La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene en sus despachos de San José, Costa Rica, el caso registrado oficialmente como “Mariana Selvas Gómez y otras”, que implica a las 26 mujeres “al menos” de las 47 detenidas el 2 y 3 de mayo de 2006, y que fueron violadas por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, dirigida por el almirante Wilfrido Robledo Madrid, cuando el gobierno del estado de México lo encabezaba Enrique Peña Nieto, ahora galardonado con el Premio al Estadista por la Asociación de Política Exterior de Estados Unidos, en reconocimiento “a los cambios estructurales en México que permiten estimular la relación entre ambos países”. La ceremonia se realizó en Nueva York como parte de los trabajos del Foro de Liderazgo Mundial.

No pretendo, ni remotamente, poner en duda los méritos para recibir un reconocimiento por el reformismo estructural del que aún no gozan los mexicanos sus frutos, sino todo lo contrario con las alzas a los precios de las gasolinas y de las tarifas eléctricas, el peso en pronunciada devaluación y la deuda pública externa en incremento sin precedente desde que Ernesto Zedillo despachó en Los Pinos.

Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas son las valientes mexicanas que acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, denunciaron la tortura sexual cometida durante el despliegue de 3 mil policías en Atenco y Texcoco.

La denuncia jurídica fue aceptada en noviembre de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, DC, y sólo incluye

11 ciudadanas que ratificaron la decisión de continuar en la búsqueda de justicia, de las 14 que originalmente decidieron denunciar, de un total 26 mujeres violadas sexualmente, de las 47 detenidas. Fue en abril de 2008 cuando solicitaron a la CIDH la revisión del caso ante la dilación de las investigaciones a cargo de la celebérrima PGJEM, afamada por exculpar a Arturo Montiel, inventar culpables al gusto de los gobernantes y producir funcionarios tan ineptos como corruptos.

Llama mucho la atención que el caso “Mariana Selvas Gómez y otras” pasó de la CIDH a la Corte Interamericana sin que mediara como es habitual “informe de fondo” de por medio. A diferencia de otros casos de violaciones a los derechos humanos que se ventilan en organismos internacionales, en esta ocasión las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República fueron las primeras en dar a conocer el 17 de septiembre, que el caso pasó a la Corte Interamericana, máximo tribunal de América facultado para emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano.

Trinidad Ramírez, símbolo de la brega del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, exige justicia a la Corte y sin titubear señala como “el principal autor intelectual de la represión en Atenco” al hoy presidente (condición que reivindicó Enrique Peña en la Universidad Iberoamericana como candidato presidencial, el 11 de mayo de 2012), así como a “Wilfrido Robledo, quien como titular de la Agencia de Seguridad estatal encabezó los operativos” y a “Eduardo Medina-Mora, quien ese año era secretario de Seguridad Pública”.

La última palabra sobre la verdad jurídica, nada más de ésta, la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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