Es hora de que el país pare el “golpe suave” que la oligarquía mantiene a través de la Sala de lo Constitucional. En serio: urge articular una grande y fuerte alianza de todos los sectores progresistas y democráticos para presionar por la renuncia o destitución de los perniciosos magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco.

Esos magistrados -que instalaron un “gobierno de jueces” por encima de los poderes legislativo y ejecutivo- tocaron fondo y  pasaron los límites la semana pasada en sus conocidas estrategias de desestabilización, el boicot financiero contra el gobierno y los ataques contra la institucionalidad estatal, al fallar contra la emisión de bonos de deuda pública y anular a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa.

El nombramiento de estos magistrados, que luego se erigieron como paladines de la transparencia y la legalidad, no fue transparente ni legal.

Fue intransparente porque su elección no resultó de un proceso abierto de evaluación de sus perfiles, sino de una negociación extra parlamentaria efectuada en Casa Presidencial; y fue ilegal porque dos de ellos, Jaime y González, no fueron propuestos originalmente por el gremio de abogados ni por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), instancias únicas en proponer a la Asamblea candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Exhibiendo un supuesto sesgo anti partidos políticos (supuesto porque el magistrado Jaime es financista de ARENA), la Sala ha destituido en varias ocasiones a magistrados y presidentes de la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Consejo de la Judicatura y de la propia Corte Suprema.

Esto, y la anulación de los diputados suplentes, constituyen verdaderos atentados contra la institucionalidad, estado de derecho y la democracia. La Sala interfiere permanentemente las funciones de las demás instancias estatales y les asesta duros golpes destituyendo a sus titulares, sin que nadie le ponga paro.

Y luego está lo aún más pecaminoso, perverso y perjudicial para el país: el boicot financiero contra el Ejecutivo que deja al gobierno sin recursos para costear los planes y programas de seguridad pública, y atender las demás necesidades de la gente y urgencias del país en materia social, ambiental, económica, etc.

Al revertir fondos especiales, reformas tributarias y emisión de deuda, la Sala es culpable de la violencia e inseguridad, falta de saneamiento ambiental y escasez de medicinas en los hospitales, alimentos para los escolares, insumos agrícolas, etc. Esto violenta los derechos de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables, y constituye un verdadero golpe contra el país perpetrado por los magistrados Jaime, Meléndez, González y Blanco.

Por tanto, hay que parar ese golpe ¡YA!

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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