Directivos de la comunidad Garífuna de Barra Vieja fueron absueltos del delito de usurpación de su territorio ancestral, el pasado 9 de septiembre, cuando el Juzgado de Tela emitió un fallo absolutorio. Esta fue la segunda ocasión en que la Empresa Nacional Portuaria (EPN) a instancias del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Indura Hilton, han judicializado a la comunidad Garífuna de Barra Vieja.

El 3 de julio de 2015, el Tribunal de Sentencia de Tela dictó un fallo a favor de 64 miembros de la comunidad que fueron acusados del delito de usurpación. Semanas después, los integrantes de la directiva del Patronato de la Comunidad de Barra Vieja fueron acusados de usurpación por la EPN.

Barra Vieja se encuentra ubicado en el cayo Tornabé, donde ha existido presencia del pueblo Garífuna, desde inicios del siglo XX, cuando la población Garífuna radicada en Tela -antiguo Triunfo de la Cruz- se vieron obligados a reubicarse en otros parajes de la bahía, ante las presiones de las compañías bananeras. En septiembre de 1975, el Estado de Honduras procedió a donar las tierras ocupadas por los Garífunas de Barra Vieja, a la EPN sin haber informado a los afectados.

El Consejo Nacional Agrario (CNA) en un fallo emitido en agosto de 2011, señaló de forma arbitraria que la población de Barra Vieja no les asiste la aplicación del Convenio 169 de la OIT, además el CNA solicitó una sentencia condenatoria y el subsecuente desalojo de la población de Barra Vieja.

La comunidad de Barra Vieja fue fundada en 1919, y a pesar que la comunidad fue registrada en la Municipalidad de Tela en 1950, el Estado otorgó el territorio ancestral Garífuna a la EPN. Este despojo es similar al del Puerto Castilla, donde en 1977, el temido General Álvarez Martínez, pistola en mano, obligó a la Comunidad de Cristales y Río Negro a ceder las tierras del paraje conocido como La Puntilla a la Empresa Nacional Portuaria.

La compleja situación de la tenencia del territorio Garífuna se remonta a las usurpaciones cometidas a principios del siglo XX por las compañías bananeras; posteriormente, la EPN se convierte en el ente institucional encargado de los despojos, y para los años 90 son las Municipalidades las que arremeten en contra del territorio Garífuna, utilizando la Ley de Municipalidades y las ampliaciones de sus cascos urbanos. Además la pérdida del territorio ancestral está relacionada también con la emisión de títulos definitivos a partir del año 1993, expedidos por el Instituto Nacional Agrario (INA), los que excluyeron el hábitat funcional de las comunidades, limitándose el reconocimiento al casco urbano de las aldeas.

El Indura Hilton, conocido anteriormente como Laguna de Micos & Beach Resort, inicio su construcción, durante la administración de Ricardo Maduro y fue inaugurado durante el mandato de Manuel Zelaya Rosales. Para la construcción del campo de golf del Indura Resort, se destruyeron 80 hectáreas del humedal de la Laguna de Micos, el que está registrado en la categoría RAMSAR bajo el #722. A pesar de estar protegido por la convención Internacional para la Protección de Humedales, las instituciones del Estado de Honduras encargadas de velar por la defensa del medio ambiente, se llamaron al silencio respecto a las denuncias presentadas en relación al ecocidio de ese humedal.

La comunidad de Barra Vieja enfrentó dos intentos de desalojo, en los cuales hicieron presencia elementos de la Policía Nacional y el Ejército de Honduras. El 6 de agosto de 2014 y el 30 de septiembre de 2014 fueron fechas aciagas para los habitantes de Barra Vieja. En ambas ocasiones, la comunidad logró mantenerse firme ante la agresividad asumida especialmente por los elementos de la Policía Nacional. La actitud pacífica de los Garífunas prevaleció evitando que las fuerzas de seguridad sacaran los bienes de las construcciones realizadas con un enorme esfuerzo por los habitantes de Barra Vieja.

A pesar de la existencia de órdenes de desalojo emitidas por el Juzgado de Tela, están no estaban sustentadas por ninguna sentencia, donde se señalara el delito de usurpación. Dándose de esta forma un abuso de autoridad por parte del Ministerio Público y el de Seguridad, y un desconocimiento total del debido proceso.

El Estado de Honduras se ha dedicado a negar la condición de pueblo indígena que poseemos los Garífunas, para evitar la aplicación del Convenio 169 de la OIT y de esta forma eludir las demandas ante los múltiples despojos que se han cometido, además de diluir el derecho a la consulta que poseemos.

Uno de los últimos argumentos que viene utilizando el Estado en relación a las problemáticas territoriales de las comunidades Garífunas, es la existencia de un título expedido en el siglo XIX a favor del pueblo Tolupan sobre la Bahía de Tela. Si bien es cierto que existe el título, los Tolupanes se habían retirado de la costa por presiones del mismo Estado, para protegerse de ser capturados y vendidos en las plantaciones de Campeche y Cuba.

Para el Indura Hilton, Barra Vieja no es más que un vecino indeseable, y de ahí sus esfuerzos para lograr expulsar a los Garífunas. Tenemos claro que persistirán en los intentos de desalojo de la comunidad y acudirían a otras instancias judiciales con el propósito de lograr su cometido. Sin embargo, ahora más que nunca los habitantes de Barra Vieja están dispuestos a defender sus derechos ancestrales.

Sambo Creek, 14 de septiembre del 2016.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH