¿Qué parte de ñagare no entiende el Gobierno? La voluntad popular del pueblo ngäbe-buglé en contra del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco ha quedado claramente expresada a lo largo de una década de múltiples y multitudinarias manifestaciones públicas. En la comarca quienes se oponen al proyecto no son una “minoría”, como pretende hacer ver el presidente Juan Carlos Varela. Por el contrario, la verdad quedó evidenciada en el propio acto de la firma del acuerdo, cuando la minoría que avalaba el documento quedó rodeada por la mayoría de la población y tuvo que salir del área por la puerta de atrás.

Lo que carece de legitimidad es la forma inconstitucional en que han actuado los gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, avalando a una empresa que violó de forma descarada las leyes nacionales, y cuyo estudio de impacto ambiental incumplió los requisitos mínimos que exige la ley, entre ellos, la consulta pública a los afectados por el desarrollo del proyecto.

Lo ilegítimo es la forma como los tres últimos gobiernos nacionales han tratado de imponerlo, mediante engañosos diálogos de sordos, para ganar tiempo y seguir la construcción.

Lo antidemocrático es que los gobiernos recurren a la represión para acallar a un pueblo que sigue diciendo ñagare a la destrucción de sus ríos y a la pérdida de sus tierras.

Presidente Varela, si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué la ciudadanía y las comunidades afectadas desconocieron su contenido antes de la firma?

Cacica Silvia Carrera, con todo respeto, le pregunto: ¿Los principios democráticos no dicen que usted debió dar a conocer, consultar y debatir el acuerdo antes de firmarlo en nombre de su pueblo?

Y si todo estaba tan bien cuadrado, ¿por qué la empresa Genisa le pateó el tablero a Varela?

Se sospecha que aunque el acuerdo –según lo cuentan las autoridades– le garantiza a la empresa todas sus ganancias, más las que se embolse el nuevo administrador privado, y el 15% de lo que sobre para la comarca, los dueños de Genisa van a los tribunales para que el Estado les indemnice inversión y ganancias proyectadas de un solo golpe. Ya se sabe: “Pro Mundi Beneficio”.

Retamos al presidente Varela a que someta el acuerdo a un referéndum en la comarca Ngäbe-Buglé. Y en caso de ser rechazado por la mayoría de la población, entonces, que se ordene la demolición de la represa –hasta sus cimientos– y que a la vez se demande, judicialmente, a los gerentes de Genisa por la violación a las leyes ambientales.

También hay que someter a un debate público nacional el plan de desarrollo energético del Gobierno, para que la ciudadanía decida si necesitamos y queremos más hidroeléctricas y termoeléctricas, como la de La Chorrera que afecta gravemente la salud de la población.

La manera como se procedió para imponer el proyecto de Barro Blanco demuestra que la Ley de Participación Ciudadana es puro papel higiénico en manos de los políticos, porque aquí no hay consulta ciudadana, presupuesto participativo, ni democracia municipal.

La opinión de la ciudadanía le importa nada a los gobiernos y a las autoridades locales que están al servicio de negociados, de los que les tocará un salpique.

Para que esto cambie hay que dejar de votar por los partidos que representan los intereses de capitales nacionales y extranjeros, no los del pueblo panameño.

29 de agosto de 2016