Resulta muy lamentable el desencuentro en curso entre el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a propósito de la encuesta aplicada por el por el Módulo de Condiciones Socioecónomicas 2015, perteneciente al primero, para medir el estado en que se encuentra la pobreza en México.

Bajo el argumento de que “medir los ingresos es complejo” en toda la aldea global, porque los informantes “tienden a declarar menos de lo que realmente perciben”, el INEGI por medio del MCS 2015, reportó que el año pasado los hogares más ricos del país percibieron ingresos 20 veces superiores a los del decil (la décima parte de la población) más pobre.

Y los hogares con el decil más alto de percepciones recibieron, en promedio al trimestre, 161 mil 568 pesos, contra 8 mil 169 pesos de los hogares del primer decil. Esto implica que los primeros captaron en promedio 19.8 veces más ingresos que los segundos.

Los estados donde obtuvieron el mayor ingreso promedio son Nuevo León con 66 mil 836 pesos trimestrales, seguido de la hoy Ciudad de México (61 mil 622), Baja California Sur (61 mil 361) y Aguascalientes (59 mil 434 pesos).

Las entidades federativas con menores percepciones en promedio por hogar –cada tres meses– son Veracruz (31 mil 328), Chiapas (29 mil 648), Oaxaca (28 mil 715) y Guerrero (27 mil 584 pesos).

En el norteño Nuevo León, entidad federativa con el mayor ingreso promedio, en los hogares obtuvieron el doble de recursos que en Guerrero, el de menores percepciones. Todo ello conforme a la información del reportero Juan Carlos Miranda, publicada en La Jornada (16-VII-16).

La muestra fue aplicada en 64 mil 93 viviendas y suscitó de inmediato la airada reacción del Coneval porque los cambios en los criterios de captación del ingreso que realizó el INEGI fueron su “decisión exclusiva”, se hicieron al margen del convenio de colaboración con el primero, no fueron “debatidos técnicamente en conjunto” y “rompen la evolución histórica de las mediciones de pobreza” que el Consejo Nacional realiza desde hace ocho años.

Es una pena que dos órganos denominados autónomos –INEGI y Coneval–, en un país en que abundan por el mal desempeño de las instituciones burocráticas regulares y, por ello, su falta de credibilidad, abonen a la mala percepción nacional que de suyo tienen las estadísticas oficiales, hasta el punto que en automático son cuestionadas cuando no fortalecen el punto de vista o la percepción de cada quien.

Pero también es sumamente saludable que los funcionarios del Coneval hagan públicos sus desacuerdos con la metodología empleada por los directivos del INEGI por ser “poco transparente”. Y podrá ser un debate harto enriquecedor en la medida que métodos y criterios para medir la pobreza a secas y la pobreza extrema (miseria) sean dirimidas con claridad, sin eufemismos y en lenguaje apto para los no especialistas.

Es un debate indispensable, sobre todo en un país en el que las percepciones acaban predominando sobre las realidades. Esto quiere decir que si la plana mayor del INEGI busca edulcorar la realidad de la pobreza mexicana, como ya concluyó el Coneval –las cifras significan el “incremento real de 11.9 por ciento en el ingreso corriente en los hogares y más de 33.6 por ciento en las casas más pobres en un año–, será demasiado difícil que las estimaciones del primero logren éxito en la percepción ciudadana, entre otras razones porque la realidad no es fácil edulcorarla y menos aún ocultarla.

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