La Sala de lo Constitucional tuvo que finalmente admitir la demanda contra la elección de los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González. No le quedó otra alternativa, ante la presión de las organizaciones populares que exigían aceptar la demanda y llamar a magistrados suplentes para tramitarla.

La demanda argumenta que el nombramiento de Jaime y González fue ilegal, dado que sus nombres no estaban incluidos en las listas de candidatos a magistrados propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el gremio de abogados. Su elección, además, fue resultado de una negociación partidaria extra-parlamentaria realizada en Casa Presidencial.

Las organizaciones sociales ahora deben presionar para que los magistrados suplentes declaren inconstitucional la designación de Jaime y González, y así la Asamblea Legislativa pueda nombrar en su lugar a dos magistrados idóneos y honorables.

En los últimos meses creció la movilización contra Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco: abogados progresistas promoviendo iniciativas en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), organizaciones ciudadanas presentado demandas en el Tribunal de Ética Gubernamental y comunidades organizadas protestando contra los perniciosos magistrados en el Bajo Lempa, Chalatenango y otros lugares.

Esta ofensiva ciudadana y popular debe seguir. Por eso en los próximos días la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentará un aviso de investigación en la Fiscalía contra el magistrado Jaime por el posible cometimiento de actos arbitrarios, al no excusarse de resolver demandas en las que tenía conflictos de interés.

Ayer el IAIP ordenó que se publique la información detallada los viajes de los magistrados, con el propósito de transparentar las actuaciones de estos funcionarios. También esta semana el IAIP hará una audiencia donde los magistrados deberán comparecer para dar explicaciones sobre la reunión secreta que sostuvieron con dueños y directores de los principales medios conservadores en un local del Grupo Poma.

Poco a poco Jaime, González, Meléndez y Blanco van siendo desenmascarados por el escrutinio público, la fiscalización ciudadana y la contraloría social. Así se va evidenciando su doble moral, sus actos desestabilizadores y su filiación política con la oligarquía.

Las organizaciones populares, sectores democráticos y población honrada deben movilizarse más y presionar más contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)