El senador paraguayo Miguel López Perito (foto), jefe de Gabinete del ex presidente Fernando Lugo, analizó la sentencia contra los campesinos por la masacre que fue usada como excusa para el golpe de Estado en 2012.

Con un operativo policial que implicó a 1.500 efectivos y francotiradores apostados en las terrazas de los edificios linderos, el pasado lunes el Tribunal de Sentencia leyó los argumentos de las condenas de entre 5 y 30 años a los campesinos de Curuguaty, en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción. El Tribunal encabezado por el juez Ramón Trinidad Zelaya sostuvo que tuvieron las pruebas para acusarlos y aseguró que existió un plan para matar a los policías, que el 15 de junio de 2012 arribaron a las tierras de Marina Kue para desalojar a los campesinos con una orden de allanamiento.

Radionauta dialogó sobre la sentencia con el senador por Avanza País, Miguel López Perito, jefe de Gabinete del gobierno de Fernando Lugo al momento de producirse la masacre que, una semana más tarde, derivaría en el derrocamiento del jefe de Estado.

- ¿Cuál es la opinión que le merece lo que ha sido el trayecto judicial y qué piensa de la sentencia?

– En primer lugar, creo que este es un juicio que se fraguó a la inversa, a partir del objetivo de la condena de un grupo de campesinos sobre los cuales no hay una evidencia clara de las acusaciones que sobre ellos pesan. Se fraguó el juicio para dar un cierre y echar tierra sobre la enorme cantidad de dudas y preguntas que existen respecto a esa matanza.

Hemos recibido con sorpresa los argumentos del Ministerio Público que dicen que los campesinos, en una actitud que ya estaba preparada para recibir con violencia a las fuerzas policiales, ejecutaron a varios policías con armas que nunca se probaron siquiera que fueran disparadas, con pericias que nunca fueron realizadas y que no establecen ningún tipo de relación entre los supuestos asesinos o los supuestos ejecutores y las víctimas. Así se castiga a este grupo de personas y no se abre investigación alguna sobre la muerte de los 11 campesinos fallecidos en esa situación, bajo el supuesto de que al iniciar ellos la agresión, fueron simplemente víctimas de una legítima defensa de las fuerzas policiales. En realidad sabemos muy bien que muchos de ellos fueron asesinados a sangre fría.

Esto demuestra, una vez más, que esa masacre que ocurrió en Marina Kue, en la localidad de Curuguaty, es antes que nada, un montaje que se realizó para derrocar al gobierno de Lugo. De ahí que, más allá de cualquier otro tipo de razonamiento, acá hay una enorme falla jurídica, acá hay una complicidad abierta de la Justicia con los conspiradores que montaron esta masacre y que de antemano ya decidieron culpabilizar a campesinos que no tenían nada que ver, y que no se ha demostrado que tenían nada que ver realmente, para echar tierra sobre este triste episodio que hasta hoy conmueve a nuestro país y que sirvió para dar un golpe de Estado.

- Esta semana ha solicitado tratar la conformación de una comisión dentro del Congreso que investigue este caso, y ha sido rechazada justamente por sectores oviedistas y del Partido Colorado. ¿Cómo lee usted ese rechazo?

– Bueno, acá hay un miedo enorme a que se sepa la verdad. Lo que levanta y agudiza más la sospecha de la complicidad de muchos sectores de la oligarquía paraguaya con este crimen masivo que se cometió por el solo hecho de buscar una causal para derrocar a un gobierno legítimamente constituido. De hecho, esa propuesta de la comisión todavía no fue rechazada. Va a entrar en consideración porque se trata, efectivamente, de una recomendación dada por el propio Estados Unidos de Norteamérica, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Paraguay. De ahí que, habiendo aceptado el Poder Ejecutivo dicha recomendación, traspasa al Congreso esa responsabilidad, lavándose las manos, por supuesto.

Ahora inocentemente el Congreso, o sea algunos sectores dentro del Congreso, en el Senado concretamente, pretenden evitar que se realicen esas gestiones para configurar esa comisión. Una comisión internacional de expertos que se dedican a este tipo de investigaciones, que no tienen nada que ver con ningún sector político del Paraguay, con ningún problema interior de la política nacional, para poder garantizar justamente que las cosas se hagan bien.

Sin embargo, estamos confrontados a la paradoja de que, habiendo aceptado el Poder Ejecutivo y habiéndole pasado este problema al Poder Legislativo, el Poder Legislativo va a evitar que se constituya dicha comisión con lo cual el propio Poder Ejecutivo se lava las manos ante la recomendación realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una pieza de orfebrería, de torpeza política que está demostrando este gobierno que tenemos. De ahí que va a ser muy importante que se estudie con seriedad esta propuesta, y todavía creemos que es posible lograrlo.

- ¿Cree que el gobierno podría haber tomado otro tipo de acciones y actitudes frente al conflicto con el campesinado? ¿Qué análisis hacen de ese período como gobierno?

– Aquí hubo gente que para defender lo indefendible levantó la peregrina hipótesis de que los responsables de la masacre precisamente eran el presidente Lugo y el ministro del Interior, Carlos Filizzola, porque era el gobierno que en ese momento teníamos, que ellos fueron quienes podían haberlo evitado y no lo hicieron.

En cualquiera de los casos, asumiendo que había habido fallas en materia de inteligencia, en materia de información fidedigna, de ninguna manera se puede culpar al gobierno de esta masacre que obviamente tuvo sus responsables. Y que a partir de ella ya no fue posible establecer siquiera dichas responsabilidades. Porque todo el personal superior que participó o que tuvo algo que ver en esa operación concreta, lo hizo en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, ni siquiera era una orden de desalojo. No puede culparse de eso al gobierno, del cumplimiento de una orden judicial. Y sí, en todo caso, sumariarse, investigarse a los jefes directos de la operación por no haber procedido como se procedió.

De todas maneras, la fiscalía no hizo ninguna investigación al respecto. De ahí que algunos personajes del sector oficialista levantan la hipótesis o la idea de que Lugo es responsable o que el ministro del Interior es responsable de eso. Como digo, aún asumiendo que se produce bajo el gobierno de Lugo y de que pudiera haber fallas, no es la misma responsabilidad, o no tiene que ver la responsabilidad con no haberse sabido certeramente qué es lo que estaba pasando antes de la operación, y equiparar a la masacre que concretamente se produjo en este lugar donde, repito, hubieron asesinatos a sangre fría.

Eso se puede demostrar con muchísima facilidad; la fiscalía no lo ha hecho porque considera, simplemente, que se trata de una legítima defensa. Cosa que no tiene ninguna vigencia porque las pautas jurídicas para la legítima defensa no se han cumplido de ninguna manera en esa situación. De aquí que, una vez más, se trata de hacer cortina de humo con ese tipo de argumentos, solamente para justificar lo injustificable. En este caso, el montaje de una masacre de 17 compatriotas fallecidos, solamente con el objetivo de derrocar a un gobierno que desde hace rato venía siendo perseguido por los personeros de esta oligarquía sangrienta.

Entrevista realizada por Juan Ignacio Arechaga y Federico Larsen en L’Ombelico del Mondo, programa de noticias internacionales de Radionauta FM 106.3 de La Plata (Audio en https://radionauta.com.ar/2016/07/18/de-ninguna-manera-se-puede-culpar-a-lugo-por-la-masacre-de-curuguaty/)

Fuente: http://notas.org.ar/2016/07/20/no-culpar-fernando-lugo-masacre-curuguaty/