Por abuso de autoridad fue enviado a la penitenciaría nacional el Sr. Darío Cardona Valle, exviceministro de Recursos Naturales, al cual el Ministerio Público le revocó las medidas sustitutivas otorgadas el pasado 11 de octubre dictándole un auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

Cardona se le sindica de haber autorizado el aumento de capacidad de generación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, sin que se hubiera efectuado la consulta previa con las comunidades Lencas afectadas.

Los pueblos indígenas de Honduras venimos padeciendo un recrudecimiento de la ofensiva neoliberal destinada a apropiarse de nuestros territorios y bienes comunes. El asesinato de Berta Cáceres, ventiló la ofensiva neoliberal que existe en contra de los pueblos indígenas además de la violencia y la impunidad imperante en Honduras

Desde el año de 1995 -cuando fue ratificado el Convenio 169 de la OIT- se dio inicio a una serie de reclamos por parte de los pueblos indígenas sobre el derecho a la consulta, previa libre e informada, como un mecanismo de protección, ante el saqueo sistemático de los hábitats funcionales de las comunidades y el paulatino desplazamiento poblacional, motivado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Con el advenimiento de la dictadura en el año 2009, se inicia una ofensiva sobre los bienes comunes en los territorios indígenas, y tanto en el régimen de facto de Roberto Micheletti Como el de sus sucesor Porfirio Lobo, se efectuó una piñata con las cuencas hidrográficas, y la plataforma marítima además de entregar vastos sectores del país para la minería; desdeñando el derecho a la consulta previa que poseemos los pueblos indígenas, ante los proyectos de ¨desarrollo¨ que puedan afectarnos¨.

Desde la Secretaría de Recursos Naturales -conocido actualmente como el Ministerio del Ambiente- se otorgaron licencias ambientales a doquier, con el supuesto propósito de facilitar la inversión; al mismo tiempo que con la creación de la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) se reciclaron algunos líderes indígenas en empleados estatales neutralizando de esta forma, los posibles reclamos ante los despojos propiciados por empresarios y funcionarios.

El saqueo extractivista llegó hasta el punto de la entrega de 35 mil kilómetros cuadrados de la plataforma continental sin haber efectuado las consultas previas con el pueblos Miskito y Garifuna. La compañía British Gas (BG) firmó un convenio con el Estado, el que fue posteriormente ratificado a matacaballo por el Congreso Nacional. Posteriormente inicia SERNA un proceso de socialización al cual denominaron consulta.

Además de la licencia ilegal otorgada a DESA -compañía constructora de Aguaza Zarca, implicada en el asesinato de Berta- SERNA pretendió que sus socializaciones con organizaciones adeptas al Estado eran Consultas, y de esta forma aparentar que honduras se apegaba al Convenio 169 de la OIT.

El Estado presionado por el Programa ONUREDD, comienza en el año 2012 a dar señales de intentar crear un marco jurídico en relación a la consulta previa. Para la implementación del Programa REDD, se requiere suplir una serie de salvaguardas, entre ellas el requerimiento de la consulta previa. De ahí que el PNUD hubiera asumido el rol de “acompañante” de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en la elaboración del anteproyecto de ley.

La CONPAH socializó su versión de proyecto a inicios del año pasado. Intempestivamente el PNUD y la CONPAH abjuraron de la versión de ley que trabajaron para plegarse a una versión elaborada por el Estado, en la cual la consulta previa se convierte en una simple socialización.

Pasado el tsunami mediático desatado por el asesinato de Berta, se viene dando una campaña de desinformación por parte de la empresa DESA, la que pretende finalizar la hidroeléctrica de Agua Zarca. El caso interpuesto en contra de Darío Cardona, sirve para exculpar al otrora ministro de SERNA y actual Fiscal Adjunto, el Sr. Rigoberto Cuellar, el que parece ser un personaje siniestro además de intocable.

Hasta la fecha los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres han sido protegidos por el Estado y sus instituciones, al mismo tiempo que el derecho a la Consulta previa, Libre e Informada viene siendo tergiversado por el Estado, PNUD y el grupúsculo de supuestos líderes indígenas al servicio de la actual administración gubernamental.

Sambo Creek, noviembre 16 de 2016.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH