El proceso de paz está transformando el régimen de democracia liberal colombiana y con el plebiscito para la terminación del conflicto lo que se espera es un reconfiguración de la democracia para propiciar una nueva relación entre Estado y sociedad civil.

El plebiscito especial que se realizará en Colombia en los próximos meses para legitimar el Acuerdo de paz está modificando los viejos parámetros de la democracia representativa y del partidismo clientelar.

La nueva democracia ampliada que se expresara en el plebiscito deja en el aire los agentes de la violencia y del uso de las armas como instrumentos de coacción política.

Daremos nuestro respaldo al plebiscito con un SI al Acuerdo final que se firme entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc, momento en que se inicia la campaña para las votaciones que refrendaran el fin del conflicto social y armado, que bien pueden ser en Octubre o una fecha posterior, pues aún faltan varios temas por pactar en la Mesa de conversaciones.

Haremos la pedagogía para la paz para comprometer más ciudadanos con la paz y la convivencia.

Para ganar millones de colombianos que rechacen la violencia, realizaremos todas las tareas que sean convenientes. Nada está seguro hasta el momento y, hacer las cuentas de la lechera, con la entelequia de los 10 millones de votos es puro folclorismo barato que afecta la construcción de una consistente voluntad nacional por el fin del conflicto.

Conseguir votos es una tarea muy difícil. Convencer a la gente no es fácil. Por eso no pecamos de ilusos ni nos pegamos a fantasías politiqueras acompañadas de la consabida crematística clientelar.

Los impactos democráticos del plebiscito

Como quiera que el plebiscito es un acontecimiento político de envergadura. Un proceso extraordinario que pocas veces se da en la sociedad, resulta necesario reflexionar sobre sus implicaciones e impactos en la democracia liberal colombiana.

Los interrogantes

Las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿transformara el plebiscito de la paz la democracia limitada que prevalece en el sistema político colombiano? ¿Permitirá una relectura de la democracia como modelo de organización y relacionamiento político de los integrantes de la sociedad?, en ese sentido también conviene plantearse: ¿Cómo caracterizar la actual democracia colombiana? ¿Cuáles son los problemas que la afectan en su funcionamiento? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la democracia en la actualidad?

ABC del plebiscito de la paz

Abordar estas cuestiones implica, en primer lugar, establecer el contenido y los alcances del Plebiscito que se convocara próximamente. Claramente no se trata de un procedimiento rutinario en la gestión de las instituciones liberales. Su realización se encadena al proceso de paz y al enfoque de la democracia ampliada pactada en el consenso sobre participación política. Es fruto de la apertura democrática que ocurre con ocasión de las conversaciones de paz con la guerrilla de las Farc.

El plebiscito solo es posible y explicable como recurso para salir de la crisis que propicia la violencia y la lucha armada.

Comprender las dimensiones de dicho evento supone aproximarse con la mayor objetividad a la Ley que lo reglamento [1] como una herramienta especial para legitimar la paz y a la Sentencia con el pronunciamiento de la Corte Constitucional que determino su exequibilidad.

Allí hay mucha tela que cortar.

La ley salió como entró a la Corte. Justo a la medida de los requerimientos y exigencias de la coyuntura.

Los aspectos nodales de la jurisprudencia son muy concretos: se trata de un plebiscito especial para la paz; el umbral es del 13%, esto es, casi 4 millones 500 mil votos; son los sufragios que debe sacar el SI para que triunfe; los funcionarios públicos podrán y deben participar en la campaña correspondiente; su aprobación tiene efectos vinculantes para el Presidente que lo convoca, pero no para el resto de poderes públicos; los ciudadanos podrán conformar comités promotores del SI o el NO, según reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral; la votación mayoritaria por el SI blinda el Acuerdo final de paz hacia el futuro como un compromiso y obligación de Estado; si se impone el NO, habrá que comenzar de nuevo con los diálogos de paz; la campaña se inicia al momento de la firma del Acuerdo definitivo de paz; no vale el voto en blanco; la campaña dura un mes y debe incluir una amplia pedagogía de la paz; nadie puede utilizar el plebiscito para promover campañas presidenciales o candidaturas a cargos de representación; y los medios de comunicación, todos sin excepción, tiene la obligación de adecuar espacios para la promoción del plebiscito.

Para intentar aclarar la incidencia de este evento político excepcional en la democracia realmente existente, asociada con la exclusión, la desigualdad, la abstención, la apatía, la corrupción y el clientelismo, es necesario intentar caracterizar de manera muy objetiva el tipo de régimen político prevaleciente en el Estado.

Previamente hay que hacer un punteo de orden histórico.

Algunas consideraciones históricas sobre la democracia colombiana

En Colombia, la incorporación de la democracia representativa, no fue precisamente producto del proceso de industrialización y modernización como en los países del occidente europeo y los Estados Unidos, sino que fue introducida tempranamente como parte del ordenamiento jurídico y político que siguió al proceso de independencia de 1810. En muchos casos, estuvo completamente desligada de la realidad política y socio-cultural en que se debatían las incipientes mayorías nacionales, y por tanto, no cumplió la función homogeneizadora de las sociedades avanzadas.

Particularmente en el caso colombiano, la democracia liberal se asentó sobre una sociedad heterogénea, en la que no se cumplía el principio de la democracia representativa como cuantificación de la voluntad colectiva, porque el porcentaje de población habilitada como ciudadana para ejercer sus derechos políticos era mínima (en virtud del voto censitario), pero sobre todo porque no existían las condiciones materiales para la liberalización del individuo y su incorporación en el mercado (prerrequisito liberal de la igualdad económica), que recién se cumplieron con las reformas liberales de los años 30.

Las reformas de López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras, significaron un importante momento en ese recorrido porque sentaron las bases de la democratización social por la vía de la reforma agraria (ley 200), la construcción del mercado (reforma laboral), y por tanto, del individuo libre de la tutela latifundaria, junto a la conquista iniciática del voto universal. Sin embargo, este proceso resultó limitado por varias razones, entre otras, porque no logró encarar el problema de la diversidad estructural del país, sino que se basó en la supuesta homogenización social bajo la categoría de pueblo que encubrían una realidad social mucho más compleja.

Más adelante, la política discurriría en la confrontación antagónica de los ciclos de la violencia agraria. Con las movilizaciones por la recuperación de la democracia a fines de la década de los 50, se incorporó plenamente la democracia representativa al acervo político.

No obstante, siempre se planteó la cuestión, con ocasión del régimen bipartidista del Frente Nacional y el post Frente Nacional, sobre el rol efectivo de la democracia representativa, en un país en que las definiciones de los procesos políticos pasaban por núcleos de poder que monopolizaban los recursos estratégicos de la política. Es decir, quien ganaba las elecciones por cuenta de los privilegios burocráticos y electorales y además tenía apoyo de parte del ejército, accedía al poder. En el fondo, estábamos delante de la existencia de núcleos decisivos donde se dirimía la política más allá de la mera cuantificación anónima del voto. Realidad que remite a la reflexión sobre la eficacia de la democracia representativa –un hombre un voto– como expresión de la voluntad política colectiva.

Con la prevalencia de la democracia representativa y los agregados de la reforma constitucional de 1991, se dio un ciclo histórico protagonizado por los partidos políticos como sujetos exclusivos de la representación política y, al igual que en otros contextos democráticos latinoamericanos, los principales problemas han girado en torno a la administración de la gestión pública, una débil institucionalidad, y una cultura política caudillista, clientelista y patrimonialista. En el caso colombiano, el patrón de interacción partidaria denominado democracia bipartidista que dominó desde los años 60, provocó distorsiones en el ámbito de decisiones políticas; así, mientras el Estado promovía un proceso de modernización económica (Carlos Lleras, López, Turbay y Gaviria), la gestión estatal era sostenida sobre el patrimonialismo hacendario corporativo del pasado y el influjo de las corporaciones financieras.

En síntesis, desde la fundación de la República en 1810, hemos vivido una sistemática separación entre un Estado formalmente montado sobre normas y leyes, y una dinámica social que mediante la acción organizada y medidas de presión, ha podido acceder ocasionalmente a escenarios de decisiones políticas, como se refleja en la actual coyuntura.

La caracterización de la democracia

Para caracterizar la democracia colombiana actual recurro al análisis de Duque Daza [2], quien se refiere a una realidad democrática que podemos caracterizar como deficitaria.

En la actualidad, dice Duque Daza, Colombia constituye una democracia con adjetivos. Una de las clasificaciones más difundidas, la del diario The Economist, la califica como una democracia defectuosa.

La democracia colombiana, agrega Duque, en las últimas tres décadas ha sido estudiada y calificada con adjetivos negativos.

Durante las décadas del setenta y del ochenta, prosigue Duque, a la vez que se enfatizaba en la larga tradición de civilidad y de ausencia de dictaduras militares, así como de una larga sucesión de elecciones periódicas, los estudios y análisis coincidían en aplicarle adjetivos que expresaban un faltante en términos de cierre, de restricciones. Diversos análisis utilizaron denominaciones como democracia oligárquica [3], democracia restringida [4], democracia limitada [5] y democracia cerrada.

Desde comienzos de la década del noventa, plantea Duque Daza, tras una serie de reformas institucionales que propiciaron una mayor apertura, nuevos escenarios y espacios de participación, los adjetivos referidos a la democracia dieron un giro y expresaron un acento en la presencia en el sistema político de actores extralegales de poderes fácticos que incidían en la funcionalidad de la democracia, emergieron denominaciones como democracia asaltada[6], democracia sitiada[7], democracia mafiosa, según el Observatorio de Derechos Humanos, 2005 y hasta paracracia[8]. Los más recientes análisis la ubican como una subpoliarquía o una democracia de baja calidad [9].

Este conjunto de denominaciones apuntan, considera Duque, por un lado, a expresar una especificidad en clave defectuosa de un faltante, por otro lado, a resaltar la presencia de actores que inciden de forma importante en su funcionalidad (el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares) y, en tercer lugar, sin negar la existencia de componentes propios de las democracias electorales, a señalar su déficit. Estas dimensiones son relevantes para una aproximación a la caracterización de la democracia colombiana, lo cual implica preguntarse por la naturaleza del faltante, de lo defectuoso, del déficit, y auscultar cuáles es y en qué consiste la incidencia de actores extralegales en la funcionalidad democrática, se pregunta Duque Daza.

Los mínimos de la democracia

Lo primero, agrega Duque D, el faltante y lo defectuoso, sólo se puede asumir respecto a un referente, el cual corresponde en la literatura politológica con los mínimos procedimentales o mínimos universales por debajo de los cuales un régimen no puede considerarse democrático, esto es: sufragio universal masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas; existencia de más de un partido; presencia de fuentes alternativas y diferentes de información, respeto a las libertades básicas[10].

Las interferencias a la democracia

Lo segundo, plantea, en relación con lo anterior, implica considerar que la presencia de actores extralegales interfieren en el proceso electoral (el carácter libre y competitivo de las elecciones por la presencia de formas coactivas de inducción del voto y de constreñimiento a la competencia); afectan las libertades de expresión, organización, asociación; la corrección y limpieza en los procesos con prácticas de manipulación y fraude en los procedimientos de conteo y escrutinio.

A partir de los déficits, Colombia ha sido clasificada como un régimen no democrático, por lo menos, no plenamente democrático: se ha denominado semidemocrática[11], ha sido incluida en el grupo de países semidemocráticos y parcialmente libre por parte de Fredom House en el periodo 1989-2012; Larry Diamond[12] la incluyó junto con Venezuela y Paraguay dentro de los regímenes ambiguos de América Latina, y Andreas Shedler[13] la clasificó como un régimen autoritario electoral, definiendo estos como los regímenes en los cuales, a diferencia de las democracias electorales (diferentes a las democracias liberales, que desarrollan el ámbito de los derechos también) no se cumplen todos los componentes de la cadena democrática (elecciones democráticas e inclusivas, libertad de oferta política, protección para la expresión de las preferencias electorales, sin coacciones y sin corrupción; igualdad del voto; acceso a fuentes alternativas de información). En esta perspectiva, las elecciones sólo pueden ser democráticas si cumplen con todos los requerimientos, de tal forma que expresiones como democracias parciales, cuasidemocráticas o semidemocráticas no tendrían cabida, afirma Duque Daza.

En la clasificación de Leonardo Morlino [14], Colombia está ubicada dentro de los regímenes híbridos de democracias sin ley, condición que se ha mantenido sin que se presente en las últimas décadas una transición hacia una democracia (plena), pero tampoco hacia un régimen autoritario, agrega.

El entorno turbulento con presencia de actores extrainstitucionales armados genera una dinámica de interferencia en los procesos funcionales democráticos, que los desvirtúan e impiden que el caso colombiano constituya la expresión de una democracia de mínimos, por el contrario, identifica un régimen democrático de submínimos. Se ubica por debajo del umbral, con el cual un régimen puede considerarse democrático. Esto implica, como lo señalaron Pizarro y Bejarano en el texto ya citado, una relación entre dos escenarios o campos: uno institucional (los procesos democráticos) y otro extrainstitucional (los actores armados ilegales: las guerrillas, los grupos paramilitares y las organizaciones neoparamilitares que en el lenguaje oficial se han denominado Bacrim o bandas criminales) que lo afecta y lo desvirtúa. Esta articulación y traslapamiento entre ambos campos se complejizó aún más durante la última década (2002-2012) por las evidencias de penetración de los grupos paramilitares en los procesos políticos, en las elecciones y en las instituciones de representación popular, y la incidencia de la criminalidad organizada en el manejo de las instituciones, en lo que ha sido denominado captura parcial del Estado, sostiene Duque Daza.

De forma complementaria a esta tesis de los campos en interconexión, durante la última década el proceso electoral, se vio distorsionado afectándose el carácter de las elecciones que dejaron de ser libres, correctas y competitivas, tanto por la coacción ejercida por los grupos armados ilegales, como por el hecho de que los propios actores del juego político desconfían de la limpieza de los resultados, y en reiterados casos lo han cuestionado. El Estado ha sido incapaz de regular y garantizar la realización de elecciones limpias en todo el país, la corrupción en el sector público ha alcanzado grandes dimensiones (incluyendo las instituciones electorales) y la alta impunidad opera como un incentivo a la delincuencia organizada y a la violación de las libertades y derechos fundamentales de la población. Asimismo, ante la no provisión de bienes y servicios por el Estado a amplios sectores de la población, sectores políticos asumen un papel de intermediación particularista creando redes de clientela que se han traslapado con los actores ilegales [15].

Así, Estado precario y democracia deficitaria integran una diada, en la cual el primero constituye un factor determinante de lo segundo. En Colombia las deficiencias estatales, su captura parcial por parte de actores ilegales y las características de los partidos políticos (la deformación de su tradicional función de representación, así como los vínculos establecidos por algunos de ellos y por congresistas y dirigentes locales en otros, con organizaciones criminales) constituyen las variables que generan las limitaciones y los déficits centrales de la democracia, dándole el carácter de una democracia de submínimos, de subpoliarquía, es la tesis de Duque Daza, que, en la perspectiva de una democracia sin ley, se trata de una situación en la cual se combinan condiciones de ilegalidad con institucionalidad precaria. El Estado es incapaz de mantener y garantizar la funcionalidad de los procesos electorales que caracterizan las democracias liberales, tampoco está en condiciones de garantizar una adecuada protección de los derechos civiles, lo cual genera un inadecuado funcionamiento, o la inexistencia, de instituciones legales. Las deficiencias estatales afectan la competencia política por presencia de coacción y violencia contra partidos y candidatos, de constreñimiento a los electores, de manipulación de los resultados.

Si además de los aspectos propios de la poliarquía consideramos, según Duque Daza, también los resultados, la democracia colombiana es además deficitaria. En esta perspectiva se ubican los trabajos que abordan actualmente la calidad de la democracia, y que incluyen dimensiones procedimentales y sustanciales: los resultados en términos de igualdad y de libertades, así como de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones de los gobernantes y de la estructura del Estado [16]. Hay un gran contraste entre la formalidad que consagra los derechos y libertades en la Constitución Política de 1991 y sus desarrollos y su concreción en la realidad. Aunque están consagrados los derechos, estos no se concretan.

Límites de los derechos civiles y políticos

Hay grandes limitaciones a los tres componentes de dignidad personal, derechos civiles y derechos políticos, no hay garantías para la seguridad y la integridad de los ciudadanos ni para el ejercicio pleno de las libertades básicas; los ciudadanos están expuestos a toda serie de amenazas, son muy vulnerables, y el Estado es débil a la hora de actuar como garante universal de los derechos, si bien las instituciones jurídicas dan cada vez más cabida a la defensa de los ciudadanos a través de mecanismos legales como la acción de tutela. Se presenta un contraste entre la formalidad y la realidad. En cuanto a los indicadores de derechos políticos y civiles, denotan poco respeto a los derechos humanos, los derechos de asociación y organización y de autonomía personal, incluidos también los derechos económicos. Según las categorías de Freedom House [17], Colombia sigue siendo catalogada como un país parcialmente libre. En libertades civiles se ha presentado un relativo avance en los últimos años, pasando de parcialmente libre a libre, aunque en el umbral mínimo. El peor indicador corresponde al que da cuenta del condicionamiento de libertades y derechos por la presencia de actores armados.

La desigualdad social

Por otra parte, Colombia es el país con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza de América Latina y el cuarto más desigual del mundo. En Colombia un alto porcentaje de su población carece del acceso a bienes y servicios básicos, no cuenta con derechos sociales, económicos y culturales, y desde las instancias gubernamentales no se han dado respuestas a las necesidades de la población que permitan superar esta realidad. El índice Gini en promedio 0,569 para el periodo 1995-2011 (frente al promedio de América Latina en 2010, solo en Guatemala era mayor). Aunque han disminuido en la última década, la pobreza y la indigencia todavía son de las más altas del continente (pobreza del 40%), siendo mayor en las áreas rurales y presentando diferencias importantes entre regiones; en el Atlántico y el Pacífico –con mayoría de población afrodescendiente– los índices de pobreza son más altos. En cuanto a la población económicamente activa, más de la tercera parte trabaja en la informalidad, desempleo disfrazado o subempleo ambulante en las calles de las ciudades o en actividades familiares que impiden acceder a la seguridad social básica. Asimismo, en Colombia el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH) es de 0,710, considerado alto, pero teniendo en cuenta el ajuste por desigualdad se reduce drásticamente a 0,479.

En suma: comparados con los mínimos procedimentales propios de las democracias, Colombia, sin constituirse en una autocracia, presenta déficits importantes que afectan a la mayoría de las dimensiones propias de la poliarquía, y presenta rasgos de una sub-poliarquía. Se trata de una democracia defectuosa, con déficits importantes. Y en términos de sus resultados se caracteriza por ser una democracia de baja calidad, es la conclusión de Duque Daza [18].

Para entender mejor este cuadro del régimen democrático colombiano conviene acudir al análisis que ofrece la filosofía política en sus autores clásicos.

Veamos.

Lecturas de la democracia y la crisis de sus paradigmas

Los problemas emergentes de las concepciones reduccionistas de la democracia, como la gobernabilidad, la representación y la gestión pública han sido abordados de manera extensiva por la ciencia política en las últimas décadas, señala Zegada [19] a quine recurrimos para esta reflexión sobre la actual coyuntura colombiana. Es el caso de autores que provienen de la ciencia política clásica como Norberto Bobbio[20], quienes llamaban la atención sobre el conjunto de falsas promesas o promesas incumplidas de la democracia, argumentando que de una democracia del individuo y del pueblo soberanos se habría pasado a una democracia de los grupos poderosos, convertidos en los protagonistas de la vida política, que por la predominancia de sus intereses particulares provocaban un efecto centrífugo en la política y su consecuente fragmentación. De este modo, el predominio del neocorporativismo, definido por la presencia de grupos de interés particulares por encima de la preservación del bien público, habría distorsionado los principios y fines de la democracia. Bobbio también se refería al poder invisible de la democracia como aquel poder oculto que, desde los intersticios, regía la práctica política y reorientaba de manera subrepticia sus objetivos generales.

Otras tendencias interpretativas han puesto atención en aspectos más puntuales como el tipo de régimen político, identificando como problema, por ejemplo, el presidencialismo, sobre todo en América Latina. Otros estudios se enfocaban de manera más precisa en el desempeño político de las instituciones, la corrupción, la gobernabilidad y por supuesto la representación.

De ahí que, centrados sobre todo en la noción de democracia como desarrollo institucional y gobernabilidad política, se han propiciado en América Latina en las últimas décadas, una serie de reformas institucionales (Como la Constitución de 1991), muy importantes por cierto, pero que encaraban parcialmente los problemas del sistema democrático. Por ejemplo, se han buscado soluciones centradas en la gestión estatal de la democracia, con el fin de eliminar administraciones patrimonialistas, clientelistas o corruptas, promoviendo la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas o control democrático y transparencia en la gestión; otras reformas se han concentrado en la búsqueda de soluciones a la gestión política por la vía gerencial, es decir, buscando mejorar la eficiencia de la administración pública mediante el traslado de criterios del sector empresarial privado al ámbito público.

En Colombia, de manera concurrente con las reflexiones latinoamericanas, durante la década de los 80 y 90, se ensayaron diversas interpretaciones de la realidad democrática ligadas a la necesidad de modernización del Estado, a mejorar la transparencia y eficiencia del régimen democrático y a la gestión de los partidos políticos en el Estado dentro del horizonte de estabilidad del orden político como factores complementarios al régimen económico neo-liberal. Algunas lecturas hacían énfasis en la necesidad de generación de acuerdos y consensos para fortalecer una gobernabilidad democrática adecuada al cambio moderno, a la participación popular, o a los problemas de representación y a la emergencia de actores neo populistas funcionales al régimen, plantea Zegada.

Estas preocupaciones intelectuales han encontrado eco en la gestión institucional, logrando avances importantes en términos de mejoramiento de la trama normativa, pero resultan al mismo tiempo limitadas, pues con la pretensión de mantener la estabilidad del sistema, no lograron encarar los aspectos estructurales críticos de la democracia, la gestión pública y política. En esa misma línea, restringieron el concepto de gobernabilidad a la capacidad de generar pactos políticos interpartidarios en el parlamento con el fin de viabilizar las políticas públicas, alejándola de su razón de ser que es la relación del Estado con la sociedad, es decir, la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades y demandas sociales para reproducir su legitimidad; de ahí se infiere que uno de los problemas centrales de la democracia, soslayados por estas preocupaciones intelectuales reside en la relación del Estado con las demandas y expectativas de la sociedad; es decir, con las contradicciones, conflictos y fracturas de orden económico, social y cultural., plantea la autora

Nuevas articulaciones conceptuales de la democracia

Estas limitaciones en los paradigmas interpretativos sobre la democracia y sus efectos en los sistemas políticos, nos ponen ante el desafío de encontrar nuevas narrativas, lecturas críticas y renovadas de la relación entre el Estado y la sociedad, del sistema de representación política y de los núcleos en que se dirime el poder, propone Zegada.

Para ello, en principio es necesario abandonar una visión monológica de la democracia asociada a la estabilidad institucional, y más bien partir de las contradicciones donde el objetivo de la política, más que atacar los conflictos y mitigarlos, consiste en movilizarlos, ponerlos en el centro del escenario, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo. Así, siguiendo a Mouffe [21], las contradicciones que se generan en la sociedad, lejos de representar un peligro para la democracia son su condición de existencia. En esa misma línea, reflexiona Tapia sobre la necesidad de partir de un concepto de democracia como condición lejos del equilibrio [22] (2009).

Complementariamente a esta visión, Dussel [23] define la democracia como la necesaria institucionalización de las mediaciones que permiten ejercicios delegados del poder legítimo, inclusive alientan la existencia de minorías y del disenso. Introduce el concepto de crítica social para caracterizar el nuevo régimen que pone en cuestión las estructuras hegemónicas del sistema y énfasis en la necesidad de contar con estructuras organizativas democráticas, conformadas de abajo hacia arriba, criticando severamente a las organizaciones partidarias que se habrían convertido en meras maquinarias electorales.

El concepto, acuñado por Laclau [24], de democracia radical apunta en la misma dirección, en él se destaca un desarrollo horizontal de las relaciones en que las organizaciones y movimientos sociales empiezan a generar efectos políticos; desde su perspectiva, la democracia se radicaliza en la medida en que sectores que no participaban en las definiciones públicas, comienzan a lograr una expansión continua en el ámbito de decisiones estatales.

En efecto, la democracia denota una manera de ser de lo político (Ranciere,) [25] o un modo de subjetivación de lo político que no puede leerse al margen de la sociedad sobre la cual se sostiene, es decir, de las contradicciones y conflictos económicos, sociales, y de la cultura política que se constituyen al mismo tiempo en la base y en los límites de su desempeño.

La preocupación entonces deviene de la necesidad de atender las características de las sociedades sobre las cuales se implanta el régimen democrático y, paralelamente, de buscar maneras de convivencia social y política, –de gobernabilidad– que se verifiquen en el campo político e institucional. Al respecto, Mouffe trabaja el concepto de pluralismo agonístico democrático, que replantea la democracia liberal para proteger las instituciones democráticas, abandonando la perspectiva racionalista que lleva al antagonismo, tendiendo más bien a desactivarlo y transformarlo en agonismo, es decir, en una manera de “convertir al enemigo a abatir, en un adversario al que se debe tolerar”[26].

La demodiversidad

Otro autor que marca un derrotero en las nuevas lecturas de la democracia es Boaventura De Souza Santos [27], mediante la construcción del concepto de demodiversidad. Este concepto parte de la idea de la coexistencia de distintos formatos de democracia en un contexto histórico determinado. La noción de demodiversidad busca compatibilizar la eficiencia político-institucional con la equidad social, se sostiene en el reconocimiento de que, además de la democracia representativa liberal, existen otras formas de democracia de iniciativa popular, participativa, o comunitaria. Sin embargo, el aspecto novedoso de esta noción es posicionar las distintas formas de democracia sin que se subordinen a la liberal representativa, –y por supuesto sin subordinarse unas a otras–, por lo que establece la necesidad de desarrollar criterios transculturales, democratizar los saberes, crear autoridad compartida, ubicar a los movimientos y organizaciones sociales como protagonistas de la nueva democracia; en definitiva, se trata de democratizar la democracia.

De esta manera, también desde la sociedad organizada se produce una ruptura con las formas tradicionales de lectura de la democracia y las preocupaciones se desplazan del campo estrictamente político institucional al sociológico y cultural en cuyo seno reside también la política y al poder, afirma Zegada en su análisis del caso de Bolivia.

Discursos y contenido de la democracia

La democracia se convierte en un dispositivo dinámico de deconstrucción y reconstrucción de estructuras discursivas y simbólicas. Así, en el debate político y simbólico, la noción de democracia se encuentra vacía de contenido y adquiere sentido en la medida en que se articula a algún principio articulador o hegemónico particular [28]. En otras palabras, la discusión sobre la democracia o los adjetivos que se le atribuyen, se sitúa en el terreno de la disputa política estructural entre principios hegemónicos distintos que pugnan por el poder y por (re)articular los elementos ideológicos, en este caso la democracia, a sus respectivos discursos y otorgarle determinado sentido.

Particularmente, en situaciones de crisis hegemónica y política, plantea Zegada, se producen procesos de desarticulación/rearticulación discursiva de la noción de democracia, ya que durante periodos de estabilidad del sistema político y reproducción de los formatos habituales de la representación, las clases dominantes logran absorber las posibles contradicciones y las neutralizan mediante la instalación de un régimen de verdad asumido e internalizado por la sociedad. En cambio, en situaciones de crisis, al perder su capacidad de interpelación, se produce un proceso de disolución discursiva y se genera la circulación y posibilidades de (re)articulación de aquellos elementos ideológicos que adquieren centralidad en el campo político.

En consecuencia, agrega Zegada en la línea de Tapias, la democracia va mutando su contenido y produce nuevos efectos de verdad, condiciones que (re)definen lo que es y no es aceptable; pues las condiciones del discurso y los propios discursos no son dados de una vez y para siempre, sino que se transforman a través del tiempo, mediante cambios generales y relativamente repentinos de un episteme a otro [29].

En ese sentido, en Colombia se está produciendo con el proceso de paz un desmontaje de la eficacia simbólica de la democracia representativa instaurada como régimen de verdad en el periodo neoliberal; un desanclaje de las estructuras institucionales objetivadas, y la construcción paralela de nuevas articulaciones democráticas en los discursos y propuestas de los sujetos alternativos que en este momento se van consolidando en el campo político. Es lo que deberá darse con la movilización y realización del plebiscito de la paz.

Un factor que ha cobrado relevancia en el proceso de transformaciones y que debe ser considerado en el análisis, es la materialización de estos nuevos formatos de democracia en una nueva institucionalidad o, si se quiere, en un proceso de (re)institucionalización de la política, incorporando el conjunto de innovaciones que incluyen nuevas formas de participación social en espacios de decisión y control, la creación de mecanismos y espacios públicos que aseguren que los diferentes intereses y posiciones estén presentes en el debate, la deliberación nacional y local, y la automática redistribución del poder, plasmados claramente en leyes y mecanismos institucionales.

También es preciso reparar en las distintas nociones de participación [30] que acompañan estas visiones y propuestas, algunas como complemento al régimen neoliberal o representativo sin afectar sus estructuras y subordinándose a las mismas, otras en cambio, se articulan a proyectos de transformación estatal y logran mediante la presión su incorporación en la estructura de decisiones estatales.

Discutir la noción de ciudadanía

Por último, plantea Zegada, no es posible repensar la democracia sin discutir la noción de ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía se encuentra estrechamente vinculado con el régimen político democrático, puesto que se convierte en el garante de los derechos ciudadanos. La noción de ciudadanía resulta crítica y retorna al centro del debate, porque no se han logrado resolver las contradicciones en relación con la desigualdad social, la discriminación, la exclusión y la convivencia de ciudadanías diferenciadas. De esta manera, la inacabada construcción del Estado-nación y su correlato en una ciudadanía universal –la nación imaginada de Anderson [31] –, es interpelada por una realidad en la cual conviven tiempos heterogéneos [32], que demandan formas de pertenencia, reconocimiento y respeto a la diversidad.

En definitiva, este recorrido conceptual e histórico en relación con la democracia en Colombia, pone en entredicho la concepción del Estado y el sistema político como espacios exclusivos de lo político, y sitúa a la sociedad civil y sus organizaciones como espacios privilegiados donde, desde los márgenes de lo institucional/formal/representativo, al hilo de la reflexión de Zegaa, se organiza y discurre el poder. Por eso, la democracia no puede leerse sólo en sus anclajes institucionales sino fundamentalmente en su relación con la sociedad civil, las organizaciones sociales y las contradicciones estructurales que de ella emergen.

Son los temas que incorpora el proceso plebiscitario de la paz que ocupara a la sociedad colombiana en las próximas semanas.

Notas

[1] Ver el texto de la Ley del Plebiscito de la paz en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2aeTe4Z

[2] En la caracterización de la democracia colombiana me apoyo en el trabajo del politólogo Javier Duque Daza “La democracia en Colombia: entre los déficits y las insatisfacciones de los ciudadanos. Ver al respecto el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2a2GaRx

[3] Ver los siguientes textos citados por Duque Daza: Wilde, Alexander. (1978), Conversaciones entre caballeros. La quiebra de la democracia en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo; y Leal, Francisco. (1988), Estado y política en Colombia, Bogotá, CERC, Universidad de Los Andes.

[4] Ver los siguientes textos citados por Duque Daza: Pizarro, Eduardo. (1981), “La democracia restringida en Colombia”, en Colombia Estudios Marxistas, vol. 21, p. 3-29; Pécaut, Daniel. (2007[1987]), Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Bogotá, Norma; y Chernick, Marc. (1989), Reforma política, apertura democrática y del desmonte del Frente Nacional, en Patricia Vásquez de Urrutia, (Comp.), La democracia en blanco y negro. Colombia en los años ochenta, Universidad de los Andes, Bogotá. pp. 285-320.

[5] Ver Santana, Pedro. (1989), Los movimientos sociales en Colombia, Bogotá, Foro Nacional por Colombia, citado por Duque Daza.

[6] Ver Kline, Harvey. (1995), Colombia: Democracy Under Assault. 2nd ed., Boulder, Co: Westview, citado por Duque Daza.

[7] Ver Archer, Ronald. (1995), “Party Strenght and Weakness in Colombia´s Besieged Democracy”, in Scott Mainwaring and Timothy R. Scully. (eds.), Building Democratic Institutions. Party system in Latin America, Palo Alto, CA: Stanford University Press; y Pizarro, Eduardo y Bejarano, Ana María. (2006), Political Reform After 1991: What Still Needs to be reformed?, en Welna, C. y Gallón, G. (Eds.), Democracy, Peace and Human Rights in Colombia, Notre Dame University Press, citados por Duque Daza.

[8] Ver Botero, Felipe. (2007), “Colombia: ¿Democracia, paracracia o simplemente desgracia?” Revista Ciencia política (Santiago), vol.27, [en línea], disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2007000100006&script=sci_arttext , citado por Duque Daza.

[9] Ver Duque, Javier. (2012), “La subpoliarquía colombiana. Deficiencias estatales, democracia deficitaria”, en Desafíos No 24.

[10] Ver los siguientes textos Dahl, Robert. (1971), La democracia y sus críticos, Madrid, Taurus; Bobbio, Norberto. (1984), El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica; Morlino, Leonardo. (2002), Democracias y democratizaciones, México, Cepcom y (2007), “Explicar la calidad democrático: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, en Revista de Ciencia política, num. 2, vol 27, citados por Duque Daza.

[11] Ver Mainwaring, Scott; Brinks, Daniel y Pérez, Aníbal. (2000), “Classifying political Regimes in Latin merica, 1945-1999”, Working Paper #280; y Pizarro, Eduardo y Bejarano, Ana María. (2006), Political Reform After

1991: What Still Needs to be reformed?, en Welna, C. y Gallón, G. (Eds.), Democracy, Peace and Human ights in Colombia, Notre Dame University Press, citados por Duque Daza en su texto ya referido.

[12] Ver Diamond, L. (2002), “Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes”, Journal of Democracy, vol. 13, núm. 2, pp. 21-35.

[13] Ver siguiente texto Shedler, Andreas. (2009), “Regímenes autoritarios electorales en el mundo contemporáneo”, Cuadernos de Estudios Latinoamericanos, num. 5, citado or Duque Daza.

[14] Ver texto de Morlino en el siguiente enlace electrónico (2007), “Explicar la calidad democrático: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, en Revista de Ciencia política, num. 2, vol 27.

[15] Ver Duncan, Gustavo. (2006), Los señores de la guerra. Bogotá, Planeta; y García, Mauricio y Revelo, Javier E. (2010), Estado alterado. Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia, Bogotá, De-Justicia.

[16] Ver Morlino, Leonardo. (2002), Democracias y democratizaciones, México, Cepcom; y (2007), “Explicar la calidad democrático: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, en Revista de Ciencia política, num. 2, vol 27, citado por Duque Daza.

[17] Ver el siguiente enlace electrónico https://freedomhouse.org/

[18] Ver http://bit.ly/2a2GaRx

[19] Ver siguiente texto http://bit.ly/29PCmQX

[20] Ver BOBBIO, Norberto 1993 El futuro de la democracia (México: Fondo de Cultura Económica).

[21] Ver siguiente texto en este enlace electrónico MOUFFE, Chantal 1999 El retorno de lo político (España: Paidós).

[22] Ver siguiente texto TAPIA, Luis 2009 “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política” en Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano (Buenos Aires: Clacso) nº 13.

[23] Ver siguiente texto DUSSEL, Enrique 2006 20 Tesis de política (México: Siglo xxi).

[24] Ver siguiente texto LACLAU, Ernesto 2009 Conferencia de Ernesto Laclau en la pucp, en Lima, Perú.

[25] Ver siguiente texto RANCIERE, Jacques 1996 El desacuerdo (Buenos Aires: Nueva Visión).

[26] Ver MOUFFE, Chantal 1999 El retorno de lo político (España: Paidós).

[27] Ver siguiente texto DE SOUZA SANTOS, Bonaventura 2004 Democracia de alta intensidad. Apuntes para democratizar la democracia, Cuaderno de Diálogo y Deliberación Nº 5 (La Paz: cne).

[28] Ver el siguiente texto LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal 1980 Hege

[29] Ver siguiente texto FOUCAULT, Michael 1983 El discurso del poder (México: Folios).

[30] La idea de participación se refiere a compartir el poder de decisión del Estado sobre asuntos relativos al interés público.

[31] Ver siguiente texto ANDERSON, Bendict 1993 Comunidades imaginadas, fce, México.

[32] Ver siguiente texto CHATTERJEE, Partha 2008 La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos (Buenos Aires: Siglo xxi/clacso).