciones políticas. De la misma forma actuaron las autoridades con el homicidio de Berta Cáceres, el que trataron de convertirlo en una telenovela pasional, versión desvirtuada al ser proseguidos por asesinato un ejecutivo de DESA -empresa constructora de la hidroeléctrica de propiedad del clan Atala- además de un mayor activo del ejército, e instructor de la Policía Militar, un militar en retiro y un sicario.

La necropolítica impuesta por el actual y desprestigiado partido de gobierno está destinada neutralizar la oposición existente al reparto del país entre un grupúsculo de narco empresarios y la subasta de Honduras a supuestos inversionistas extranjeros identificados como libertarios de derecha (neonazis).

Para el próximo domingo está programado efectuar una consulta en el municipio de Santa Helena en relación a la hidroeléctrica Aurora I. Aparentemente el asesinato de Urquía está relacionado con la consulta y es un mensaje ominoso dirigido a los participantes.

Para complicar más el violento panorama, el PNUD y la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) vienen promoviendo una Ley de Consulta elaborada a las medidas de los intereses de ONUREDD, empresas extractivas y energéticas que se inclinan por desvirtuar la consulta y convertirla en una simple socialización de los proyectos destinada a la obtención de “reparaciones económicas”.

Es interesante como los “nacionalistas” actualmente en el poder se han enseñado en contra de mujeres, indígenas, defensoras de los bienes comunes y opositoras a la construcción de represas hidroeléctricas. La violencia estatal viene acompañada de una estrategia mediática para desvirtuar la defensa de la madre tierra y convertirla en una simple oposición al desarrollo.

Esperamos que exista una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Yaneth Urquía al mismo tiempo que exigimos se revelen los nombres de los autores intelectuales del asesinato de Berta, que son del conocimiento de las autoridades, las cuales se llaman al silencio de forma cómplice.

Sambo Creek, 8 de julio de 2016

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH