El sistema político electoral colombiano requiere unas profundas reformas  en su estructura y funcionamiento si queremos que sea una garantía real para todos los participantes en la contienda democrática que efectivamente disuada de acudir a las vías violentas para tratar de conseguir objetivos políticos; no es suficiente con predicar esa consigna, se trata de lograr que existan condiciones objetivas para ello, como consecuencia, el punto de ‘participación política’ en las conversaciones de La Habana creó una misión de expertos para que en un plazo de seis meses presente una propuesta de reforma electoral.

Sin duda ese es un campo neurálgico. Desde la Asamblea Constituyente de 1991 se planteó la necesidad de una rama electoral autónoma, desafortunadamente esto se fue diluyendo y estamos lejos de que así sea actualmente. Autonomía significa tener una cabeza independiente que oriente y administre los recursos para su funcionamiento. Para ello se requiere una Corte Electoral que sea el ente rector de la misma, que esté compuesta por magistrados de las más altas calidades y que no sean producto de las cuotas partidistas, como sucede con el actual Consejo Nacional Electoral que refleja es la composición de los partidos políticos en el Congreso y en esa medida no es prenda de garantía e imparcialidad para las demás fuerzas políticas, especialmente para las minoritarias. Por supuesto ese tribunal electoral también debe estar blindado contra cualquier influencia del Ejecutivo. Esta Corte Electoral no sólo debe ser la cabeza de esa rama, sino que velará por la transparencia de los mecanismos a través de los cuales se expresa la democracia; deberá asumir tareas que hoy día están asignadas al Consejo de Estado, como la pérdida de investidura de funcionarios de elección popular. No resulta coherente que las inhabilidades del sistema electoral sean objeto de investigación y sanción disciplinaria, especialmente los efectos que tiene las decisiones en esta materia para los ciudadanos electores. Igualmente la Corte Electoral deberá velar y sancionar  los aspectos más prácticos del proceso electoral como son las inscripciones de los ciudadanos para evitar la trashumancia electoral, conocida popularmente como ‘trasteo de votos’, por supuesto la compra de votos, etc.

La Registraduría Nacional debe igualmente ser reformada y modernizada eliminando toda injerencia del ejecutivo en la designación del Registrador; debe depender de la Corte Electoral y ser el órgano ejecutor de los procesos electorales, garante del censo nacional electoral en la medida en que expide y da de baja las cédulas de ciudadanía y cumple funciones básicas en la democracia. Es una prioridad introducir el voto electrónico entre otros aspecto que se modifiquen con esta reforma al  sistema electoral.

Más allá de la reingeniería de las instituciones que tienen que ver con lo electoral hay necesidad de modificar procedimientos como el relacionado con los avales de los candidatos, el momento y procedimiento de impugnación de candidatos y funcionarios elegidos; los mecanismos de control de la financiación de las campañas electorales y de sanción de prácticas que violen estas normas.

Se requieren, no unas reformitas cosméticas, sino una revisión y cambio a fondo a nuestro sistema electoral para que la democracia cuente con mecanismos de origen totalmente transparentes y creíbles y en esa medida efectivamente fortalecer la legitimidad de la democracia.

Ahora bien, el gran interrogante es si el Congreso es la corporación adecuada para adelantar esta reforma, en la medida en que lo afecta y se supone que en democracia nadie debe ser juez y parte. Con lo cual debemos concluir que procede entonces plantear la necesidad de una Asamblea Constituyente, razón por la cual me parece que hay que analizar en serio la propuesta de Gustavo Álvarez Gardeazabal en su columna del 5 de agosto cuando señalaba que el plebiscito debería decir: “Apoyo el proceso de paz que se negoció y convoco una Asamblea Nacional Constituyente para implementarlo”.  

- Alejo Vargas Velásquez es Profesor Universidad Nacional