Juan Manuel Santos se juega su última carta. Tras la firma del nuevo acuerdo con las FARC este 12 de noviembre que adhiere las propuestas presentadas por los partidiarios del No, el proceso de paz sigue su marcha irrefrenable, no así la economía del país que se mantiene atrapada en un limbo sin escape en el horizonte a corto plazo. De ahí que el presidente de Colombia haya decidido apostar lo que queda de capital político en lo económico, con un proyecto tan polémico e impopular como significativo para su administración: una reforma tributaria.

Con el proyecto de Ley, el ejecutivo pretende llevar a cabo un cambio estructural del sistema fiscal del país andino mediante la implementación de nuevas cargas arancelarias. ¿El objetivo? Tapar el agujero fiscal de casi 4% equivalentes a $24 mil millones, producto entre otras razones, de la caída sostenida de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Y es que si en 2013 los ingresos de la renta petrolera por explotación suponían un 3,3% del producto interno bruto del país, estimaciones oficiales calculan que para 2016 éstos podrían no alcanzar el 0,2% del PIB.

El gobierno de Santos preveía que con la aprobación del acuerdo de paz con las FARC en el plebiscito del pasado 2 de octubre, el país recibiría inversiones millonarias de manos del capital extranjero, préstamos a bajos intereses de organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial y en general, financiamiento nacional e internacional para costear el posconflicto, dinero que de momento y hasta que no se implemente a cabalidad el pacto de paz, estará en veremos.

Aunque la reforma tributaria nunca estuvo supeditada a los resultados del plebiscito, es decir, sí o sí se implementará; la urgencia por nuevas fuentes de ingresos que ayuden a reajustar las cuentas públicas apremia más que nunca el reloj del gobierno de Santos que desde hace rato está en la mira de cuestionamientos por el desempeño de la economía colombiana.

Propuesta

A diferencia de otros países de la región también afectados por el frente externo adverso, la respuesta del gobierno de Colombia a su coyuntura económica parte de la iniciativa de reformar impuestos indirectos al consumo. En el caso del IVA, se propone un aumento de la tarifa del 16 al 19 por ciento, pero además habrá una inclusión de nuevos gravámenes sobre productos y servicios que antes estaban exentos como bebidas azucaradas, el sector telecomunicaciones, construcción, así como derivados del petróleo. En sus líneas centrales la reforma tributaria también prevé una reestructuración de la cobertura del impuesto sobre la renta para personas naturales.

Con estas medidas, el presidente de Colombia ha afirmado que para 2017 aumentará la recaudación en 2.400 millones de dólares, equivalentes a un 0,8% del PIB, cifra que se debería incrementar hasta llegar a 3,2 puntos del PIB en el 2022.

¿Quién paga los platos rotos?

Si bien todo depende del color del cristal con que se mire, el debate se mantiene sobre cómo estos cambios en la política recaudatoria del país repercutirán en los bolsillos de los colombianos. Para la mayoría ciudadana, por ejemplo, el proyecto de ley supondrá un aguacero de impuestos que principalmente recaerá sobre los hombros de las clases populares empobrecidas por la difícil situación económica, los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos productores nacionales del campo y la ciudad.

Con la iniciativa, las personas naturales deberán empezar a pagar más impuestos para que de esta manera las grandes empresas dejen de aportar el 66% del recaudo del país. Y es que con la reforma tributaria, la tasa impositiva sobre las compañías se reducirá progresivamente durante los próximos dos años desde el 40% actual hasta llegar a un 32% para 2019.

El gobierno alega que Colombia es uno de los países con la presión tributaria más alta del mundo sobre los negocios, lo que para el ejecutivo desestimula la inversión y competitividad. Pero, ¿en verdad aplica para todas las empresas? Según datos oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), de las 370 mil empresas que tributaron en 2014, el 10% más rico tuvo una tasa real de sólo el 4,6%. El dato recuerda que ese cóctel de exenciones tributarias que benefician al sector, supone para el Estado una merma de ingresos por más de 2.500 millones de dólares anualmente.

Hay quienes apoyan la idea de no subirle los impuestos a las empresas bajo la retórica de que estas contribuyen a la generación de empleo. Sin embargo, en un país como Colombia, cuya informalidad laboral supera el 50%, la obtención de los 2.400 millones de dólares de recaudo meta de la reforma tributaria, supondrá más presión en los bolsillos de los asalariados.

Tejido empresarial desigual

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1% más rico de Colombia concentraba para 2010 el 20,5% de los ingresos brutos totales del país. Para la mayoría de quienes conforman este selecto grupo, la reforma tributaria no supone una amenaza para sus patrimonios. Aun así, se trata de intereses muy concretos y del pequeño componente de la élite económica que está en el sector productivo. De hecho, el informe de la CEPAL titulado ‘Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina’, revela que ese 1% de los colombianos más ricos no produce mucho, pues a diferencia de otras élites de la región, este grupo corresponde a rentistas que han cosechado al menos la mitad de su riqueza del lucro de su capital.

Queda claro que hasta tanto no existan políticas económicas efectivas e inclusivas en materia de redistribución de ingresos, una propuesta de reforma tributaria de carácter regresiva para las clases menos privilegiadas, lejos de ser un valor añadido en el proceso de paz, acabará por ensanchar la brecha de desigualdad y acentuará aún más las disparidades económicas y sociales entre la clase productiva y rentista del país.

http://www.celag.org/reforma-tributaria-en-colombia-la-ultima-carta-de-santos/