El pasado 1º de enero entró en vigor una decisión del gobierno mexicano que pretende liberar los precios de los combustibles, medida que ha generado movilizaciones de rechazo en todo el país. Las protestas -en contra de lo que se llamó “el gasolinazo” han alcanzado ribetes en extremo violentos. Tres personas murieron en los enfrentamientos con la policía y al menos 1.500 personas han sido arrestadas en estos días.

El objetivo principal de la medida es abandonar los subsidios a los combustibles y alinear los precios internos con los internacionales. Seis años atrás, en diciembre de 2010 el gobierno boliviano intentó una medida similar -también designada popularmente como “gasolinazo”- que provocó el mismo tipo de revuelta popular. Más allá de las situaciones particulares de cada país, y el tipo de reformas que ambos gobiernos propusieron o proponen el problema de fondo trasciende a las ideologías y a los gobiernos: el fin del petróleo barato.

Los componentes de la crisis

Más allá del debate sobre las virtudes de la liberalización o estatización del sector hidrocarburos, y de las responsabilidades por errores o aciertos del pasado, la medida del presidente Peña Nieto responde a una realidad económica y financiera insostenible. La producción de hidrocarburos es cada vez más costosa, la empresa estatal está fundida y la demanda de combustible es creciente. Sin dudas pudieron haberse adoptado otras medidas en el pasado y en el presente para evitar este desastre actual. Sin dudas Pemex pudo haber sido mejor gestionada y la Reforma Energética pudo haber sido diferente. Pero nada de eso hubiera evitado, más tarde o más temprano, el aumento de los combustibles.

Uno de los componentes que conducen a esta situación es el aumento del consumo de derivados de petróleo en la economía mexicana signada fuertemente por el aumento del consumo de combustibles en el transporte. El transporte representa el 46% del consumo energético total y dentro del transporte, el 91% corresponde al consumo vehicular. El crecimiento del parque automotor mexicano ha sido constante, como lo ha sido en todos países de la región latinoamericana. En 2012 había en México 300 vehículos por cada 1000 habitantes -el doble de la tasa del año 2000- y había alcanzado los 35 millones de vehículos, dos tercios de los cuales eran automóviles privados. Entre 2006 y 2014 el gobierno tuvo que destinar subsidios por 53.000 millones de dólares para sostener bajos los precios de la gasolina y el diésel.

Otro de los elementos de la crisis es la caída en la producción nacional de hidrocarburos. La producción de petróleo y la refinación de derivados se han reducido sustancialmente en los últimos años. En 2004, la producción petrolera mexicana se encontraba en los 3,4 millones de barriles diarios pero en la actualidad no alcanza a 2 millones, el menor nivel desde 1980. Por otra parte la capacidad de refinación apenas cubre el 60% de las necesidades del país lo cual ha obligado al gobierno a importar 2 millones de barriles diarios de gasolina desde los Estados Unidos, más de la mitad de lo que se consume en el país.

Finalmente, las reservas actuales son más caras de explotar. México cuenta con unos 100 mil millones de barriles de hidrocarburos en recursos prospectivos –diez veces más que sus reservas petroleras actuales-, pero estos ya no son los yacimientos “convencionales” que hasta ahora el país había logrado explotar a costos medios de 6 dólares por barril. Se trata de recursos no convencionales en aguas profundas, o que requieren de fractura hidráulica (fracking) para ser extraídos y que –según analistas internacionales- tienen costos de explotación por encima de los 50 dólares por barril.

Estos costos son imposibles de asumir para una empresa como Pemex  que ha arrojado pérdidas por USD 40.000 millones en 2015, y arrastra deudas por casi USD 100.000 millones. Pero aunque lo pudiera hacer, no podría sostenerse con los precios actuales de la gasolina. Hay muchas críticas al manejo que se ha hecho de la empresa y seguramente hubiera podido ser mejor. Pero vale la pena recordar que todas las grandes compañías petroleras, de la región y del mundo, están sufriendo situaciones similares, tomando deuda y vendiendo activos para tratar de sobrevivir. Más aún las compañías que en los últimos años se han dedicado a la explotación de no convencionales. De manera que, si bien  es probable que haya problemas de gestión en Pemex, parece evidente que este es más bien un problema estructural para toda la industria petrolera en la actualidad [[1]].

En julio de 2015 el sector de los hidrocarburos mexicanos se abrió a la participación privada después de 70 años de monopolio estatal. Más allá de las razones “ideológicas” que pudiera tener el gobierno de Peña Nieto respeto a las bondades de la privatización del sector, lo cierto es que los mejores yacimientos se han agotado en México y el sector privado no va a invertir en recursos prospectivos costosos si el precio de los combustibles no contempla esta realidad. A menos que el estado subsidie la diferencia.

Situaciones similares fueron las que obligaron a Bolivia y a Argentina a darle mayores beneficios a las empresas privadas para aumentar la explotación y exploración de hidrocarburos cada vez más caros.

Una vida sin petróleo

Peña Nieto había asegurado que la Reforma Energética en México no implicaría aumentos en las gasolinas. Ese fue un gran error. Más allá de la incidencia que haya podido tener esta reforma,  es más que probable que las gasolinas hubieran aumentado de cualquier manera. Los hidrocarburos son cada vez más costosos y difíciles de extraer y los gobiernos latinoamericanos no tienen ni recursos ni tecnología para hacer frente a esta explotación y deben recurrir a empresas extranjeras.

Atraer las inversiones extranjeras conlleva necesariamente una política de precios que asegure cierto retorno económico para las empresas. Esto puede hacerse liberando los precios al mercado –lo que aumenta los precios al consumo-  o aplicando subsidios, directos o indirectos, para mantener los precios bajos. Ni México, ni ninguno de los países latinoamericanos están en una posición económica que les permita sostener esos subsidios.

La particular situación mexicana debería alertar a los demás gobiernos de la región: deben prepararse para unos combustibles cada vez más caros. Seguir alentando sistemas productivos, de transporte y de consumo final basados en hidrocarburos, conducirá inevitablemente a estallidos sociales en el futuro. Porque los ciudadanos tienen su vida organizada en torno a combustibles baratos y dependen de todos los servicios energéticos que estos proveen para su vida: movilidad, calefacción, cocción, etc. El aumento de los precios de estos servicios serán insostenibles para la mayoría y los gobiernos solo tendrán la opción del subsidio para mantener precios bajos.

Las inversiones públicas o el fomento de la inversión privada deberían comenzar a orientarse hacia sistemas productivos y de consumo para una era pos petrolera. Por ejemplo, debería invertirse más en sistemas de transporte fluviales o ferroviarios y ya no invertir en carreteras. Debería invertirse en trasporte público más que en ampliación de avenidas o construcción de autopistas urbanas que aumentan el parque vehicular privado. Debería invertirse más en exploración eólica y solar más que en exploración de hidrocarburos. Y al contrario de asegurar que los precios de la energía no van a aumentar, comenzar a transmitir que la energía será cada vez más costosa y habrá que irse adaptando a esa nueva realidad.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lanzó una alerta a fin del año pasado: no se están realizando inversiones en explotación de combustibles fósiles debido a los bajos precios actuales del petróleo y esto traerá como consecuencia un desabastecimiento en el corto plazo. Necesariamente los precios del petróleo y de los combustibles serán más altos porque ya no existe la posibilidad de producir hidrocarburos a costos bajos como ocurrió en el pasado [[2]].

El aumento de los precios de la gasolina no es responsabilidad del gobierno mexicano, así como no serán responsabilidad de ningún gobierno los futuros aumentos que se avecinan en la región. Esta es una realidad que hay que asumir porque se acabó la era del petróleo barato. La verdadera culpa de los gobiernos es cerrar los ojos ante esta realidad evidente y no asumir ante los ciudadanos que de ahora en más la energía será más cara y hay que adaptarse. Es deber de los gobiernos decirle a la población que ya no habrá gasolina barata, a menos que esté dispuesta a dedicar una parte cada vez mayor de sus impuestos a sostener los subsidios.

La culpa de los gobiernos es no alertar a sus votantes que deben hacer cambios en las formas de apropiación y uso de la energía para sobrevivir. Es no generar políticas para reducir su uso, hacerse menos dependiente de su consumo creciente, promover alternativas de vida menos demandantes de los recursos energéticos. Deben comenzar a hacerlo o sucumbirán. Y los costos sociales serán enormes, como lo demuestran todas las experiencias latinoamericanas que han tratado en los últimos años de adecuar los precios de la energía a sus costos reales. 

- Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social)